En medio del proceso en el cual se giraron instrucciones para declarar la nulidad del contrato del usufructo oneroso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), María Eugenia Villagrán, renunció al cargo de Procuradora General de la Nación (PGN), la que será efectiva a partir del 31 de mayo. La funcionaria dijo que le llegaron amenazas de manera indirecta y que tocó intereses que, además, la llevaron a tomar la decisión de abandonar Guatemala.

POLITICA-PGN-MARIA EUGENIA VILLAGRAN

“Se tocaron intereses oscuros, grandes y económicos”, comentó Villagrán en una entrevista radial, aunque en su carta de renuncia solo dice que deja el cargo por “motivos personales”, sin entrar en más detalles, dijo el portavoz del Presidente de la República, Heinz Heimann.

Una de las últimas gestiones de Villagrán fue solicitar instrucciones al presidente Jimmy Morales para proceder a la nulidad del contrato suscrito en calidad de usufructo para la TCQ, convenio por 25 años para operar una terminal en la Portuaria Quetzal.

Reunión privada con Maersk

El presidente Jimmy Morales confirmó este martes que sostuvo acercamientos con personeros de la empresa holandesa Maersk, nuevos dueños de la TCQ, que adquirió los derechos de toda la operación de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), lo cual incluye la de Guatemala.

Al ser consultado acerca de la reunión, Morales dijo que la semana pasada se reunió con algunos personeros de la empresa.

“Tuvimos una conversación la semana pasada con algunos personeros de esa empresa y sus abogados, básicamente para escuchar y tener algunas apreciaciones, aunque todas estas conversaciones no tienen nada que ver con el proceso legal que debe conducir el país para poder solucionar estos temas”, dijo Morales.

Según el mandatario, la cita fue para “escuchar las buenas intenciones de esa compañía para encontrar una solución legal, transparente y donde los intereses del Estado de Guatemala no estén en riesgo”.

En manos de la PGN

Acerca de la posibilidad de un arreglo  extrajudicial, el mandatario comentó que esa decisión no la tomará él, sino que será la Procuraduría General de la Nación como abogado del Estado, la cual decidirá acerca de ese tema, “al mismo tiempo nosotros hemos tenido apertura para las instancias de investigación y justicia para que sean estas las que tomen las decisiones que Guatemala necesita. Bajo  ninguna circunstancia vamos a entorpecer ninguna actividad que lleve al país a las decisiones que se deben tomar”.

Al ser cuestionado sobre si el Gobierno de Guatemala prosigue con la anulación del contrato, Morales indicó es una pregunta que deberá responder la PGN, Con anterioridad el mandatario había girado instrucciones a la PGN para declarar la nulidad del contrato del usufructo oneroso entre la Portuaria Quetzal y la TCQ; sin embargo este proceso no se llevó a cabo.

Sin detalles del encuentro

A dicha reunión no asistió la PGN, no se conoce detalles de lugar, hora y quiénes participaron del encuentro, porque la agenda privada la lleva el Secretario Privado, Rodrigo Colmenares, quien se encuentra fuera del país. Consultado acerca de esta cita, Heiman comentó que él no tenía conocimiento de la reunión, porque solo participa en reuniones públicas.

Heiman agregó que “es lógico que directivos de esta empresa, que tienen inversiones en el país, quieran tener un sentido de la hoja de ruta, que no tiene nada que ver con el alcance judicial”,  además el portavoz presidencial no descarto ni afirmó que se esté discutiendo un arreglo extrajudicial, pero que es un tema que debe estar a cargo de la PGN.

De acuerdo con el vocero presidencial, “el Presidente no hubiera querido que en medio de un caso tan controversial, como TCQ, la Procuradora hubiera tomado esta decisión, pero se respetan las decisiones de cada quien”. Añade que lo de las amenazas a las que Villagrán dice haber sido objeto no las colocó en la carta de renuncia, como tampoco que no se sentía con la seguridad de acción de las instrucciones del Presidente.

Reuniones sospechosas

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, dice que en un caso tan complejo como el de TCQ, llama la atención que el Presidente de la República haya tenido una reunión con personeros de una de las partes sin que estuviera presente el abogado del Estado de Guatemala, cuando la parte interesada sí llegó con sus abogados.

“Por mucho que el Presidente estuviera acompañado de otros abogados diferentes al abogado del Estado, pienso que no era muy aconsejable que así procediera (…), entonces de alguna manera hay que reconocer que ponen a quien quiera que esté ocupando la PGN, en un problema de desconfianza. No me aparto ni estoy afirmando que haya existido una negociación anómala, pero creo que los intereses del Estado de Guatemala que le corresponden a la PGN y al Presidente, esta era una ocasión que era necesaria la presencia de esta funcionaria”, manifiesta Orellana.

Además refiere que “desafortunadamente esta situación se presta a malos entendidos, pero que no se puede especular sobre un posible arreglo, por desconocer la información que se trató” en esa reunión de carácter privado entre el Presidente y personeros de la empresa holandesa Maersk.

Por su parte, Luis Linares de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), subrayó que “lo preocupante” de toda esta situación es la renuncia de la Procuradora, en especial si se da alrededor de la reunión que sostuvo el Presidente con los personeros de la empresa holandesa.

“El Presidente ya había girado instrucciones para que la PGN buscará una vía legal, ya sea por la ilegalidad o nulidad, entonces que se reúna con los interesados, suena mal”.

“El Presidente se debió negarse a esa reunión porque se presta a malas interpretaciones, en este caso serían los abogados del Estado lo que deben atender a los personeros de la empresa si se quiere escuchar su opiniones, pero en general se debieron decir ´nos vemos en los Tribunales´ o en las instancias que decidan resolver ese problema, por lo que eso se ve muy mal”, comentó el analista.

Agregó que es un caso en el cual “se debe sentar un precedente para futuras negociaciones ilegales e ilegítimas donde se incurre en fraude de Ley al presentar como usufructo oneroso una negociación que a todas luces era una concesión y que por lo tanto se debió hacer una licitación, y en este caso no se dio por lo que hay una ilegalidad de origen, como lo demostró en su momento el partido Encuentro por Guatemala”.

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