En conferencia de prensa, Cámara de Industria de Guatemala expresó su alto nivel de preocupación acerca de la suspensión temporal de operaciones dictada a empresas que ya cuentan con autorizaciones y licencias, las cuales fueron obtenidas cumpliendo con todos los requisitos que establece la Ley.
Oscar Emilio Castillo, Presidente de Cámara de Industria de Guatemala, indicó: “Somos los primeros y más interesados en apoyar y solicitar al Gobierno que reglamente las Consultas Previas e Informadas. Es el Estado el responsable de llevar a cabo las consultas y no es correcto ni legal que, por un incumplimiento que el mismo Estado tiene desde hace más de 20 años, sean las empresas quienes sufran las consecuencias.
Adicionalmente, las consultas deben ser entendidas de acuerdo a lo que se describe en el convenio 169 de la OIT, siendo un mecanismo de diálogo entre el estado y las comunidades, y no como falsamente se ha querido hacer ver de ser una vía para aprobar o rechazar un proyecto, incrementando la conflictividad en el país”.
Existe un riesgo de generalizar el cierre de empresas de todos los sectores de la economía, y eso provoca desinversiones, pérdidas de empleo y un deterioro a la economía de los guatemaltecos. Lo anterior, además de crear altos niveles de incertidumbre aumentará la pobreza y la falta de oportunidades, con lo que se incrementará el nivel de migración.
Algunas de las consecuencias que se estarán generando, de continuar el cierre injustificado de empresas, son: Poner en riesgo es que uno de cada cinco empleos formales del país. Uno de cada tres quetzales que recibe el Estado por concepto de impuestos. El 30% de la actividad económica de Guatemala. Escasez y encarecimiento de productos y servicios. Incumplimiento en el pago de financiamientos adquiridos en entidades financieras locales e internacionales. Incumplimiento de los acuerdos firmados en diciembre de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expresa el comunicado.
“Consideramos que los niveles de pobreza en las áreas rurales del país pueden superarse con reglas claras y certeza jurídica que promuevan inversiones generadoras de empleo formal y desarrollo. Hacemos un a los tres poderes del Estado a eliminar todo acto, iniciativa, resolución y medida que pretenda la destrucción de fuentes de inversión, generación de empleo formal y desarrollo”, concluyó el presidente de CIG.
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Adicionalmente, las consultas deben ser entendidas de acuerdo a lo que se describe en el convenio 169 de la OIT, siendo un mecanismo de diálogo entre el estado y las comunidades, y no como falsamente se ha querido hacer ver de ser una vía para aprobar o rechazar un proyecto, incrementando la conflictividad en el país”.
Existe un riesgo de generalizar el cierre de empresas de todos los sectores de la economía, y eso provoca desinversiones, pérdidas de empleo y un deterioro a la economía de los guatemaltecos. Lo anterior, además de crear altos niveles de incertidumbre aumentará la pobreza y la falta de oportunidades, con lo que se incrementará el nivel de migración.
Algunas de las consecuencias que se estarán generando, de continuar el cierre injustificado de empresas, son: Poner en riesgo es que uno de cada cinco empleos formales del país. Uno de cada tres quetzales que recibe el Estado por concepto de impuestos. El 30% de la actividad económica de Guatemala. Escasez y encarecimiento de productos y servicios. Incumplimiento en el pago de financiamientos adquiridos en entidades financieras locales e internacionales. Incumplimiento de los acuerdos firmados en diciembre de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expresa el comunicado.
“Consideramos que los niveles de pobreza en las áreas rurales del país pueden superarse con reglas claras y certeza jurídica que promuevan inversiones generadoras de empleo formal y desarrollo. Hacemos un a los tres poderes del Estado a eliminar todo acto, iniciativa, resolución y medida que pretenda la destrucción de fuentes de inversión, generación de empleo formal y desarrollo”, concluyó el presidente de CIG.
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