De nuevo, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos volvieron a ser tema de discusión. El presidente Morales, quien recibió las reformas aprobadas por el Congreso, aún no sanciona la ley, pero tampoco ha anunciado si la vetará. Esto generó un cruce de declaraciones entre los presidentes del ejecutivo y del legislativo, y se convirtió en un nuevo episodio de enfrentamiento entre los dos poderes.

Morales argumenta que la ley electoral enviada por el Congreso no representa las demandas de la ciudadanía. Por su parte, Taracena argumenta que las reformas fueron lo suficientemente consensuadas y elaboradas a partir de la participación ciudadana, por lo que el presidente debería limitarse a firmarla. Asimismo, Taracena insinuó que la negativa de Morales a firmar la ley podría deberse a intereses de medios de comunicación, que se verían afectados con las nuevas reglas.  

En lo personal, considero que las reformas aprobadas por el Congreso no hacen más que incrementar el poder de los partidos clientelares y anti-democráticos. Si bien se darían algunos avances en el tema de fiscalización del financiamiento a los candidatos, la negativa del Congreso a abrir los listados y democratizar los procedimientos de selección de candidatos y autoridades de partido, produce un sistema en el que los partidos tradicionales ahora tengan recursos público para financiar sus campañas en medios. En este sentido, no hay evidencia de ningún modelo electoral en el mundo, en el que el acceso gratuito a medios haya mejorado sustantivamente la calidad de la política. 

A pesar de mi oposición a la manera en cómo se han planteado las reformas, considero que la decisión del presidente Morales de hacer un llamado a un Diálogo Nacional, es un esfuerzo innecesario, por varias razones 

Primero, la iniciativa se prevé poco viable debido a los tiempos legales. Recordemos que el presidente tiene solamente 15 días para vetar la ley o sancionarla. Si no se pronuncia, entonces la ley automáticamente es publicada en el Diario Oficial. En este contexto, convocar a un diálogo nacional sería apresurado y poco efectivo.

Segundo, el presidente tiene según la Constitución, la posibilidad de vetar la ley en su totalidad, si es que así lo considera. En lugar de convocar a un diálogo, él podría tomar la decisión política de vetar la ley y darle a los guatemaltecos los argumentos que sustentaron su decisión. Sin embargo, las razones por las cuales el presidente se opone a la ley son muy débiles. Hasta el momento, se ha limitado a decir que se incrementó el número de diputados, lo cual no es necesariamente cierto; y que se permite la reelección, la cual la misma Corte de Constitucionalidad dijo que era inconstitucional el limitarla.

Tercero, la iniciativa del presidente lo pone de nuevo en conflicto con el Congreso, y podría debilitar aún más su imagen. En estos cuatro meses de gestión, Morales ya planteó un veto a las reformas al Código Penal, el cual fue anulado por el Congreso. Asimismo, el presidente solicitó la expulsión del diputado Juan Manuel Giordano de su bancada, FCN-Nación, la cual nunca se dio, en una clara manifestación de la falta de autoridad del presidente en su propio partido. Un nuevo conflicto daría la oportunidad para que el Legislativo demuestre su poder y posicione a Morales como un presidente débil y sin influencia.

Lo anteriormente mencionado indica que, a pesar de sus debilidades, las reformas a la Ley Electoral terminarán siendo aprobadas. Mucho se ha hablado de una “segunda generación” de reformas en la que supuestamente sí se incluirán temas más profundos. Sin embargo, queda claro que no está en la voluntad del Congreso aprobar una verdadera transformación al sistema político. Si la segunda generación de reformas mantiene la línea de dar más beneficios a los partidos sin entrarle a su democratización interna, no esperemos ver cambios sustanciales en los procesos electorales del 2019 ni del 2023.