Mañana vence el plazo para que el mandatario Jimmy Morales vete o sancione la reforma electoral que aprobó el Legislativo recientemente y todo apunta a que, tras escuchar a los tanques de pensamiento y otros sectores, la resolución del presidente será a favor.
Los consejos llegaron a oídos del mandatario, algunos a favor del veto y otros contra las últimas semanas y es que la pauta en medios de comunicación es uno de los temas torales de la propuesta y se sabe de presiones por parte del monopolio de la televisión abierta para una resolución negativa.
Durante la última reunión celebrada en la Casa Presidencial a eso de las 17:00 horas, las mayoría de las 25 organizaciones convocadas se pronunció a favor de la sanción cuya fecha límite es el próximo jueves 26 y se concluyó en que, pese a algunas deficiencias, es mejor aprobarla para iniciar posteriormente un cambio integral.
Los argumentos
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, comentó que durante el encuentro se le indicó al Presidente que es necesaria la sanción para fortalecer el sistema político y recordó que es complicado emprender un cambio de este tipo.
“La última reforma fue en 2004 y costó diez años de negociación. Vetar es desperdiciar una oportunidad y no sabemos si tendremos otra”, precisó el experto, quien describió que el mandatario no fue explícito en algún argumento a favor o en contra y que les informó que el Ejecutivo todavía no tiene una postura al respecto.
Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que el mandatario solicitó una opinión a cada institución asistente, encuentro en donde describió, hubo diversidad ideológica y se escuchó a todos. “Hubo mucha apertura porque cada uno tuvo la oportunidad de decir los pros y contras de la ley”, especificó.
Zapata mencionó que se le solicitó a Morales liderar posteriormente un nuevo proceso de reformas al contenido del Decreto 1-85.
“Hubo bastante coincidencia en los puntos de vista. Él (Morales) fue clarísimo en que las opiniones no son vinculantes“, expresó Raquel Zelaya, directora ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Lo que respondió Morales
Una nota publicada en la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), reporta que el Presidente les manifestó a los asistentes que el objetivo del diálogo con las diversas organizaciones es debido al carácter constitucional de la ley y por lo tanto “necesita de un tratamiento mucho más detenido y analizado”, que otras normativas aprobadas por el Legislativo.
Informaron que el documento enviado al Ejecutivo por el Congreso contiene solo el 64,7 por ciento de coincidencia con lo aprobado en la Corte de Constitucionalidad, situación que haría ver el presidente y que “el Ejecutivo consideró pertinente consultar a los representantes de las distintas organizaciones que representaron el clamor popular el año pasado para conocer si esta ley llena o no las expectativas de ese clamor popular”.
Mañana vence el plazo para que el mandatario Jimmy Morales vete o sancione la reforma electoral que aprobó el Legislativo recientemente y todo apunta a que, tras escuchar a los tanques de pensamiento y otros sectores, la resolución del presidente será a favor.
Los consejos llegaron a oídos del mandatario, algunos a favor del veto y otros contra las últimas semanas y es que la pauta en medios de comunicación es uno de los temas torales de la propuesta y se sabe de presiones por parte del monopolio de la televisión abierta para una resolución negativa.
Durante la última reunión celebrada en la Casa Presidencial a eso de las 17:00 horas, las mayoría de las 25 organizaciones convocadas se pronunció a favor de la sanción cuya fecha límite es el próximo jueves 26 y se concluyó en que, pese a algunas deficiencias, es mejor aprobarla para iniciar posteriormente un cambio integral.
Los argumentos
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, comentó que durante el encuentro se le indicó al Presidente que es necesaria la sanción para fortalecer el sistema político y recordó que es complicado emprender un cambio de este tipo.
“La última reforma fue en 2004 y costó diez años de negociación. Vetar es desperdiciar una oportunidad y no sabemos si tendremos otra”, precisó el experto, quien describió que el mandatario no fue explícito en algún argumento a favor o en contra y que les informó que el Ejecutivo todavía no tiene una postura al respecto.
Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que el mandatario solicitó una opinión a cada institución asistente, encuentro en donde describió, hubo diversidad ideológica y se escuchó a todos. “Hubo mucha apertura porque cada uno tuvo la oportunidad de decir los pros y contras de la ley”, especificó.
Zapata mencionó que se le solicitó a Morales liderar posteriormente un nuevo proceso de reformas al contenido del Decreto 1-85.
“Hubo bastante coincidencia en los puntos de vista. Él (Morales) fue clarísimo en que las opiniones no son vinculantes“, expresó Raquel Zelaya, directora ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Lo que respondió Morales
Una nota publicada en la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), reporta que el Presidente les manifestó a los asistentes que el objetivo del diálogo con las diversas organizaciones es debido al carácter constitucional de la ley y por lo tanto “necesita de un tratamiento mucho más detenido y analizado”, que otras normativas aprobadas por el Legislativo.
Informaron que el documento enviado al Ejecutivo por el Congreso contiene solo el 64,7 por ciento de coincidencia con lo aprobado en la Corte de Constitucionalidad, situación que haría ver el presidente y que “el Ejecutivo consideró pertinente consultar a los representantes de las distintas organizaciones que representaron el clamor popular el año pasado para conocer si esta ley llena o no las expectativas de ese clamor popular”.