La propuesta de revivir el desfile militar del 30 de junio reabrió dos debates significativos respecto al Ejército de Guatemala. El primero, muy común en el país, giró respecto al rol histórico de la institución castrense como actor de poder, de su rol en el Conflicto Armado, de la defensa del orden constituido frente a la amenaza insurgente, y de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las tres décadas y media de conflicto.
El segundo debate, más profundo e interesante desde para el análisis prospectivo, giró entorno al rol que el Ejército de Guatemala debe jugar en el siglo XXI. Y ojo que esta última discusión no es exclusiva de Guatemala.
Desde la Paz de Westfalia de 1648, y el advenimiento de la concepción moderna de Estado, se ha reconocido el rol de los ejércitos como garantes de la soberanía, como defensores de la integridad territorial y las fronteras de los Estados, y como expresiones del poder bélico de una nación. En diversos países de América Latina, Asia y África, en donde la Guerra Fría se materializó a través de conflictos internos, el rol de los ejércitos se entendió también como garantes del orden institucional, frente a las amenazas de insurgencias marxistas apoyadas por Moscú, o por fuerzas irregulares patrocinadas por Washington y la CIA, dependiendo del caso
Sin embargo, los paradigmas tradicionales de la concepción de Estado y sus amenazas han cambiado en las últimas tres décadas. Si bien el conflicto sigue siendo una constante mundial, las características de ese conflicto han cambiado. Atrás quedaron las guerras inter-estatales con enfrentamientos directos entre Ejércitos regulares. Hoy, en cambio, los Estados se enfrentan a amenazas difusas, provenientes de agrupaciones para-estatales que operan de forma transnacional, y cuya motivación es económica, escatológica o simplemente, ilícita.
En estas categorías destaca el caso del narcotráfico, del terrorismo islamista, del tráfico de armas y demás ilícitos. Y tal y como la experiencia del Ejército Americano en Irak y Afganistán en su lucha contra Al Qaeda e ISIS, o del Ejército mexicano en su lucha contra los Zetas, las Fuerzas Armadas tradicionales no están entrenadas, equipadas o preparadas en términos de doctrina, para luchar contra amenazas de tercera y cuarta generación.
En este momento de incertidumbre respecto al rol de los Ejércitos en el siglo XXI, destacan algunas nociones que se aprenden de las experiencias recientes. Por un lado, se reconoce la necesidad que todo Estado cuente con una reserva estratégica institucional para responder a las amenazas emergentes, o para atender crisis inesperadas. Se reconoce también que la frontera entre lo policial y lo militar se difumina día a día. Las policías adoptan cada vez más valores, entrenamientos y prácticas propias de los Ejércitos; mientras estos últimos deben tener la capacidad de adaptarse a la persecución de narcos, terroristas, o de reconstruir el orden en sociedades post-conflicto. Se reconoce también que las fuerzas de defensa deben apostar más por la inteligencia estratégica, por la movilidad táctica y la especialización en fuerzas de tarea entrenadas específicamente para atender las amenazas emergentes.
La propuesta de revivir el desfile militar del 30 de junio reabrió dos debates significativos respecto al Ejército de Guatemala. El primero, muy común en el país, giró respecto al rol histórico de la institución castrense como actor de poder, de su rol en el Conflicto Armado, de la defensa del orden constituido frente a la amenaza insurgente, y de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las tres décadas y media de conflicto.
El segundo debate, más profundo e interesante desde para el análisis prospectivo, giró entorno al rol que el Ejército de Guatemala debe jugar en el siglo XXI. Y ojo que esta última discusión no es exclusiva de Guatemala.
Desde la Paz de Westfalia de 1648, y el advenimiento de la concepción moderna de Estado, se ha reconocido el rol de los ejércitos como garantes de la soberanía, como defensores de la integridad territorial y las fronteras de los Estados, y como expresiones del poder bélico de una nación. En diversos países de América Latina, Asia y África, en donde la Guerra Fría se materializó a través de conflictos internos, el rol de los ejércitos se entendió también como garantes del orden institucional, frente a las amenazas de insurgencias marxistas apoyadas por Moscú, o por fuerzas irregulares patrocinadas por Washington y la CIA, dependiendo del caso
Sin embargo, los paradigmas tradicionales de la concepción de Estado y sus amenazas han cambiado en las últimas tres décadas. Si bien el conflicto sigue siendo una constante mundial, las características de ese conflicto han cambiado. Atrás quedaron las guerras inter-estatales con enfrentamientos directos entre Ejércitos regulares. Hoy, en cambio, los Estados se enfrentan a amenazas difusas, provenientes de agrupaciones para-estatales que operan de forma transnacional, y cuya motivación es económica, escatológica o simplemente, ilícita.
En estas categorías destaca el caso del narcotráfico, del terrorismo islamista, del tráfico de armas y demás ilícitos. Y tal y como la experiencia del Ejército Americano en Irak y Afganistán en su lucha contra Al Qaeda e ISIS, o del Ejército mexicano en su lucha contra los Zetas, las Fuerzas Armadas tradicionales no están entrenadas, equipadas o preparadas en términos de doctrina, para luchar contra amenazas de tercera y cuarta generación.
En este momento de incertidumbre respecto al rol de los Ejércitos en el siglo XXI, destacan algunas nociones que se aprenden de las experiencias recientes. Por un lado, se reconoce la necesidad que todo Estado cuente con una reserva estratégica institucional para responder a las amenazas emergentes, o para atender crisis inesperadas. Se reconoce también que la frontera entre lo policial y lo militar se difumina día a día. Las policías adoptan cada vez más valores, entrenamientos y prácticas propias de los Ejércitos; mientras estos últimos deben tener la capacidad de adaptarse a la persecución de narcos, terroristas, o de reconstruir el orden en sociedades post-conflicto. Se reconoce también que las fuerzas de defensa deben apostar más por la inteligencia estratégica, por la movilidad táctica y la especialización en fuerzas de tarea entrenadas específicamente para atender las amenazas emergentes.