El domingo pasado la fiscal General, Thelma Aldana, dijo durante una entrevista que es “inaceptable” que la Contraloría General de Cuentas (CGC) no se haya percatado de la existencia de plazas fantasmas dentro del Congreso de la República, por lo que no descartó investigar a los extitulares de esa dependencia.

Al respecto, la jefa del Ministerio Público (MP),  manifestó que no logra entender “en dónde estaba la Contraloría General de Cuentas en 2014-2015″, para no percatarse de lo que estaba sucediendo y también remarcó que nunca se imaginó que “Guatemala funcionara así”.

Por su parte el titular de la CGC, Carlos Enrique Mencos, indicó que realiza un trabajo en conjunto con el MP, y las declaraciones del Aldana se referían al período 2014 y principios del 2015, porque a partir de ahí trabajan de la mano con el MP.

Sin embargo, expresó que no quería entrar en “detalles” en este tema porque la Fiscal General tiene sus razones, algo que comparte. “Comparto las preocupaciones de la señora fiscal” y lo que estamos trabajando es tratar de fortalecer la institución.

Al ser consultado si existieron anomalías en la fiscalización dentro del Congreso de la República, Mencos manifestó que los auditores tienen independencia y se les nombra para hacer auditorías y son ellos los que hacen su programa y sacan el nivel de muestreo que necesitan para desarrollar su trabajo.

“No podemos en ningún momento interferir en el trabajo de ellos, porque la misma Ley les da independencia, nosotros analizamos y procesamos la información y por supuesto giramos las directrices que sean necesarias”, remarcó el funcionario.

De acuerdo con el Contralor, se suscribió un acta a la persona que se encontraba a cargo de la comisión de auditoría por no haber reportado algunas cosas, hecho por el cual renunció al cargo.

Nunca se ha fiscalizado el cien por ciento

Mientras tanto, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, indicó que más que la investigación a los excontralores, sería pertinente investigar a los expresidentes del Congreso, porque la Ley de Servicio Civil claramente establece que es el Presidente el único que puede incrementar salarios nombrar o destituir, “en ellos recae la responsabilidad por ser la máxima autoridad, elegida por el pueblo y posteriormente de los diputados”.

Sin embargo, considera que habría que ver cuál es el grado de responsabilidad de los exfuncionarios, porque al final también es parte del erario público, pero debe ser de periodos atrás, “hay que reconocer que es la Contraloría la que debe de fiscalizar todos los recursos del erario nacional”.

Montenegro señala que “nunca, nunca en ningún periodo desde el surgimiento de la Contraloría General de Cuentas,

se ha fiscalizado el cien por ciento del erario público, del universo total solo el diez por ciento de muestreo y al azar, hay noventa por ciento del Estado que nunca se han fiscalizado”.

“Pero también hay que reclamar al MP, porque muchas de las denuncias que se han llevado al MP, por parte del CGC ,no se les dio seguimiento, tanto que alcaldes y otros funcionarios ya están fuera del país. Quince años llevan las denuncias que la Contraloría traslada siempre después de la fiscalización del presupuesto y no se ha visto que se haya trabajado”, manifestó la legisladora.

Sospechas fundadas

Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana (AC), dijo que “urge esa investigación, pues resulta muy sospechoso que todas las redes de corrupción hayan operado con total libertad sin haber sido descubiertas”.

Además refirió que tal como ocurrió con el proceso de selección de las Cortes de Justicia, la elección del Contralor General, “fue cooptada por grupos de interés dentro de los colegios de profesionales”.

Marvin Flores, también de AC apuntó que “el Estado de Guatemala nunca ha tenido un inventario del recurso humano que trabaja para la administración pública, algo que hasta ahora está haciendo la Contraloría”.

Además, Flores explicó que Nora Segura, extitular de la Contraloría, “estuvo muy de cerca en la administración del Partido Patriota, de hecho como Acción Ciudadana se interpuso una acción de amparo porque la Contraloría negó información pública acerca de una auditoría realizada en relación con el subsidio al transporte público de la ciudad de Guatemala”.

Por lo que a consideración de Flores, “cabe cualquier denuncia porque en la administración de Segura se faltó a la responsabilidad que le compete a la CGC. Agregó que esa entidad debe hacer un trabajo focalizado, es decir, que si en el Organismo Ejecutivo, por ejemplo, se sabe que la corrupción está en el Consejo Departamental de Desarrollo, ahí debe enfocarse, si se conoce que en las instituciones descentralizadas y autónomas, las más corruptas son la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y en la aduanas, ahí debe prestarse la atención”.

El trabajo de la Contraloría

A continuación se presenta un resumen del resultado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de Cuentas, según trabajo efectuado por diputados de la bancada Encuentro por Guatemala. El estudio abarca diez años, de 2004 a 2014.