En poco más de un año, la limpieza institucional dirigida por el Ministerio Público y la CICIG enfocó sus baterías en la corrupción en los Organismos Ejecutivo y Legislativo. Los casos de La Línea, IGSS-Pisa, Negociantes de la Salud, Redes y Plazas Fantasma hicieron colapsar al decadente Gobierno del Partido Patriota, amansaron a un Congreso que se había convertido en el centro neurálgico de la corrupción, y trastocaron el mapa partidario en la elección 2015, quitando del camino a quien se percibía como la continuidad del saqueo: Manuel Baldizón.

Esta depuración dio pie a la percepción que se avecinaba un cambio sustancial en el sistema, de la mano con un proceso de reforma que aspiraba a modernizar los marcos normativos en materia electoral, de servicio civil, compras y contrataciones, y del sistema de justicia.

Sin embargo, entre las cenizas resaltaba una efigie del Ancien Régime: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), electa en medio de un cuestionado proceso en el último trimestre del 2014. Dicha elección fue posible gracias al pacto entre los dos partidos representativos de ese sistema patrimonial: Líder y PP. Además, representó el agotamiento de las postuladoras, que en lugar de fomentar la meritocracia, sólo incentivaba la cooptación de la academia y los colegios profesionales por actores políticos y criminales.

Aún a pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia entendió el espíritu del tiempo, y se alineó con el proceso de depuración. Quizá porque desde el inicio de los casos, el nombre de la magistrada Blanca Stalling resonaba en el firmamento; primero como allegada a Luis Mendizábal en la procuración de impunidad para la Línea, y luego como familiar de un comisionista en el Seguro Social. O quizá porque el caso de Bufete de la Impunidad evidenció que las investigaciones por corrupción fácilmente podían llegar al Organismo Judicial. Quién sabe cuál fue la consideración, pero lo cierto es que a lo largo del `2015, la CSJ dio trámite sin miramiento a los antejuicios contra funcionarios del Ejecutivo y diputados del Congreso.

Pero llegado el 2016, las investigaciones del caso TCQ apuntaron directamente contra dos magistrados, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, al tiempo en que se revivieron fantasmas del pasado. En el caso de Charchal, más allá de su posible participación en un tráfico de influencias, denota cómo su elección fue producto de la intermediación de “los Fuchos” y de su capacidad de gestar favores a Monzón y al Patriota. Y en el caso de Aguilar, más allá de su posible vinculación a dictámenes anómalos en la PGN, la relevancia del caso es que pone en la picota el poder que ostentó su padrino, Gustavo Herrera, en la integración de las cortes.

En ambos casos, indistintamente de las acusaciones concretas, se revela que la frase profesada por Gudy Rivera a Claudia Escobar sobre que “la elección no dependía de factores académicos o profesionales, sino de vinculaciones políticas” tenía mucha razón. La elección 2014 de la CSJ evidenció el agotamiento de las postuladoras y la cooptación política de la institucionalidad judicial, y los señalamientos contra Aguilar y Charchal confirmaron los temores del pasado.