La nueva propuesta de reformas a la Ley de Servicio Civil marcó distancia entre diputados y sindicalistas ya que los empleados del Legislativo no apoyan las modificaciones relacionadas con los mecanismos de contratación y reclasificación de personal. La pugna es tal,  que los trabajadores se declararon en Asamblea Permanente y dejaron claro que no están dispuestos a perder los derechos adquiridos.

La necesidad de reformar la normativa cobró relevancia luego que se hicieran públicos los altos salarios que ostentan los trabajadores, lo cual confirmó un secreto a voces, es decir, que el Congreso de la República es la única entidad donde se puede tener un sueldo superior a los Q30 mil sin tener experiencia o credenciales académicas para respaldarlo. El único requisito, en la mayoría de los casos, es tener el espaldarazo de un diputado.

A partir de ello, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, elaboró una iniciativa de reformas que fue conocida por el pleno el 4 de febrero y remitida a la Comisión de Apoyo Técnico.

“Cada institución debe contar con su propia ley de servicio civil para regular la situación laboral de los trabajadores. Yo estoy convencida que esta normativa debe ser reformada en muchos aspectos para evitar abusos de la Junta Directiva y que las plazas sean por evaluación y exámenes de desempeño”, destaca la congresista.

De aprobarse, se frenaría la discrecionalidad con que se registran las contrataciones ya que la ley vigente establece que solo el presidente las autoriza. “Se sabe que las plazas se daban de forma clientelar al gusto de la Directiva de turno”, resalta.

Los excesos se confirman al verificar  la nómina de personal. El expresidente del Legislativo, Roberto Alejos, presupuestó a 363 personas con salarios que oscilan entre los Q5 mil a Q31 mil. Pero no fue el único, Arístides Crespo presupuestó a 193 trabajadores y Luis Rabbé a 147.

La situación era tal magnitud, que Mario Taracena declaró recientemente que era normal que los sindicalistas pidieran 60 plazas a cada presidente para repartirlas entre sus parientes, pero aseguró que será el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los que determinen la situación con la investigación que está en curso acerca de las plazas fantasmas.

Las razones del sindicato

El Secretario General del Sindicato, Alfredo Tumax, declaró que su desacuerdo se basa en que no fueron invitados para participar en las mesas de discusión. “Es lamentable la actitud, porque nos están marginando y puede que sea porque llevan otro interés”.

Para los sindicalistas, la ley vigente que data de 1986 es buena y no encuentra acertado cambiarle el espíritu. “La ley actual está bien ordenada y la propuesta de la comisión es un laberinto. Pareciera que la ley que están promoviendo lleva un tinte político y quieren dar la imagen de cambios en la institución, pero es todo lo contrario, muestra de ello son los nombramientos que continúan”, resaltó Tumax. Al momento, los sindicalistas continúan en asamblea permanente.

El contenido de la ley

Aunque la propuesta fue presentada por la diputada Montenegro, el presidente de la comisión de apoyo técnico, Manuel Conde, explicó que el objetivo es reformar la normativa vigente, y crear una nueva Ley de Servicio Civil. Al momento, se mantienen los consensos, pues el propósito es aprobarla de urgencia nacional.

Respecto al rechazo de los sindicalistas, considera que no tienen voluntad para dialogar del tema. “Les envié un documento a los tres secretarios de los sindicatos para conocer sus opiniones y al momento las sigo esperando”, sentenció.