Cada año y 150 días después del cierre del ejercicio fiscal anterior, la Contraloría General de Cuentas (CGC) entrega al Congreso el informe de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los organismos de Estado, Instituciones, entidades autónomas y descentralizadas.
En el documento, aparecen las denuncias penales, sanciones y reparos procedentes para cada unidad revisada si lo amerita. Sin embargo, y pese a que la ley le brinda responsabilidad al Congreso, los últimos años este sólo lo recibe pese a que puede incluso improbarlo total o parcialmente.
“El Organismo Legislativo instruirá a la Contraloría General de Cuentas para que en el caso de responsabilidades administrativas imponga las sanciones correspondientes de conformidad con la ley”, dice el artículo 26 de la norma que rige la entrega de estos informes.
El artículo 171 de la Constitución señala entre las atribuciones del Congreso que le corresponde “aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la CGC, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior.
Sin embargo, la ley no establece sanciones para quien no cumpla con estas disposiciones y se tiene conocimiento que el Legislativo no ha procedido a la aprobación o improbación de estos informes más allá del último decenio y solo en algunas ocasiones ha solicitado algún tipo de ampliación o aclaración sobre el contenido presentado.
“Habría que hacer un trabajo en conjunto entre Congreso y CGC para podernos apoyar en la interpretación. Se han solicitado algunas aclaraciones pero ahí se ha quedado”, explicó Carlos Mencos, Contralor General. El funcionario remarcó que la Constitución no da plazos ni es sancionatoria, no especifica por ejemplo, en cuánto tiempo debe proceder el parlamento a aprobar o improbar el contenido de estos informes.
Solo en 2014, hubo 11 denuncias penales en contra de entidades del Gobierno Central por Q59.9 millones más 833 sanciones económicas. En el caso de las entidades autónomas y descentralizadas, cinco fueron objeto de acciones en el Ministerio Público por Q468.8 millones más Q28.8 millones que involucraron 271 sanciones económicas.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), especificó que la última vez que el informe fue improbado parcialmente fue allá por 2005 o 2007 “y esto fue porque se descubrieron las anomalías en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y terminaron presos varios personeros, entre ellos el presidente y el gerente”, recordó.
La parlamentaria prosiguió con que se dio un acuerdo en la Comisión de Finanzas del Congreso tras el escándalo para “nunca más” analizar lo que manda la CGC. “Incluso a Mario Taracena (ahora presidente y expresidente de esa sala legislativa) le envié cuatro cartas que ahora las hicieron perdidizas para que lo hiciera”, relató Montenegro.
Acerca del contenido
La diferencia sustantiva que se encontrará en el Informe de Auditoría a la Liquidación de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2015 son los contenidos mínimos que se les pidió a los auditores. “Se extrajo del sistema los eventos que se consideraron más importantes y se les dijo que como mínimo debían ser examinados. De ahí en adelante, ellos tienen libertad para su trabajo”, especificó Mencos.
Esos contenidos se refieren a los contratos que se hicieron al lado de los procesos de licitación y cotización, entre otros detalles. También se rotó a la totalidad de auditores que estaban desplegados en las municipalidades para la fiscalización del año pasado que será presentada el próximo martes.
Dado que en 2015 estallaron varios casos de corrupción y a que fueron reveladas varias estructuras que actuaron durante años al margen de la ley en varias dependencias del Estado, a partir de este año se implementaron nuevas modalidades que se verán reflejadas en el informe de 2016, el cual se presentará en 2017.
Estos son cambios orientados al tema sectorial, por ejemplo, direcciones que se encarguen específicamente de los temas de salud y seguridad social; seguridad y justicia; agricultura, ciencia y tecnología; así como la labor en ministerios, entre otros.
“Aparte de ello habrá grupos de capacitadores que conozcan el sector para que sepan qué están auditando, los planes estratégicos y operativos de cada dependencia, por ejemplo”, aseveró el Contralor quien finalizó: “Estamos muy atentos a la evolución que le apueste a nuevas formas de fiscalizar y esperaría que este nuevo modelo tenga resultados. También habrá auditoría de desempeño y cumplimiento”, finalizó.
Se le consultó a Taracena al respecto y explicó: “No hubo modo, no quieren”, y recordó que el último informe aprobado sería el del tiempo de Ramiro de León Carpio en la presidencia. Es decir entre 1993 y 1996. Respecto a las expectativas para este año, refirió que no depende de él, sino de los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso.
Gabriel Jiménez, analista de Congreso Transparente, indicó que el Legislativo tiene la obligación de revisar el informe y analizarlo a profundidad, “es una vergüenza que no lo hayan hecho y esperamos que este año y con el amparo del año pasado, sí lo hagan”, indicó.
El experto se refiere a un amparo planteado por varios ciudadanos el 15 de junio del año pasado y durante el cual se celebraron elecciones generales para frenar la llegada de diputados cuestionados al mecanismo de reeleción.
Cada año y 150 días después del cierre del ejercicio fiscal anterior, la Contraloría General de Cuentas (CGC) entrega al Congreso el informe de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los organismos de Estado, Instituciones, entidades autónomas y descentralizadas.
En el documento, aparecen las denuncias penales, sanciones y reparos procedentes para cada unidad revisada si lo amerita. Sin embargo, y pese a que la ley le brinda responsabilidad al Congreso, los últimos años este sólo lo recibe pese a que puede incluso improbarlo total o parcialmente.
“El Organismo Legislativo instruirá a la Contraloría General de Cuentas para que en el caso de responsabilidades administrativas imponga las sanciones correspondientes de conformidad con la ley”, dice el artículo 26 de la norma que rige la entrega de estos informes.
El artículo 171 de la Constitución señala entre las atribuciones del Congreso que le corresponde “aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la CGC, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior.
Sin embargo, la ley no establece sanciones para quien no cumpla con estas disposiciones y se tiene conocimiento que el Legislativo no ha procedido a la aprobación o improbación de estos informes más allá del último decenio y solo en algunas ocasiones ha solicitado algún tipo de ampliación o aclaración sobre el contenido presentado.
“Habría que hacer un trabajo en conjunto entre Congreso y CGC para podernos apoyar en la interpretación. Se han solicitado algunas aclaraciones pero ahí se ha quedado”, explicó Carlos Mencos, Contralor General. El funcionario remarcó que la Constitución no da plazos ni es sancionatoria, no especifica por ejemplo, en cuánto tiempo debe proceder el parlamento a aprobar o improbar el contenido de estos informes.
Solo en 2014, hubo 11 denuncias penales en contra de entidades del Gobierno Central por Q59.9 millones más 833 sanciones económicas. En el caso de las entidades autónomas y descentralizadas, cinco fueron objeto de acciones en el Ministerio Público por Q468.8 millones más Q28.8 millones que involucraron 271 sanciones económicas.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), especificó que la última vez que el informe fue improbado parcialmente fue allá por 2005 o 2007 “y esto fue porque se descubrieron las anomalías en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y terminaron presos varios personeros, entre ellos el presidente y el gerente”, recordó.
La parlamentaria prosiguió con que se dio un acuerdo en la Comisión de Finanzas del Congreso tras el escándalo para “nunca más” analizar lo que manda la CGC. “Incluso a Mario Taracena (ahora presidente y expresidente de esa sala legislativa) le envié cuatro cartas que ahora las hicieron perdidizas para que lo hiciera”, relató Montenegro.
Acerca del contenido
La diferencia sustantiva que se encontrará en el Informe de Auditoría a la Liquidación de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2015 son los contenidos mínimos que se les pidió a los auditores. “Se extrajo del sistema los eventos que se consideraron más importantes y se les dijo que como mínimo debían ser examinados. De ahí en adelante, ellos tienen libertad para su trabajo”, especificó Mencos.
Esos contenidos se refieren a los contratos que se hicieron al lado de los procesos de licitación y cotización, entre otros detalles. También se rotó a la totalidad de auditores que estaban desplegados en las municipalidades para la fiscalización del año pasado que será presentada el próximo martes.
Dado que en 2015 estallaron varios casos de corrupción y a que fueron reveladas varias estructuras que actuaron durante años al margen de la ley en varias dependencias del Estado, a partir de este año se implementaron nuevas modalidades que se verán reflejadas en el informe de 2016, el cual se presentará en 2017.
Estos son cambios orientados al tema sectorial, por ejemplo, direcciones que se encarguen específicamente de los temas de salud y seguridad social; seguridad y justicia; agricultura, ciencia y tecnología; así como la labor en ministerios, entre otros.
“Aparte de ello habrá grupos de capacitadores que conozcan el sector para que sepan qué están auditando, los planes estratégicos y operativos de cada dependencia, por ejemplo”, aseveró el Contralor quien finalizó: “Estamos muy atentos a la evolución que le apueste a nuevas formas de fiscalizar y esperaría que este nuevo modelo tenga resultados. También habrá auditoría de desempeño y cumplimiento”, finalizó.
Se le consultó a Taracena al respecto y explicó: “No hubo modo, no quieren”, y recordó que el último informe aprobado sería el del tiempo de Ramiro de León Carpio en la presidencia. Es decir entre 1993 y 1996. Respecto a las expectativas para este año, refirió que no depende de él, sino de los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso.
Gabriel Jiménez, analista de Congreso Transparente, indicó que el Legislativo tiene la obligación de revisar el informe y analizarlo a profundidad, “es una vergüenza que no lo hayan hecho y esperamos que este año y con el amparo del año pasado, sí lo hagan”, indicó.
El experto se refiere a un amparo planteado por varios ciudadanos el 15 de junio del año pasado y durante el cual se celebraron elecciones generales para frenar la llegada de diputados cuestionados al mecanismo de reeleción.