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Un sistema penitenciario obsoleto

Redacción
20 de julio, 2016

El lunes la Granja Penal de Pavón fue escenario de un caos cuando dos grupos de presos se disputaron el control de la cárcel. En el enfrentamiento lanzaron una granada de fragmentación y utilizaron armas de tres calibres, allí murieron trece personas, entre ellas el capitán Lima Oliva, quien supuestamente tenía el control de Pavón. Las dudas no dejan de surgir, ¿cómo ingresaron este tipo de armamento a una prisión de máxima seguridad? ¿quién remplazara el liderazgo de Lima? ¿dónde ha quedado el control del Sistema Penitenciario (SP)? y, ¿desde cuándo el Estado perdió autoridad en esta institución? Lo cierto en todo esto es que, los sucedido el lunes, evidencia que el SP de nuestro país es obsoleto y ha caducado por completo.

La Ley del Régimen Penitenciario indica que el fin del SP es custodiar a las personas reclusas y garantizar su rehabilitación. Nuestra Constitución fundamenta lo mismo, diciendo que el objetivo de esta institución es la “readaptación social y reeducación de los reclusos”. Su naturaleza entonces es ayudar a resocializar a los criminales, mas no castigarlos. Un caso exitoso en ese sentido es el de República Dominicana. Ellos han empleado un nuevo modelo de gestión penitenciaria, basándose en cinco pilares: (i) marco jurídico, (ii) infraestructura adecuada, (iii) creación de la Escuela Nacional Penitenciaria, (iv) selección, reclutamiento y capacitación del personal, y (v) diseño e implementación de programas de reeducación. Su meta es que los centros penitenciarios sean lugares de segunda oportunidad y verdaderos centros de rehabilitación. No obstante, en Guatemala, el menor recurso humano en esta institución es el que se dedica a la rehabilitación de los privados de libertad. Además, la ausencia de autoridad que impera en las cárceles permite que los presos hagan válidas sus propias leyes y normas, delinquiendo desde sus propias celdas y sobreviviendo como pueden. Lejos de rehabilitarse y reeducarse para, eventualmente, integrarse como un activo a la sociedad, muchos de ellos continúan teniendo una vida criminal durante el cumplimiento de su condena.

En nuestro país, el SP es una institución olvidada. Los retos que enfrenta son incontables, primero, el sistema está peor que sobrepoblado. Según el CIEN, a junio de este año, la tasa promedio de ocupación carcelaria es 300%. En segundo lugar, la carrera penitenciaria es inexistente. Los aspirantes a agentes reciben una formación de 6 meses. En otros países de la región, como Chile, la duración de la formación inicial de los agentes llega a ser de un año. Hace algunos días, autoridades del SP oficializaron la apertura de convocatoria para guardias penitenciarios, que hoy suman un poco más de 3mil 811 agentes. Ellos se dividen en dos turnos la custodia de más de 20 mil privados de libertad, y día a día enfrentan condiciones de trabajo sumamente lamentables: armamento obsoleto, falta de indumentaria adecuada, alimentos en mal estado, y un salario base de Q1,925. Este monto asombra al compararse con los Q4,475 que recibe mes a mes un agente de seguridad del Congreso.

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En tercer lugar, hay fuertes limitantes en cuanto a infraestructura. Hoy existen 22 centros que tienen 6,500 espacios disponibles, sin embargo, la población de reclusos asciende a 20mil. Ello implica hacinamiento, desorden, falta de control y otras problemáticas, como por el hecho de que existe una mezcla en el perfil de las personas que se encuentran cumpliendo sentencia. Las autoridades habían presupuestado 300 millones para infraestructura, pero esto nunca se concretó. El presupuesto actual (Q500 millones) únicamente sirve para hacerle frente a los gastos de funcionamiento y es insuficiente para contratar a más personal, además tienen que hacerle frente a una deuda de Q72millones por la adquisición de alimentos. Con un panorama tan desolador, ¿cómo puede el Estado guatemalteco garantizar las condiciones mínimas de todos los centros penitenciarios y la rehabilitación e reinserción social de los criminales?

Guatemala debe recuperar su autoridad en esta institución y el control de las granjas penales, pero esto es imposible si no se le asigna el presupuesto necesario. La intención de recuperar el sistema debe ser respaldada con recursos. Hoy hay una resistencia, de alguna manera comprensible, a asignarle más recursos al SP porque en previas ocasiones ha sido evidente el mal manejo de los fondos y el robo de los mismos. ¿Cómo vencemos esa resistencia que hoy existe para asignarle más recursos al SP? Me parece que la respuesta a esta pregunta, y que no es exclusiva a la situación del SP, pasa por varias etapas. Primero, que el Estado tenga suficientes recursos para distribuir. Segundo, que cada una de las áreas prioritarias pueda presentar un plan integral y de largo plazo que busque maximizar el retorno e impacto sobre la inversión que se está realizando. Dicho plan debe ser comunicado correctamente a la población y debe contemplar mecanismos de auditoría efectiva. Y, tercero, que el Sistema de Justicia haga efectivas las consecuencias penales pertinentes para aquellos que buscan enriquecerse a través de la defraudación del Estado.

No basta con decir que esta es una prioridad de nación. Un SP obsoleto y caótico nos afecta a todos, no solo porque se pone en tela de duda la capacidad del Estado por proveer seguridad, sino también porque allí mismo nacen y proliferan muchísimos crímenes que atentan contra la vida de todos los guatemaltecos, y no me refiero a solo los reclusos. Es urgente que se combata la corrupción que existe dentro de estos centros y se establezcan los controles necesarios para retomar la rectoría de las cárceles de una vez por todas. Los guatemaltecos no podemos seguir ignorando esta crisis tan trascendental, que atenta contra el bienestar y seguridad de todos. Debemos exigir hoy a nuestras autoridades reformas integrales que reestructuren el SP de nuestro país. Recordemos que esta institución es un elemento clave para que la cadena de seguridad y justicia funcione como debe ser.

www.salvadorpaiz.com
@salva_paiz

Un sistema penitenciario obsoleto

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20 de julio, 2016

El lunes la Granja Penal de Pavón fue escenario de un caos cuando dos grupos de presos se disputaron el control de la cárcel. En el enfrentamiento lanzaron una granada de fragmentación y utilizaron armas de tres calibres, allí murieron trece personas, entre ellas el capitán Lima Oliva, quien supuestamente tenía el control de Pavón. Las dudas no dejan de surgir, ¿cómo ingresaron este tipo de armamento a una prisión de máxima seguridad? ¿quién remplazara el liderazgo de Lima? ¿dónde ha quedado el control del Sistema Penitenciario (SP)? y, ¿desde cuándo el Estado perdió autoridad en esta institución? Lo cierto en todo esto es que, los sucedido el lunes, evidencia que el SP de nuestro país es obsoleto y ha caducado por completo.

La Ley del Régimen Penitenciario indica que el fin del SP es custodiar a las personas reclusas y garantizar su rehabilitación. Nuestra Constitución fundamenta lo mismo, diciendo que el objetivo de esta institución es la “readaptación social y reeducación de los reclusos”. Su naturaleza entonces es ayudar a resocializar a los criminales, mas no castigarlos. Un caso exitoso en ese sentido es el de República Dominicana. Ellos han empleado un nuevo modelo de gestión penitenciaria, basándose en cinco pilares: (i) marco jurídico, (ii) infraestructura adecuada, (iii) creación de la Escuela Nacional Penitenciaria, (iv) selección, reclutamiento y capacitación del personal, y (v) diseño e implementación de programas de reeducación. Su meta es que los centros penitenciarios sean lugares de segunda oportunidad y verdaderos centros de rehabilitación. No obstante, en Guatemala, el menor recurso humano en esta institución es el que se dedica a la rehabilitación de los privados de libertad. Además, la ausencia de autoridad que impera en las cárceles permite que los presos hagan válidas sus propias leyes y normas, delinquiendo desde sus propias celdas y sobreviviendo como pueden. Lejos de rehabilitarse y reeducarse para, eventualmente, integrarse como un activo a la sociedad, muchos de ellos continúan teniendo una vida criminal durante el cumplimiento de su condena.

En nuestro país, el SP es una institución olvidada. Los retos que enfrenta son incontables, primero, el sistema está peor que sobrepoblado. Según el CIEN, a junio de este año, la tasa promedio de ocupación carcelaria es 300%. En segundo lugar, la carrera penitenciaria es inexistente. Los aspirantes a agentes reciben una formación de 6 meses. En otros países de la región, como Chile, la duración de la formación inicial de los agentes llega a ser de un año. Hace algunos días, autoridades del SP oficializaron la apertura de convocatoria para guardias penitenciarios, que hoy suman un poco más de 3mil 811 agentes. Ellos se dividen en dos turnos la custodia de más de 20 mil privados de libertad, y día a día enfrentan condiciones de trabajo sumamente lamentables: armamento obsoleto, falta de indumentaria adecuada, alimentos en mal estado, y un salario base de Q1,925. Este monto asombra al compararse con los Q4,475 que recibe mes a mes un agente de seguridad del Congreso.

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En tercer lugar, hay fuertes limitantes en cuanto a infraestructura. Hoy existen 22 centros que tienen 6,500 espacios disponibles, sin embargo, la población de reclusos asciende a 20mil. Ello implica hacinamiento, desorden, falta de control y otras problemáticas, como por el hecho de que existe una mezcla en el perfil de las personas que se encuentran cumpliendo sentencia. Las autoridades habían presupuestado 300 millones para infraestructura, pero esto nunca se concretó. El presupuesto actual (Q500 millones) únicamente sirve para hacerle frente a los gastos de funcionamiento y es insuficiente para contratar a más personal, además tienen que hacerle frente a una deuda de Q72millones por la adquisición de alimentos. Con un panorama tan desolador, ¿cómo puede el Estado guatemalteco garantizar las condiciones mínimas de todos los centros penitenciarios y la rehabilitación e reinserción social de los criminales?

Guatemala debe recuperar su autoridad en esta institución y el control de las granjas penales, pero esto es imposible si no se le asigna el presupuesto necesario. La intención de recuperar el sistema debe ser respaldada con recursos. Hoy hay una resistencia, de alguna manera comprensible, a asignarle más recursos al SP porque en previas ocasiones ha sido evidente el mal manejo de los fondos y el robo de los mismos. ¿Cómo vencemos esa resistencia que hoy existe para asignarle más recursos al SP? Me parece que la respuesta a esta pregunta, y que no es exclusiva a la situación del SP, pasa por varias etapas. Primero, que el Estado tenga suficientes recursos para distribuir. Segundo, que cada una de las áreas prioritarias pueda presentar un plan integral y de largo plazo que busque maximizar el retorno e impacto sobre la inversión que se está realizando. Dicho plan debe ser comunicado correctamente a la población y debe contemplar mecanismos de auditoría efectiva. Y, tercero, que el Sistema de Justicia haga efectivas las consecuencias penales pertinentes para aquellos que buscan enriquecerse a través de la defraudación del Estado.

No basta con decir que esta es una prioridad de nación. Un SP obsoleto y caótico nos afecta a todos, no solo porque se pone en tela de duda la capacidad del Estado por proveer seguridad, sino también porque allí mismo nacen y proliferan muchísimos crímenes que atentan contra la vida de todos los guatemaltecos, y no me refiero a solo los reclusos. Es urgente que se combata la corrupción que existe dentro de estos centros y se establezcan los controles necesarios para retomar la rectoría de las cárceles de una vez por todas. Los guatemaltecos no podemos seguir ignorando esta crisis tan trascendental, que atenta contra el bienestar y seguridad de todos. Debemos exigir hoy a nuestras autoridades reformas integrales que reestructuren el SP de nuestro país. Recordemos que esta institución es un elemento clave para que la cadena de seguridad y justicia funcione como debe ser.

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