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Pérez Molina: “es la CICIG la que tiene cooptado al Estado”

Allan Martinez
13 de junio, 2016

El expresidente Otto Pérez Molina expresó que es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) la que “ha cooptado las instituciones del Estado y además, señaló que la entidad “se ha convertido en vocero de Juan Carlos Monzón”.

“Esa situación no puede ser. Aquí se tiene que aclarar. Cuando usted ve que arman un caso y después otro y es en base a testimonios, lo único que le queda es decir que hay varios intereses detrás”, expresó Pérez Molina.

“Aquí lo que quisieron hacer es justificar por qué presentaron el antejuicio con el cual yo renuncié”, se defendió Pérez Molina. En cuanto al caso “La Cooperacha”, el exmandatario expresó que la CICIG solo lo acusa con una declaración. “Es el testimonio de Juan Carlos Monzón y un ‘papelito’ y esa es la prueba de la CICIG“, acotó.

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Nunca recibí ese helicóptero“, dijo el exPresidente antes de ser retirado por las fuerzas policiales.

Audiencia se reanuda este martes

La audiencia de primera declaración fue suspendida y se reanudará este martes a las 9 de la mañana en la sala de vistas, decidió el juez Miguel Ángel Gálvez.

La sala acogió a unos 40 vinculados al caso “Cooptación del Estado” que según la CICIG y el Ministerio Público, se conformó por una extensa red de corrupción que inició operaciones en 2008, lavando dinero de financistas no reportados al Tribunal Supremo Electoral y luego, al asumir el poder el Partido Patriota en 2012, la organización se dedicó a pedir sobornos a contratistas del Estado.

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“Aquí lo que quisieron hacer es justificar por qué presentaron el antejuicio con el cual yo renuncié”, se defendió Pérez Molina. En cuanto al caso “La Cooperacha”, el exmandatario expresó que la CICIG solo lo acusa con una declaración. “Es el testimonio de Juan Carlos Monzón y un ‘papelito’ y esa es la prueba de la CICIG“, acotó.

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La sala acogió a unos 40 vinculados al caso “Cooptación del Estado” que según la CICIG y el Ministerio Público, se conformó por una extensa red de corrupción que inició operaciones en 2008, lavando dinero de financistas no reportados al Tribunal Supremo Electoral y luego, al asumir el poder el Partido Patriota en 2012, la organización se dedicó a pedir sobornos a contratistas del Estado.

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