Hace algunos días, la Comisión Presidencial para el Diálogo informó que hay 1,800 conflictos en Guatemala. El comisionado indicó que la mayoría son agrarios. También los hay limítrofes entre municipalidades, y aquellos relacionados con energía eléctrica y minería. Cualquiera que sea la razón de tanto conflicto, hay algo común en todos: ha continuado el subdesarrollo, incrementado la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo o de poner un negocio. Cabe mencionar que también ha habido una falta de capacidad de resolverlos. Por ejemplo, el comisionado mencionó que el conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán lleva 83 años.

Seguramente hay una ausencia del Estado en cuanto a proveer salud y educación dignas, infraestructura vial (palabras complicadas para referirme a un camino vecinal). Gracias a la inversión privada, seguramente hay teléfonos celulares y electricidad. Por supuesto, tendremos que ver el detalle de este listado para poder confirmar, o no, todo esto.

Tampoco creo que haya muchas sedes del Ministerio Público en las que se pueda poner una denuncia. En muchos casos habrá que desplazarse, quien sabe cuántos kilómetros, para hacerlo. Derivado de algunos conflictos, se han quemado sedes de la PNC así que podemos afirmar que, en donde están estos 1,800 conflictos, en un buen porcentaje, no hay policías. Resulta que el común denominador de todos los conflictos de tierras, invasiones y los que son en contra de proyectos de inversión y desarrollo, es la ausencia del Estado, a todo nivel y en toda actividad. Podríamos pensar que, el no tener esta presencia es algo bueno, derivado de las “graciosas ocurrencias” recientes. Pero no, en nuestra Guatemala, la Constitución establece que es obligación del Estado proveer de salud, educación, carreteras, seguridad y justicia. Pero su gigantesca ineficiencia para hacerlo ha dejado a la mayoría de la población en la pobreza y el subdesarrollo.

Y es allí donde entran los vividores, ofreciendo bienestar a cambio de ir a manifestar, bloquear carreteras, invadir terrenos ajenos, secuestrar y matar a quienes apoyan los proyectos de inversión, corromper las cortes y lograr la tan añorada inmunidad. La “defensa” de los derechos de esta población empobrecida sirve de bandera para lograr sus intereses espurios, que no son más que los millones de quetzales que reciben de la cooperación internacional. Ahora han subido de tono los conflictos ocasionados por el sector sindical. Siempre han existido, pero es en este gobierno que han alzado el vuelo con confianza y desfachatez, seguros que lograrán sus intereses, espurios también, traducidos en dinero y beneficios extremos. Nuevamente, el resultado es una educación de pésima calidad y un sistema de salud colapsado, niños desnutridos y demasiado muertos.