La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), elabora un nuevo plan de fiscalización con el que intentará recuperar la facultad de cobrar impuestos sobre ganancias percibidas fuera de Guatemala que son trasladadas a off Shores.
La entidad recaudadora tiene un brazo atado para reclamar este tipo de impuestos en el país luego que la anterior administración legislativa eliminara el decreto 19-2013 o Ley ISR; sin embargo, también tiene el otro brazo atado por culpa del secreto bancario, según las autoridades.
Francisco Solórzano Foppa, titular de la SAT, llegó esta mañana al Congreso y pidió la remoción de esta limitación porque les impide, entre otras cosas, investigar a evasores.
“El secreto bancario nos afecta a nivel nacional en investigaciones que podríamos hacer a nivel internacional. Guatemala no puede entrar a esos convenios internacionales con entidades de administración tributaria porque dentro de su marco legal hay una cláusula de reciprocidad de información”, dijo.
“Si nosotros no tenemos información que dar, nadie nos va a dar nada. Y no podemos realizar ninguna investigación a ninguna de esas entidades. Sin duda, el secreto bancario nos está amarrando también en esta etapa de poder realizar investigaciones en temas de ‘offshore'”, aclaró Solórzano.
“El superintendente está al tanto que los usuarios de estas oficinas en algunos casos las usan para evadir impuestos y, en otros casos, con finalidades perfectamente legales. Para la SAT sería un gran reto identificar cuáles personas se pudieron beneficiar para evadir impuestos”.
“Habrá muchos aspectos de los offshore que la SAT no tiene competencia de ir a verificar; sin embargo, esta información será de mucha utilidad para crear los perfiles de riesgo de las entidades que se quieren revisar en el nuevo plan de fiscalización para el segundo semestre de este año”, dijo el funcionario.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), elabora un nuevo plan de fiscalización con el que intentará recuperar la facultad de cobrar impuestos sobre ganancias percibidas fuera de Guatemala que son trasladadas a off Shores.
La entidad recaudadora tiene un brazo atado para reclamar este tipo de impuestos en el país luego que la anterior administración legislativa eliminara el decreto 19-2013 o Ley ISR; sin embargo, también tiene el otro brazo atado por culpa del secreto bancario, según las autoridades.
Francisco Solórzano Foppa, titular de la SAT, llegó esta mañana al Congreso y pidió la remoción de esta limitación porque les impide, entre otras cosas, investigar a evasores.
“El secreto bancario nos afecta a nivel nacional en investigaciones que podríamos hacer a nivel internacional. Guatemala no puede entrar a esos convenios internacionales con entidades de administración tributaria porque dentro de su marco legal hay una cláusula de reciprocidad de información”, dijo.
“Si nosotros no tenemos información que dar, nadie nos va a dar nada. Y no podemos realizar ninguna investigación a ninguna de esas entidades. Sin duda, el secreto bancario nos está amarrando también en esta etapa de poder realizar investigaciones en temas de ‘offshore'”, aclaró Solórzano.
“El superintendente está al tanto que los usuarios de estas oficinas en algunos casos las usan para evadir impuestos y, en otros casos, con finalidades perfectamente legales. Para la SAT sería un gran reto identificar cuáles personas se pudieron beneficiar para evadir impuestos”.
“Habrá muchos aspectos de los offshore que la SAT no tiene competencia de ir a verificar; sin embargo, esta información será de mucha utilidad para crear los perfiles de riesgo de las entidades que se quieren revisar en el nuevo plan de fiscalización para el segundo semestre de este año”, dijo el funcionario.