La propuesta básica de reforma constitucional presentada por los tres poderes del Estado en el denominado “Gran Diálogo Nacional: hacia la reforma de la Justicia en Guatemala”, incluye la eliminación de derecho de antejuicio para los Alcaldes Municipales.

Hay que decirlo con claridad: la propuesta de quitar el derecho de antejuicio a los jefes ediles no viene ni de Jimmy Morales, ni de Mario Taracena, ni de la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, aquella propuesta sí viene de actores de la comunidad internacional y el Ministerio Público, MP.

Por ello no es casual que, haciendo gala de la demagogia que le caracteriza, el Presidente de la República, en el marco de la Asamblea Extraordinaria de la ANAM, haya dicho que su “compromiso es luchar porque a los alcaldes no les quiten el derecho de antejuicio”, con lo cual se contradice a sí mismo y a la propuesta de reforma constitucional en materia de Justicia que se viene socializando a nivel nacional. Apuntan mal sus baterías y pecan de “ingenuos” los Alcaldes solicitándole al mandatario que se convierta en paladín suyo.

En realidad, más allá de que el Presidente tenga, según el artículo 277 de la Constitución, iniciativa para proponer reformas a la Ley Fundamental, es el Congreso de la República, quien haciendo ejercicio del poder constituyente derivado, quien sí tiene la potestad de aprobar o improbar cambios a la Constitución y, más importante aún, dichos cambios deben ser ratificados o no por el pueblo mediante consulta popular.

Es claro que el crimen organizado ha capturado muchos gobiernos locales, con lo cual se aseguran control territorial para el paso de drogas, migración ilegal, contrabando, etc. Así, no es extraño encontrarse en el Norte, en el Sur, en el Oriente o en Occidente, especialmente, con una narrativa local que cuenta cómo algunos jefes ediles o su primer Concejal, tienen nexos con el crimen organizado, especialmente, con el narcotráfico.

En este marco, para que la CICIG, el MP, la “Embajada” y otros actores de la comunidad internacional, como principales impulsores de la eliminación del derecho de antejuicio a los alcaldes, puedan tener éxito, necesitarán de dar golpes de efecto en el corto plazo, dándole de palo a unos cuantos alcaldes, además de llevar a extremos el caso contra los 8 diputados de la bancada oficial sobre de quienes ya se tramita el retiro de la inmunidad en la CSJ.

Entre los actores internacionales, es la “Embajada” la que estaría más interesada en lograr que se juzgue y procese, con mayor celeridad, a jefes ediles que se ubican en el Altiplano Occidental, que constituye el área de influencia y de especial interés para el Tío Sam en Guatemala.

Por otro lado, la tríada CICIG-MP-Embajada, en efecto, deben de pegar, nuevamente, en el Legislativo, ya que será poco probable que los diputados, siendo que dependen de los Alcaldes para mover su maquinaria electoral en el territorio para asegurar su reelección y para hacer sus “trances” con el Listado Geográfico de Obras, se vean motivados a suprimir el derecho de antejuicio a los jefes ediles.

Con el Ejecutivo, el Legislativo y los 338 Alcaldes en contra de una eventual reforma constitucional que elimine el derecho de antejuicio a los alcaldes municipales, a la poderosa tríada CICIG-MP-Embajada, no le quedará otra más que apelar y promover la movilización ciudadana, algo así como lo ocurrido en 2,015.

Solo la movilización ciudadana organizada y una fuerte campaña nacional por el sí podrán asegurar la viabilidad de la reforma constitucional. De lo contrario, la famosa “reforma” será llevada a la sepultura por una inusual convergencia de intereses entre actores tradicionales y “emergentes” de poder… incluidos aquellos ligados al crimen organizado.

@bequerchocooj