En cualquier parte del mundo, el contenido de toda legislación debe ser analizado a profundidad. Puede ser que su título diga una cosa, pero que sus artículos promuevan algo distinto. Tal es el caso de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado Asequible en Estados Unidos, mejor conocida como Obamacare. El encabezado de la ley es una aspiración con la que quizás todos estemos de acuerdo. Sin embargo, la controversial propuesta se extiende en un documento de más de mil páginas. Su contenido llegó a ser tan extenso y alambicado que en 2010, Nancy Pelosi, la entonces líder de la Minoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dijo: “debemos aprobar el proyecto de ley, para que puedan conocer qué es lo que contiene, lejos de la confusión y la controversia”. Me pregunto, ¿acaso es legítimo y diligente aprobar legislaciones tan trascendentales sin tan siquiera conocer o debatir su contenido?

Lamentablemente en nuestro país la situación no es muy diferente. Hoy el Congreso se encuentra discutiendo iniciativas y reformas de ley que, aunque parezcan ser bien intencionadas, su contenido dista del objetivo al que su titular aspira. Algunas de estas leyes son la Ley de Desarrollo Rural, las reformas a la Ley de Servicio Civil y la Ley de Competencia.

En cuanto a la Ley de Desarrollo Rural, esta debiese ser tan solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, cuyo fin sería la generación de empleos dignos. La experiencia de otros países que han logrado un mayor desarrollo, dicta que conforme las personas adquieren más conocimientos y mayores capacidades, migran de la ruralidad y de la economía de subsistencia hacia polos urbanos y nuevas fuentes de empleo en diversos sectores. Una ley de Desarrollo Rural, si lo que pretende es generar bienestar para aquellos que hoy viven lejos de las fuentes de empleo o de las oportunidades de emprendimiento, debiese apuntar a la atracción de inversión a polos urbanos, nuevos o existentes, en el interior del país. La actual redacción de esta ley es confusa y podría decirse hasta intrusiva. Además, busca el fin, un tanto utópico, de promover el desarrollo de grandes números de personas a través de un modelo basado en agricultura a pequeña escala.

Otro ejemplo son las reformas a la Ley de Servicio Civil. El manejo del recurso humano del Estado ha sido un tema controversial desde siempre, pues en él convergen importantes intereses. En primer lugar, se ha visto como una herramienta política, porque se pueden usar plazas laborales como moneda de intercambio para agradecer apoyos. En segundo lugar, los sindicatos públicos se han convertido en grupos de poder, cuyos legítimos intereses no necesariamente coinciden con los intereses de la nación. La discusión para reformar esta ley ha ocasionado el surgimiento de muchas propuestas, impidiendo alcanzar un consenso y el apoyo necesario para lograr este urgente cambio en nuestro sistema.

Debemos generar un escenario que permita atraer al mejor talento al servicio público y que permita hacer carrera dentro del Estado a alguien que genuinamente quiere servir a su país y no enriquecerse de él. Sin embargo, muchas de las propuestas que rondan sobre esta ley perpetúan algunas de las malas practicas actuales, en lugar de verdaderamente privilegiar la meritocracia, y así, dignificar a quienes sirven lo público. Desafortunadamente, no hay transparencia ni certeza de la dinámica actual que está llevando a cabo el Congreso, y tampoco se cuenta con el escenario ideal para tener una discusión seria y técnica sobre este tema.

Finalmente, tenemos el caso de la Ley de Competencia. Esta es otra de las legislaciones de gran importancia para nuestro país, particularmente porque tiene injerencia directa en el desarrollo de la economía nacional. Si bien es cierto que queremos proteger al país de ciertos abusos, no podemos impedir que se dé una colaboración entre guatemaltecos, sobretodo entre las empresas. En las nuevas teorías sobre la innovación, se resalta la colaboración como una de las claves para la competencia. Hay modelos de legislación de competencia en otros países, pero esta ley debe tener una cercanía con el contexto de nuestro país. No se puede tomar la ley de otro país como un modelo exclusivo, sino realizar un estudio de derecho comparado que permita identificar qué practicas pueden ser compatibles y útiles para la realidad guatemalteca. Por otro lado, no podemos olvidar que la aprobación de una ley en materia de competencia es parte de varios compromisos internacionales que tenemos. Es importante que la discusión nacional, y eventual aprobación por parte del Congreso, gire en torno a generar una normativa que sea de utilidad para el desarrollo económico de todos los guatemaltecos, y no solo un “Copy/Paste” para cumplir con los convenios o tratados internacionales.

Los casos de las leyes que mencioné son relevantes para todos nosotros. Su fin último es velar por un mejor país, ¿cuántos de nuestros diputados habrán leído las anteriores leyes citadas? Como dice el dicho, “el diablo está en los detalles”, y justo allí es donde debe estar toda nuestra atención como ciudadanos. Lastimosamente, muchos diputados alrededor del mundo no se dan el tiempo para acabar de entender lo que están aprobando. Muchas veces, nuestros legisladores se dejan llevar porque el titular de las leyes suena bonito y no toman en cuenta lo que se esconden entre líneas, ni mucho menos las repercusiones que estas leyes tendrán para todos nosotros. Les pregunto, ¿importa más el titular o el contenido?

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