La ONG humanitaria pidió este lunes al gobierno promover proyectos de desarrollo en las comunidades pobres asentadas en la frontera no delimitada con Belice, con el fin de evitar nuevos conflictos entre pobladores y soldados beliceños.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, dijo en rueda de prensa que las poblaciones en la región fronteriza con Belice se encuentran abandonadas por el Estado guatemalteco y eso hace que se adentren en la denominada zona de adyacencia, una franja a lo largo de la frontera no delimitada oficialmente entre ambos países.

La falta de un acuerdo de delimitación fronteriza ha marcado la larga historia de conflictos entre Guatemala y Belice, el último de los cuales fue el asesinato del menor guatemalteco Julio Alvarado, de 13 años, el pasado 20 de abril.

Supuestamente, el niño murió en un ataque de soldados beliceños que dispararon contra una familia y dejaron otros dos heridos, crimen que tensó las relaciones entre ambos países.

Tras el incidente, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ordenó el incremento de la seguridad militar en el área y llamó a consultas al embajador en Belmopán.

Para esclarecer los hechos y a petición de ambos países, la Organización de Estados Americanos (OEA) se hizo cargo de la investigación, y los cancilleres de ambos países han mantenido reuniones para evitar otros hechos violentos.

“El Estado de Guatemala debe generar oportunidades e invertir en la población que vive en las afueras de la zona de adyacencia, generando inversión en proyectos productivos, generando fuentes de empleo, garantizando que adentrarse en la zona de adyacencia sea poco atractivo por el peligro que ello representa”, apuntó Polanco.

El activista explicó que miembros del GAM realizaron una visita a la familia del menor asesinado y ofrecieron acompañarla para seguir “un proceso judicial que determine la verdad de lo sucedido”.

Guatemala y Belice mantienen un diferendo territorial desde hace más de 150 años. Aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, le reclama a su vecino 12.272 km2, equivalente al 50% del territorio de la excolonia británica, incluyendo varias islas y cayos.

Los dos países acordaron en 2008 elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, pero antes se tiene que realizar una consulta popular sobre el tema en cada país, para lo cual falta definir fechas.