Con el advenimiento de los juicios político-jurídicos orientados a destruir la corrupción en las instituciones de gobierno surge la pregunta si las máscaras de podredumbre no han infectado la confianza que todo un pueblo tiene en las instituciones públicas.
El empoderamiento de los entes fiscalizadores carece de la bala mágica que puede subsanar un sistema sin afectar ese organismo vivo, sano que permite la gobernabilidad de un pueblo autodeterminado. La noción de corrupción se inserta como un neologismo que no da una definición satisfactoria a la población material y formalmente correcta. Por el contrario arroja aguijones que se convierten en acicates que vulneran la gobernabilidad.
La intromisión es inequívoca. No hay ambigüedades de las verdaderas intenciones. No están buscando la justicia sino un reordenamiento político que denota una noción nueva de control social para que aquellos que desempeñen la tarea como magistrados, jueces y legisladores abandonen la noción vieja de justicia y adopten como familiar aquella que es inculturada por la fuerza.
Fuera de los ejemplos (capturas, juicios y manipulación de la opinión pública), no existe una definición formal de la justicia. Se enfoca el aspecto material de la misma sin haber propuesto formalmente un elemento de fundamental de corrección de la definición formal de corrupción e impunidad.
La estructura formal del lenguaje de los fiscales y mucilagos internacionales, es inerte a la dinámica antijurídica de los grupos sociales pero si es eminentemente deletérea para la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente y su Consejo de Ministros como se ha visto desde 2015 y los primeros meses del actual gobierno.
Sin embargo, los fenómenos psicológicos de terror que atacan los juicios y creencias bajo la noción inequívoca del combate a la corrupción no se fijan cuantitativamente en la dinámica económica de Guatemala sino en las excepciones grotescas, focalizadas de la corrupción que pueden provocar un efecto dominó en un papel geopolítico.
Las nociones de verdad de los cazadores de impunidad pueden volverse falsas si se analiza la óptica de lo que importa salvar como pueblo y ver que son absolutamente graves si se les juzga desde el futuro y no desde el pasado político de Guatemala. La intención de eliminar la corrupción plantea consecuencias más graves cuyos nuevos ejemplos (el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala) terminarán inequívocamente destruyendo la vida cotidiana del guatemalteco y aumentando desproporcionadamente los niveles de ambigüedad de la justicia hasta convertirla en nociones demócratas contagiadas del socialismo del siglo XXI destruyendo la base constitutiva de la sociedad sumiéndola en la más graves de las anarquías. Eso con el beneplácito y confabulación de guatemaltecos que predican pero no se convierten.
Con el advenimiento de los juicios político-jurídicos orientados a destruir la corrupción en las instituciones de gobierno surge la pregunta si las máscaras de podredumbre no han infectado la confianza que todo un pueblo tiene en las instituciones públicas.
El empoderamiento de los entes fiscalizadores carece de la bala mágica que puede subsanar un sistema sin afectar ese organismo vivo, sano que permite la gobernabilidad de un pueblo autodeterminado. La noción de corrupción se inserta como un neologismo que no da una definición satisfactoria a la población material y formalmente correcta. Por el contrario arroja aguijones que se convierten en acicates que vulneran la gobernabilidad.
La intromisión es inequívoca. No hay ambigüedades de las verdaderas intenciones. No están buscando la justicia sino un reordenamiento político que denota una noción nueva de control social para que aquellos que desempeñen la tarea como magistrados, jueces y legisladores abandonen la noción vieja de justicia y adopten como familiar aquella que es inculturada por la fuerza.
Fuera de los ejemplos (capturas, juicios y manipulación de la opinión pública), no existe una definición formal de la justicia. Se enfoca el aspecto material de la misma sin haber propuesto formalmente un elemento de fundamental de corrección de la definición formal de corrupción e impunidad.
La estructura formal del lenguaje de los fiscales y mucilagos internacionales, es inerte a la dinámica antijurídica de los grupos sociales pero si es eminentemente deletérea para la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente y su Consejo de Ministros como se ha visto desde 2015 y los primeros meses del actual gobierno.
Sin embargo, los fenómenos psicológicos de terror que atacan los juicios y creencias bajo la noción inequívoca del combate a la corrupción no se fijan cuantitativamente en la dinámica económica de Guatemala sino en las excepciones grotescas, focalizadas de la corrupción que pueden provocar un efecto dominó en un papel geopolítico.
Las nociones de verdad de los cazadores de impunidad pueden volverse falsas si se analiza la óptica de lo que importa salvar como pueblo y ver que son absolutamente graves si se les juzga desde el futuro y no desde el pasado político de Guatemala. La intención de eliminar la corrupción plantea consecuencias más graves cuyos nuevos ejemplos (el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala) terminarán inequívocamente destruyendo la vida cotidiana del guatemalteco y aumentando desproporcionadamente los niveles de ambigüedad de la justicia hasta convertirla en nociones demócratas contagiadas del socialismo del siglo XXI destruyendo la base constitutiva de la sociedad sumiéndola en la más graves de las anarquías. Eso con el beneplácito y confabulación de guatemaltecos que predican pero no se convierten.