Los exdiputados Alfredo Rabbé, Edgar Cristiani y Carlos Herrera y al exdirector general del Congreso, Luis Mijangos, fueron ligados a proceso penal por el juez Walter Villatoro, por su presunta participación en la contratación irregular de plazas en el Organismo Legislativo.
Ayer el Ministerio Público (MP) solicitó al juez ligar a proceso penal a los exdiputados y el exfuncionario, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), querellantes adhesivos en el caso, los vinculan en la contratación anómala y excesiva de personal en ese Organismo.
Las contrataciones
De acuerdo con las investigaciones, realizaron un gran número de contrataciones que tienen una serie de irregularidades evidentes e ilegales. La Fiscalía explicó ante el juez que, en el caso de Mijangos Contreras, entre 2014 y 2015, realizó la contratación de 87 asistentes asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente.
Asimismo, suscribió los contratos de 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas, las cuales fueron autorizadas por el diputado Arístides Crespo, de forma arbitraria e injustificada. Las pesquisas determinan que varias de las personas no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole.
En el caso del ex diputado Cristiani, el MP determinó que solicitó la contratación bajo el renglón 022 de 19 personas en 2015. Se identificó que al menos cinco personas cobraban su salario y no asistían a sus labores, dos de ellas trabajaban en otras instituciones del Estado y tres en la iniciativa privada.
Herrera Quezada solicitó la contratación a cargo del renglón 022 de 20 personas para desempeñarse como auxiliares en la Cuarta Secretaría. Además de las tres contrataciones permitidas por la ley. Se presume que siete personas cobraban su salario y no asistían a sus labores.
Mientras que Rabbé Tejada pidió la contratación bajo el renglón 022 de 21 personas para desempeñarse como auxiliares en la Cuarta Secretaría, además de las tres contrataciones permitida por la Ley del Legislativo.
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De acuerdo con las investigaciones, realizaron un gran número de contrataciones que tienen una serie de irregularidades evidentes e ilegales. La Fiscalía explicó ante el juez que, en el caso de Mijangos Contreras, entre 2014 y 2015, realizó la contratación de 87 asistentes asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente.
Asimismo, suscribió los contratos de 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas, las cuales fueron autorizadas por el diputado Arístides Crespo, de forma arbitraria e injustificada. Las pesquisas determinan que varias de las personas no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole.
En el caso del ex diputado Cristiani, el MP determinó que solicitó la contratación bajo el renglón 022 de 19 personas en 2015. Se identificó que al menos cinco personas cobraban su salario y no asistían a sus labores, dos de ellas trabajaban en otras instituciones del Estado y tres en la iniciativa privada.
Herrera Quezada solicitó la contratación a cargo del renglón 022 de 20 personas para desempeñarse como auxiliares en la Cuarta Secretaría. Además de las tres contrataciones permitidas por la ley. Se presume que siete personas cobraban su salario y no asistían a sus labores.
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