En una curiosa puesta en escena en el Congreso de la República, fue presentada la semana pasada la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República por parte de los tres poderes del estado. Con presencia de comunidad internacional, medios de comunicación y organizaciones sociales, el evento se coronó con un desfile de legisladores que en apretada fila buscaban poner su firma en la iniciativa, en una especie de apoyo “a la glaucoma”, pues seguramente muchos de ellos en confianza ciega y sin haberla leído del todo, la suscribieron en el acto.

No obstante la expectativa creada alrededor de esta entrega formal,  hay que detenerse a hacer algunas consideraciones útiles para el momento. Primeramente, se debe recordar que esta propuesta tuvo su verdadero origen no en los poderes del Estado sino en una alianza de entidades vinculadas a la administración de justicia, locales unas, extranjeras otras. Este hecho revela dónde reside el verdadero eje de gravedad de la justicia en Guatemala, un dato que la firma posterior de los poderes públicos buscaba de alguna manera atemperar. Lo anterior, por supuesto, no hace menos válidos los contenidos pero es bueno tenerlo presente.

Luego, la propuesta original ha pasado por el filtro de unos diálogos muy particulares. Hay que decir que a pesar de las contramarchas metodológicas, lo fatigoso que por momentos fueron algunas de sus sesiones y la lectura liberal de tendencias que poblaron algunas de sus conclusiones,  el ejercicio fue muy interesante en cuanto a poder recoger puntos de vista y medir las temperaturas de la sociedad. También hay que decir que lo que salió como propuesta de estos diálogos mejoró sensiblemente a lo que contenía la propuesta original. Es decir hubo un esfuerzo por darle más sentido y coherencia y eliminar algunos aspectos que técnicamente estaban mal planteados. Pero ello no quiere decir que éste sea ni de lejos un producto terminado.

Un tercer elemento tiene que ver con resistirse a la presión de tener que aprobar en plana, sin discusión alguna y en la vía de apremio la propuesta entregada. El diálogo social efectuado o el hecho de que la propuesta cuente con el apoyo de personas y entidades con credibilidad en el ambiente nacional, no sustituye ni debe suplantar el debate político que corresponde tener en el Congreso de la República. Tampoco se debe ceder ante el hecho de que una idea porque suene bien o sea políticamente correcta, deba ser aprobada sin miramientos. Muchas veces estos temas son jurídicamente inviables o constitucionalmente inconvenientes.

Por último, el Congreso de la República tiene el reto de abordar con seriedad esta discusión. ¿Qué significa hacerlo así? Primero, La opinión de jurisconsultos se hace fundamental. Luego también se tiene la responsabilidad de llevar un hilo conductor en sus consideraciones y debates. Ese hilo conductor son los principios republicanos de nuestra Constitución. ¿Estamos asegurando los adecuados balances de poder? ¿Estamos librando a la justicia de las influencias externas o simplemente estamos trocando unos grupos de presión por otros? ¿Hay cuentadancia adecuada en lo que se está proponiendo? ¿Estamos asegurando la cohesión y unidad nacional o complejizamos más el tejido legal y administrativo del Estado?   ¿Estamos haciendo válido el principio de igualdad o estamos creando estatutos diferenciados desde la constitución misma?  Todas son preguntas válidas de cara a lo que el Congreso de la República ha recibido como propuesta.

Con todo el peso político de los momentos que se viven y con la necesidad de redescubrir el nuevo sentido de hacer política responsable, esperamos que el Congreso acometa la tarea con un auténtico sentido de estado. En esto, si podemos decir que al Congreso de la República, le toca.

República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo