Por Richard Aitkenhead Castillo
El populismo absurdo está de moda. No solamente en Guatemala, también en el mundo desarrollado. En la era digital es fácil difundir contenido escrito o visual, tocando de manera irresponsable una arista de un problema para generalizar una emoción específica en el receptor del mensaje. Es la estrategia de Trump en Estados Unidos, fue la estrategia en Brexit en Inglaterra, y es el juego que hacen los líderes comunitarios en el tema de la minería y las hidroeléctricas. La irresponsabilidad parlamentaria y la demagogia pura es evidente, por parte de los diputados de Convergencia CPO-CRD, con su iniciativa de ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica. Populismo al máximo.
En una iniciativa descabellada, los parlamentarios inician sus considerandos señalando que la Constitución establece que el Estado de Guatemala tiene como finalidad el bien común y que dentro de sus obligaciones fundamentales debe promover el desarrollo económico estimulando la actividad industrial. Pasan posteriormente a proponer dos artículos para la ley: primero, por un plazo de cinco años, proponen se suspenda la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas; y, segundo, proponen que las licencias ya otorgadas deben revocarse y quedar sujetas a la disposición anterior.
Estos diputados, haciendo gala de total irresponsabilidad, proponen que el Estado de Guatemala viole toda actuación legal previa, suspendiendo toda operación hidroeléctrica autorizada y en funcionamiento. En pocas palabras, proponen la quiebra financiera del Gobierno, de los bancos locales y de la economía en general. Parecen ignorar las demandas que se originarían de parte de la enorme cantidad de hidroeléctricas existentes, que no podría pagar el gobierno, ni en 20 años. Ignoran la quiebra que se generaría en el sistema bancario nacional, el financiador mayoritario de estos proyectos. Su propuesta equivale a impulsar la peor crisis fiscal de la historia, sin razón justificable. Tampoco consideran el efecto en el abastecimiento y precio de energía para la ciudadanía y la industria, ni el costo e impacto ambiental de producir con base en combustibles fósiles que violarían los convenios ambientales internacionales firmados por Guatemala. Un franco disparate.
Llevar la temática de la consulta comunitaria a esta desproporción, es rídiculo. Es pretender colocar el interés comunitario sobre el nacional. El individual sobre el colectivo. Guatemala necesita visión de futuro de sus funcionarios y líderes, no populismo irresponsable. Esta iniciativa no puede ser discutida, tan solo desechada. Basta de jugar con los sentimientos populares y de llevar a los extremos la demagogia, como instrumento de promoción de políticas públicas. Guatemala requiere algo mejor de sus diputados. Ojalá no sea mucho pedir. Esta iniciativa no tiene más camino que un dictamen negativo en la Comisión respectiva. Es tan irresponsable que se convierte en peligrosa.
Por Richard Aitkenhead Castillo
El populismo absurdo está de moda. No solamente en Guatemala, también en el mundo desarrollado. En la era digital es fácil difundir contenido escrito o visual, tocando de manera irresponsable una arista de un problema para generalizar una emoción específica en el receptor del mensaje. Es la estrategia de Trump en Estados Unidos, fue la estrategia en Brexit en Inglaterra, y es el juego que hacen los líderes comunitarios en el tema de la minería y las hidroeléctricas. La irresponsabilidad parlamentaria y la demagogia pura es evidente, por parte de los diputados de Convergencia CPO-CRD, con su iniciativa de ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica. Populismo al máximo.
En una iniciativa descabellada, los parlamentarios inician sus considerandos señalando que la Constitución establece que el Estado de Guatemala tiene como finalidad el bien común y que dentro de sus obligaciones fundamentales debe promover el desarrollo económico estimulando la actividad industrial. Pasan posteriormente a proponer dos artículos para la ley: primero, por un plazo de cinco años, proponen se suspenda la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas; y, segundo, proponen que las licencias ya otorgadas deben revocarse y quedar sujetas a la disposición anterior.
Estos diputados, haciendo gala de total irresponsabilidad, proponen que el Estado de Guatemala viole toda actuación legal previa, suspendiendo toda operación hidroeléctrica autorizada y en funcionamiento. En pocas palabras, proponen la quiebra financiera del Gobierno, de los bancos locales y de la economía en general. Parecen ignorar las demandas que se originarían de parte de la enorme cantidad de hidroeléctricas existentes, que no podría pagar el gobierno, ni en 20 años. Ignoran la quiebra que se generaría en el sistema bancario nacional, el financiador mayoritario de estos proyectos. Su propuesta equivale a impulsar la peor crisis fiscal de la historia, sin razón justificable. Tampoco consideran el efecto en el abastecimiento y precio de energía para la ciudadanía y la industria, ni el costo e impacto ambiental de producir con base en combustibles fósiles que violarían los convenios ambientales internacionales firmados por Guatemala. Un franco disparate.
Llevar la temática de la consulta comunitaria a esta desproporción, es rídiculo. Es pretender colocar el interés comunitario sobre el nacional. El individual sobre el colectivo. Guatemala necesita visión de futuro de sus funcionarios y líderes, no populismo irresponsable. Esta iniciativa no puede ser discutida, tan solo desechada. Basta de jugar con los sentimientos populares y de llevar a los extremos la demagogia, como instrumento de promoción de políticas públicas. Guatemala requiere algo mejor de sus diputados. Ojalá no sea mucho pedir. Esta iniciativa no tiene más camino que un dictamen negativo en la Comisión respectiva. Es tan irresponsable que se convierte en peligrosa.