Lograr la destitución de personal con funciones poco claras y salarios elevados, y con ello iniciar procesos de transformación y ordenamiento en la planilla del Congreso de la República, es una tarea imposible. Su principal motivo son las resoluciones de los juzgados de trabajo, que ordenan la inmediata reinstalación del empleado.

“Tenemos que cumplir con lo que resuelven los jueces y estamos haciendo lo posible para destituir ,pero todo será en ley”, declaró Mario Taracena, presidente de ese Organismo. Además, destacó que apelaron la decisión de los jueces, las cuales siguen sin ser resueltas.

Uno de los asesores de Junta Directiva explicó que la población quiere resultados rápidos, pero la ley los obliga a cumplir con los procesos; sin embargo, dejó entrever que no comprenden las resoluciones de los tribunales, ya que la mayoría de destituciones se hicieron antes de que cumplieran los tres meses de prueba que obliga la Ley de Servicio Civil y en otros casos, las personas ocupaban puestos de confianza.

Reglamento de Ley de Servicio CivilEl artículo 39 de la normativa establece que antes de ser contratados oficialmente, todos los trabajadores tendrán un período de prueba y de no concluirse satisfactoriamente, “el Presidente del Organismo Legislativo puede dar por terminada la relación laboral sin incurrir en más responsabilidad”, detalla el marco legal.

De esa cuenta, la administración de Mario Taracena procedió a anular el contrato de varios trabajadores autorizados por el expresidente Luis Rabbé, quiene se encontraban en período de prueba. ¿La razón? su salario y su trabajo no estaba justificado, y únicamente cargaban la planilla.

Juzgado Quinto de Trabajo

Se intentó conversar con los jueces, pero no quisieron dar declaraciones.

No obstante, varios de los destituidos accionaron y le ganaron la batalla a Taracena. Al momento han sido reinstaladas 36 personas, la mayoría estaba a prueba y otros ocupaban puestos de confianza, según confirmó la primera vicepresidencia de Junta Directiva. Ello no solo representará una derrota para el congresista, sino también un desembolso para pagar salarios caídos.

Repúblicagt intentó conocer las razones legales de los jueces que resolvieron a favor de los trabajadores, pero éstos no accedieron a hablar con nuestro medio. Se trata de la jueza Diana Carolina Ruíz, Celina Esperanza Pérez y el juez José Florencio Blanco, del Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social.

El sistema que se corrompe

El único requisito para acceder a una plaza en el Congreso, es que un diputado solicite su contratación  bajo el renglón que desee. En el caso del renglón 011, cuando el diputado se marcha del Legislativo, el trabajador permanece  y debe buscar nuevas espacios en las bancadas, comisiones u órganos administrativos.

Mientras tanto, los nuevos diputados tienen derecho a tener más personal (una secretaria, un ujier y un asesor). Ello hace que la planilla se encuentre en constante crecimiento. Y si a ello, se suma el aumento de salario anual del 10%, crece el número de contratos, así  como en recursos devengados por cada uno de ellos.

Ello prevé que en un algún momento los fondos del Congreso serán insuficientes. En cuatro meses, el Congreso ha desembolsado más de Q103 millones en el pago de salarios al personal permanente. La situación obligó a retomar las reformas a la Ley de Servicio Civil para mejorar los procesos de contratación.

Al momento, el proyecto está bajo análisis por la Comisión de Apoyo Técnico presidida por Manuel Conde, quien declaró recientemente que se buscan los consensos para aprobarla de urgencia nacional.  El proyecto es rechazado por los sindicalistas, quienes no dudan que haya un tinte político.

 


Sindicato mayoritario guarda silencio

Se intentó contactar al Secretario General del sindicato mayoritario, Alfredo Tumax para conocer su opinión acerca de la reinstalación, pero no respondió las llamadas a su celular. En declaraciones anteriores ha dejado claro que están abiertos al diálogo para resolver la situación, y ha resaltado que el Congreso se encuentra emplazado, razón por lo que no pueden despedir a las personas sin el debido proceso.

Otros sindicalistas no tienen problema en rechazar abiertamente las acciones de Taracena al considerar que está violando sus derechos. Hace unas semanas, el dirigente Michael Vásquez, quien lidera el tercer sindicato del Legislativo, pidió respeto hacia los empleados.

http://www.republicagt.com/politica/sindicalistas-del-congreso-piden-respeto-a-mario-taracena/

Esta semana denunció que Taracena gastaba más Q356 mil por las 19 personas a su cargo. El señalamiento fue rechazado por el legislador al explicar “que son patadas de ahogado”. Asimismo, explicó que las personas tienen años de laborar en ese Organismo.

Para el diputado Juan Ramón Lau, quien fungió como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, la única vía para solucionar la problemática es el diálogo y la aprobación de la Ley de Servicio Civil. En cuanto a las destituciones, considera que la decisión de los jueces puede deberse a errores en el proceso.

Ante ese escenario, un ordenamiento del sistema laboral para hacerlo más justo y transparente se ve cuesta arriba, y dependerá que los implicados estén dispuestos al diálogo, algo que cada vez se encuentra más lejano.