Hace unos años, trabajaba en la zona seis de la ciudad de Guatemala y trasladaba a un consultor extranjero en mi auto hacia hotel, camino a casa después de una semana de trabajo. Aprovechando la ruta y con el profundo patriotismo, amor y orgullo por mi país, aprovecharía llevándolo a conocer el centro de la ciudad, ya que el consultor no había tenido tiempo en toda la semana. Eran tiempos donde la telefonía celular no estaba en auge o popularizada, y estábamos en medio de una campaña electoral. Cuando crucé para dirigirme al Parque Morazán y de allí ir hacia el Parque Central, avancé dos cuadras y repentinamente quedamos bloqueados. El tráfico no se movió por varias horas, ni para adelante, ni para atrás. Varios conductores salían de sus carros e iban a comprar más de alguna bebida a tiendas de conveniencia y otros, dejando los carros desatendido. El problema había sido un camión que trasladaba varios bovinos que se había accidentado, corrían por toda la ciudad y nadie podía controlarlos. Hubo noticias, de esas urbanas, que uno había sido visto entrando a tal lugar, etc. ¡Ni siquiera las campañas electorales de la época habían tenido tanto impacto!
Utilizo el ejemplo, porque quisiera saber por qué no le entramos al tema de la propuesta, primeramente lanzada por el comisionado de la CICIG, el Dr. Iván Velásquez, y ahora respaldada por la fiscal, Lic. Telma Aldana. La propuesta es financiar nuestro sistema de justicia, para que no dependa de “ayuda” internacional, que lo único que hace es comprometer el sistema a sabor y antojo de los donantes. Tenemos un elefantote en la sala, pero parece que nadie lo quiere ver, y eso que nos tiene detenidos.
Claro, hay muchas voces que se oponen completamente a un impuesto para ello, y mucho más de la forma en que fue planteado. Si hay alguna razón para la existencia del Estado es la justicia y la seguridad, es su función principal, su legítima razón; y entonces debiera tener en el presupuesto actual la asignación correcta como prioridad. ¡Pero no la tiene! El costo de no tener un sistema de justicia adecuado es altísimo, nos mantiene en el atraso, inhibe y ahuyenta la inversión, obliga al retiro de los capitales del país, etc.
No puedo estar más de acuerdo con la urgencia de recomponer el presupuesto nacional hacia los sectores de justicia y de seguridad interna. Pero… el asunto es que si lo hacemos democráticamente, y por eso nosotros no tenemos una de esas democracias sin republicanismo, las necesidades más sentidas son educación y salud. Algún titular de prensa debiera recordarnos algún día que se puede morir de hambre con doctorados. Hoy mismo tenemos noticias de una nueva donación de medicamentos, de escasez de medicinas y materiales en los hospitales, de las carencias en las escuelas, etc. y eso tiene un grandísimo apoyo popular.
Si mejoramos las prioridades del gasto, y eliminamos todos los gastos que no debieran suceder en el gobierno, como los excesos en pagos de publicidad, y otros gastos superfluos, podemos encontrar un poco. Si se mejoran los controles administrativos, de cuentadancia y transparencia y castigo a los corruptos en el caso de cualquier compra del Estado, también. ¡Pero no se puede eliminar la corrupción sin un sistema de justicia independiente y eficaz! Y para eso se necesita dinero.
Un amigo argentino, juez y profesor, proponía hacer un estudio del costo de la seguridad privada de la zona en la que vivía y trabajaba. Él tiene varias hipótesis, entre ellas, que si se eliminaba toda la seguridad privada y se sustituía por seguridad privada zonal o distrital, no sólo sería más barato, su alcance sería mayor, porque asistiría no sólo a los inmuebles y sus habitantes y también a los visitantes, transeúntes, etc.
No podemos postergar la inversión en seguridad. Como la viabilidad de recomponer el presupuesto es inviable, mi propuesta para discusión es gravar con un impuesto a las policías privadas. Un monto por cada seguridad privada fija, y un monto mayor (que puede ser el doble), por las seguridades móviles. ¿Quién la paga? El contratante de la seguridad o el empleador. Y a la medida que ya no necesitemos tener miles de policías privados porque la seguridad ya es buena, el contratante la deja de pagar. Eso sí, destinado únicamente para el sector de seguridad y justicia, limitado y con proporciones correctas. Es decir, es temporal porque se necesita sólo mientras se mantenga este clima de zozobra, es proporcional, es inclusivo y nos hace reflexionar como un solo país.
Por cierto…
Todo el mundo habla de los “Panama Papers” y de los medios legítimos para resguardar el capital, pero porqué nadie habla del dinero que sacó la señora en su valija, resguardándose… ¿Será que tiene miedo de invertirlo aquí? ¿Habrá pagado los impuestos de sus interminables ganancias de su negocio de maquila? ¿Y si le pasan la extinción de dominio? Hay que ser…