Pagar impuestos es quizá la parte más difícil y dolorosa de nuestra vida adulta, sobre todo cuando tenemos a los fantasmas de Roxana Baldetti y Otto Pérez merodeando por los alrededores y torturándonos con las cifras millonarias de lo que ilícitamente se habrían apropiado. 

Por ello, la propuesta que ayer hizo pública el Ejecutivo resulta ser un verdadero martirio. Y si nos ponemos a pensar en que este documento llega hoy al Congreso, la reacción inmediata es persignarse, porque sabemos la clase de “padres de la patria” que están acurrucados en las curules.

Pero tampoco es de sabios quedarse con los brazos cruzados y con el Jesús en la boca. Dejarle tremendo paquete solamente al Legislativo es firmar un cheque en blanco. La clase política debe ser solo un actor más en este proceso, el cual exige ser implementado con pensamiento sistémico; y no de un sector, sino de país. El diálogo incluyente es el camino más sano.

Esa forma de pensamiento debe dirigirnos a ver más allá de nuestro presente, de las ideologías y de las tasas. Por supuesto que no nos agrada pagar más, y todo es consecuencia del círculo vicioso en el que hemos estado por años: los ciudadanos decimos que el Gobierno no invierte en las necesidades más sensibles, y el Gobierno dice que no lo hace porque no hay suficiente recaudación.

Estamos claros en que lo que hace falta es una cirugía mayor al Estado; es decir, una verdadera reforma consensuada que ayude a cortar de raíz la hiedra de la corrupción que ahorca al sistema. Nunca habrá un presupuesto que alcance, cuando hay salarios exorbitantes, chorros abiertos al despilfarro en viáticos, compras innecesarias y privilegios para burócratas.

Si el Ministerio de Finanzas habla de nuevas tasas, debe poner sobre la mesa también lo que está dispuesto a dar a cambio. Y esto debe ser un compromiso del Presidente, con declaraciones serias y objetivos en la mano; no con una moraleja, una fábula o poema, sino un plan con metas cuantificables, compromisos claros y acciones inmediatas que se implementarán para que no se derroche más el producto de la recaudación.

Es deber del Estado hacer que deje de dolernos desembolsar los gravámenes cada mes; es su obligación permitirnos que, en lugar de acordarnos de las sinvergüenzadas de los corruptos, las imágenes que vengan a la mente sean las de ese niño que ahora va a una escuela digna y recibe educación de calidad, o del anciano que recibe sus medicamentos y se le trata con respeto en un hospital público.