La Ley de Contrataciones requiere algunos cambios para evitar discrecionalidad o alentar la impunidad y lo que se espera es que la entidad pública o privada que administre recursos públicos, cumpla la normativa para evitar prórroga de contratos y compras directas o por excepción, según expertos consultados.
La Comisión de Finanzas del Congreso recibió este lunes al titular de la cartera del Tesoro, Julio Héctor Estrada; representantes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), municipalidades y del Ministerio de Educación, quienes expresaron su conformidad con la ley y agregaron que no debería sufrir un cambio radical.
“Un problema que sufre la mayoría de instituciones públicas es que no planifica sus procesos de adquisiciones, entonces se toparon con que no se podría prorrogar el contrato o solo hay dos oferentes y la ley pide tres; ese tipo de cosas son las dificultades”, expresa el investigador Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, (CIEN).
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Según Quezada, lo pretendido con estas reformas no es trámites más rápidos, es más control. “La ley de por sí no hace que los trámites sean rápidos, porque una licitación puede llevar de seis a ocho meses, dependiendo del tipo de entidad. La ley hace más complejos los procesos, los controles por los tiempos y los plazos”.
“El problema del sector público es la falta de planificación. La alimentación escolar va a llegando a mediados de año y es un proceso que debió hacerse el año pasado. Los procesos se retrasan, más ahora que hubo un con un cambio de gobierno”, expresa el consultor del CIEN.
Procesos rigurosos
La diputada Nineth Montenegro, promotora de las más recientes modificaciones a la Ley de Contrataciones, quien también asistió a la reunión, considera necesarios ciertos cambios en el pago de servicios y contratos de arrendamientos.
El ministro de Finanzas llevó una propuesta de 13 reformas, y aunque Montenegro valoró la iniciativa, plantea algunas dudas, en especial en el artículo 8, referido al gasto fraccionado.
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“El Ministro sugirió que se acepten las compras por excepción para todos los ministerios y secretarías solo con la firma de los ministros y los secretarios, pero eso sí jamás, y también llegó con una posición radical en torno a no querer ninguna reforma”, comenta la legisladora.
Montenegro ve necesario algunos cambios a la ley.
“La principal mejora es contar con una ley que establezca nuevos controles en los procesos de compras. El tema de la subasta inversa de Guatecompras, limitar la vinculación de contratistas del Estado con financistas de campaña y aplicar mejoras a procesos. Otro cambio solicitado es en relación con las compras menores a 90 mil y que se realiza por medio de una oferta electrónica vía guatecompras”, expresa Quezada
“En cuanto a las compras por excepción, no han declarado algún Estado de Calamidad o por algún tema climático. Lo que están haciendo mucho es compras directas menores a 90 mil, pero para compras grandes no han salido licitaciones por el tema de presupuesto. Las nuevas autoridades no saben cómo llevar a cabo los procesos“, explica el representante del CIEN.
Contraloría presentará una propuesta
El Contralor General Carlos Mencos, también presentará una propuesta a la Comisión de Finanzas del Congreso para establecer procedimientos más específicos y por capítulos, ya que la ley mezcla obra pública con bienes y servicios.
“Yo vi la propuesta y hay una serie de situaciones como las fluctuaciones de precios de la obra pública. Hay que tener mucho cuidado de cómo se va a redactar esa norma, porque se mezclan las fluctuaciones de precios con los bienes y servicios y eso complica muchísimo. La misma ley dice que pueden hacer contratos cerrados, pero en todo caso queda ese margen de duda”, comenta Mencos.
“Si no salen bien las cosas, le echan la culpa de todo a la Contraloría”, comenta el contralor Carlos Mencos, acerca de los cambios a la Ley de Contrataciones.
“Necesito consensuar con la Comisión de Finanzas si están de acuerdo con los puntos de vista que les estoy planteando en cuanto al tema de reordenamiento, porque si no salen bien las cosas, le echan la culpa de todo a la Contraloría”, agrega.
Mencos comenta que la crisis de salud se podría resolver, la cual se originó debido a que no se podían prorrogar los contratos.
“Esto imposibilitó a los Ministros, en especial al de Salud, hacer una prórroga adicional. Si eso le sumamos que en enero de este año el Ministro anterior prorrogó ese convenio por seis meses, sabiendo que la ley ya tenía la condición de que no debía ser extendido más de una vez, pareciera ser que hay un ‘jueguito’ que no termina“, apunta el Contralor.
Trámites engorrosos
“Finanzas no gira prontamente las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), y cuando sale el formulario, ya es tarde para comprar lo que se necesita y aún no ha sido autorizado el proceso de subasta inversa, al menos en el caso de las compras de medicina, todas han sido compras urgentes“, explica Edgar Arana, portavoz del Ministerio de Salud, en relación con la crisis en esa entidad.
“Cuando son autorizados los CDP para la compra, ya pasaron dos meses y los insumos ya no están y se han tenido que hacer compras directas. Estas son dificultades por el cambio de la ley. Se hizo la modificación, pero no se previeron los tiempos nuevos y el procedimiento para abastecer“, agrega Arana.
Las compras de medicina han sido urgentes, asegura el Ministerio de Salud.
“Donde no hubo este problema es en el sistema de oxígeno, se levantó en mayo y el 7 de julio se adjudica y se termina el procedimiento. Es una compra grande por contrato abierto. Otro problema fue el cambio de gobierno. Cuando entraron las nuevas autoridades se pidió a Finanzas la convocatoria en febrero, pero se hizo en marzo y entonces el IGSS tuvo que cambiar representante porque quien llegaba ya no tenía autoridad para firmar y así llegó mayo. Tuvimos que decir que nosotros, como Ministerio de Salud, no hicimos el proceso”, añade el portavoz.
“Era previsible porque esos procesos en la administración pública son lentos engorrosos y tardados. Estamos trabajando con todas las normas y haciendo las licitaciones que podamos hacer con las normas de la ley y las compras directas han sido la solución. Son cosas que no sale a luz y solo se dice que no se hizo el proceso, es parte de la administración pública”, concluye Arana.
“No es excusa”
Al consultarle a Montenegro acerca de lo sucedido en el Ministerio de Salud y el IGSS, comenta que si no han aplicado la Ley, es por negligencia, incapacidad y falta de planificación.
“De mi parte, estoy en la línea de ponerles un amparo por no usar la Ley de Contrataciones, porque ellos han sido los que más facilidades han tenido”, explica la diputada.
“Hay aspectos para evaluar, pero hay otros en los cuales se debe tener mucho cuidado como la compra directa y por excepción. Se le dio derecho al Ministerio de Salud de hacer su contrato abierto. ¿Cuándo en la historia de Guatemala había pasado eso? El contrato abierto se hizo para la mayoría de los Ministerios”, agrega la legisladora.
“La excusa que acaban de entrar se las creería si fuera enero, pero ya estamos casi en julio. Es total falacia, en el Ministerio de Salud hay incapacidad, negligencia y falta de planificación“, subraya.
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La Comisión de Finanzas del Congreso recibió este lunes al titular de la cartera del Tesoro, Julio Héctor Estrada; representantes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), municipalidades y del Ministerio de Educación, quienes expresaron su conformidad con la ley y agregaron que no debería sufrir un cambio radical.
“Un problema que sufre la mayoría de instituciones públicas es que no planifica sus procesos de adquisiciones, entonces se toparon con que no se podría prorrogar el contrato o solo hay dos oferentes y la ley pide tres; ese tipo de cosas son las dificultades”, expresa el investigador Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, (CIEN).
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Procesos rigurosos
La diputada Nineth Montenegro, promotora de las más recientes modificaciones a la Ley de Contrataciones, quien también asistió a la reunión, considera necesarios ciertos cambios en el pago de servicios y contratos de arrendamientos.
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Montenegro ve necesario algunos cambios a la ley.
“La principal mejora es contar con una ley que establezca nuevos controles en los procesos de compras. El tema de la subasta inversa de Guatecompras, limitar la vinculación de contratistas del Estado con financistas de campaña y aplicar mejoras a procesos. Otro cambio solicitado es en relación con las compras menores a 90 mil y que se realiza por medio de una oferta electrónica vía guatecompras”, expresa Quezada
“En cuanto a las compras por excepción, no han declarado algún Estado de Calamidad o por algún tema climático. Lo que están haciendo mucho es compras directas menores a 90 mil, pero para compras grandes no han salido licitaciones por el tema de presupuesto. Las nuevas autoridades no saben cómo llevar a cabo los procesos“, explica el representante del CIEN.
Contraloría presentará una propuesta
El Contralor General Carlos Mencos, también presentará una propuesta a la Comisión de Finanzas del Congreso para establecer procedimientos más específicos y por capítulos, ya que la ley mezcla obra pública con bienes y servicios.
“Yo vi la propuesta y hay una serie de situaciones como las fluctuaciones de precios de la obra pública. Hay que tener mucho cuidado de cómo se va a redactar esa norma, porque se mezclan las fluctuaciones de precios con los bienes y servicios y eso complica muchísimo. La misma ley dice que pueden hacer contratos cerrados, pero en todo caso queda ese margen de duda”, comenta Mencos.
“Si no salen bien las cosas, le echan la culpa de todo a la Contraloría”, comenta el contralor Carlos Mencos, acerca de los cambios a la Ley de Contrataciones.
“Necesito consensuar con la Comisión de Finanzas si están de acuerdo con los puntos de vista que les estoy planteando en cuanto al tema de reordenamiento, porque si no salen bien las cosas, le echan la culpa de todo a la Contraloría”, agrega.
Mencos comenta que la crisis de salud se podría resolver, la cual se originó debido a que no se podían prorrogar los contratos.
“Esto imposibilitó a los Ministros, en especial al de Salud, hacer una prórroga adicional. Si eso le sumamos que en enero de este año el Ministro anterior prorrogó ese convenio por seis meses, sabiendo que la ley ya tenía la condición de que no debía ser extendido más de una vez, pareciera ser que hay un ‘jueguito’ que no termina“, apunta el Contralor.
Trámites engorrosos
“Finanzas no gira prontamente las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), y cuando sale el formulario, ya es tarde para comprar lo que se necesita y aún no ha sido autorizado el proceso de subasta inversa, al menos en el caso de las compras de medicina, todas han sido compras urgentes“, explica Edgar Arana, portavoz del Ministerio de Salud, en relación con la crisis en esa entidad.
“Cuando son autorizados los CDP para la compra, ya pasaron dos meses y los insumos ya no están y se han tenido que hacer compras directas. Estas son dificultades por el cambio de la ley. Se hizo la modificación, pero no se previeron los tiempos nuevos y el procedimiento para abastecer“, agrega Arana.
Las compras de medicina han sido urgentes, asegura el Ministerio de Salud.
“Donde no hubo este problema es en el sistema de oxígeno, se levantó en mayo y el 7 de julio se adjudica y se termina el procedimiento. Es una compra grande por contrato abierto. Otro problema fue el cambio de gobierno. Cuando entraron las nuevas autoridades se pidió a Finanzas la convocatoria en febrero, pero se hizo en marzo y entonces el IGSS tuvo que cambiar representante porque quien llegaba ya no tenía autoridad para firmar y así llegó mayo. Tuvimos que decir que nosotros, como Ministerio de Salud, no hicimos el proceso”, añade el portavoz.
“Era previsible porque esos procesos en la administración pública son lentos engorrosos y tardados. Estamos trabajando con todas las normas y haciendo las licitaciones que podamos hacer con las normas de la ley y las compras directas han sido la solución. Son cosas que no sale a luz y solo se dice que no se hizo el proceso, es parte de la administración pública”, concluye Arana.
“No es excusa”
Al consultarle a Montenegro acerca de lo sucedido en el Ministerio de Salud y el IGSS, comenta que si no han aplicado la Ley, es por negligencia, incapacidad y falta de planificación.
“De mi parte, estoy en la línea de ponerles un amparo por no usar la Ley de Contrataciones, porque ellos han sido los que más facilidades han tenido”, explica la diputada.
“Hay aspectos para evaluar, pero hay otros en los cuales se debe tener mucho cuidado como la compra directa y por excepción. Se le dio derecho al Ministerio de Salud de hacer su contrato abierto. ¿Cuándo en la historia de Guatemala había pasado eso? El contrato abierto se hizo para la mayoría de los Ministerios”, agrega la legisladora.
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