A mediados de noviembre se llevará a cabo el Foro de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Un evento en el cual participan más de 2,000 líderes empresariales de muy alto nivel, representantes de Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y algunas instituciones de cooperación internacional.
El foro normalmente muestra avances que han existido sobre la implementación de los principios rectores en el tema, tanto a nivel mundial como en Guatemala, en donde se resalta mucho progreso. Según la propia Udefegua, por ejemplo, las agresiones contra defensores de derechos humanos en los últimos dos años, se han reducido en 80 por ciento.
Ahora bien, en un país como el nuestro donde el 69 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, con una legislación que no permite la contratación a tiempo parcial, una discusión constante de querer cambiar las leyes fiscales y poca comprensión de cómo incrementar la capacitación técnica que permita elevar la productividad de los municipios, llevar a cabo el proceso de cumplimiento por parte de todas las empresas, se reconoce que lo hace más complicado.
Aunados a los propios problemas que las empresas tienen en el país, por ejemplo: altos costos de seguridad que ponen a Guatemala en la posición 135 de 138 países según el Foro Económico Mundial, un Congreso que no comprende la necesidad de aprobar leyes que faciliten el clima de negocios (no hay forma que se apruebe la Reforma al Código de Comercio) y debilidad institucional para apoyar a empresas que se establecen en el área rural, se hace difícil pensar que una agenda de empresas y derechos humanos, coherente con objetivos básicos de reducción de pobreza, pueda ser fácil de implementar.
Las discusiones en el tema fiscal, con mucha retórica pero sin datos, tampoco toman en cuenta la realidad y la conflictividad que promueven gobiernos europeos para llevar a cabo una agenda de conflictividad en el país solo dificulta atraer inversión (sino vean cómo España financia la oposición a sus propias inversiones en el país). Aunado a esto, según el último reporte del Banco Mundial, Doing Business 2017, en Guatemala pagar impuestos toma 256 horas a una empresa, en comparación con las 163 horas que toma en países de la OECD y donde además una empresa puede tardar 1,402 días en resolver una disputa comercial cuando el mismo caso se resuelve en 749 días en el resto de Latinoamérica.
Esperemos que las organizaciones internacionales puedan comprender que apoyar a las empresas en favor de los derechos humanos, es una oportunidad para el propio fortalecimiento institucional del país. @jczapata_s
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo
A mediados de noviembre se llevará a cabo el Foro de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Un evento en el cual participan más de 2,000 líderes empresariales de muy alto nivel, representantes de Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y algunas instituciones de cooperación internacional.
El foro normalmente muestra avances que han existido sobre la implementación de los principios rectores en el tema, tanto a nivel mundial como en Guatemala, en donde se resalta mucho progreso. Según la propia Udefegua, por ejemplo, las agresiones contra defensores de derechos humanos en los últimos dos años, se han reducido en 80 por ciento.
Ahora bien, en un país como el nuestro donde el 69 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, con una legislación que no permite la contratación a tiempo parcial, una discusión constante de querer cambiar las leyes fiscales y poca comprensión de cómo incrementar la capacitación técnica que permita elevar la productividad de los municipios, llevar a cabo el proceso de cumplimiento por parte de todas las empresas, se reconoce que lo hace más complicado.
Aunados a los propios problemas que las empresas tienen en el país, por ejemplo: altos costos de seguridad que ponen a Guatemala en la posición 135 de 138 países según el Foro Económico Mundial, un Congreso que no comprende la necesidad de aprobar leyes que faciliten el clima de negocios (no hay forma que se apruebe la Reforma al Código de Comercio) y debilidad institucional para apoyar a empresas que se establecen en el área rural, se hace difícil pensar que una agenda de empresas y derechos humanos, coherente con objetivos básicos de reducción de pobreza, pueda ser fácil de implementar.
Las discusiones en el tema fiscal, con mucha retórica pero sin datos, tampoco toman en cuenta la realidad y la conflictividad que promueven gobiernos europeos para llevar a cabo una agenda de conflictividad en el país solo dificulta atraer inversión (sino vean cómo España financia la oposición a sus propias inversiones en el país). Aunado a esto, según el último reporte del Banco Mundial, Doing Business 2017, en Guatemala pagar impuestos toma 256 horas a una empresa, en comparación con las 163 horas que toma en países de la OECD y donde además una empresa puede tardar 1,402 días en resolver una disputa comercial cuando el mismo caso se resuelve en 749 días en el resto de Latinoamérica.
Esperemos que las organizaciones internacionales puedan comprender que apoyar a las empresas en favor de los derechos humanos, es una oportunidad para el propio fortalecimiento institucional del país. @jczapata_s
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