En el marco de las fiestas decembrinas inexorablemente nos dirigimos por enésima vez a una decisión política en materia de salarios mínimos. El Presidente de la República nuevamente tendrá sobre su mesa que decidir la forma en que se fijarán los salarios mínimos para el próximo año, y ya puedo anticipar que no importando cuál sea su decisión, la misma no será del agrado de algunos actores sociales o económicos. ¿Cuál es la razón de este desencanto anunciado? ¿Por qué nos empeñamos como país en continuar utilizando un mecanismo que se ha mostrado completamente inadecuado? Aquí algunas razones y sus posibles soluciones.
El primero de los defectos tiene su origen en una modificación al Código de Trabajo, realizada en el año 2001. Pensando que era una especie de “conquista social”, el ministro de trabajo de la época, Juan Francisco Alfaro, cambió el régimen de discusión salarial de un formato en que la situación económica o las circunstancias dictaban o no la necesidad de una negociación a un formato de discusión anual obligatoria. O sea el mensaje es que no importa si hay condiciones o no; de todos modos hay que sentarse a discutir. Esto tuvo el principal efecto de distanciar posiciones, pues no habiendo una necesidad sentida de discutir el tema, cada quien llega a la mesa de negociación con una postura predefinida. Y de allí que todo sea un proceso automático de desencuentros donde al final quien paga la factura política es el Presidente de la República.
El segundo defecto es la ilusión óptica que crea el anuncio de incrementos. Sin una política integral de apoyo al mercado de trabajo, cualquier incremento que se adopta (utilizando muchas veces argumentos políticos), repercute poco o nada en la situación real de los trabajadores cuando no la empeora. Los empleos que están por encima del salario mínimo tienen otra dinámica que no está vinculada al salario mínimo; aquellos que están en el umbral del salario mínimo muchas veces son empujados a la informalidad porque cuando el incremento no tiene fundamento o bases reales, los sectores se ven obligados a ajustarse; y finalmente los que están en la informalidad, es decir, más del 70 por ciento de los guatemaltecos con algún tipo de actividad laboral, simplemente ven pasar el incremento como otra oportunidad perdida para conseguir la formalización de su situación.
Con tamaña impostura, con tantos actores perdiendo en la discusión, con una decisión que ni ayuda ni satisface a nadie, ¿por qué seguimos insistiendo en ella? Tengo la impresión que es por la mera inercia del proceso. A falta de tomar decisiones en el tema, a falta de una estrategia diferente y a falta de una reforma legal, las cosas seguirán sucediendo como siempre. Unos harán como que piden, otros harán como que ofrecen y unos terceros harán como que acuerdan.
Hacer las cosas diferentes pareciera ser una necesidad. ¿Qué tal si en vez de recurrir al expediente de la anualidad, se pensara por ejemplo en una estrategia de salario mínimo multianual, que confiera certeza en el largo plazo a los agentes económicos? ¿Que pasaría por ejemplo si un acuerdo alcanzando en las mesas de negociación fuera vinculante para el poder político? Sin duda daría mayor valor al tiempo invertido en las mesas de negociación y alejaría la amenaza latente que existe de que los ejecutivos quieran dar vuelta a lo discutido y otorguen incrementos por razones meramente propagandísticas (como ya ha pasado). ¿No sería acaso una buena idea también aprobar legislación para abrir la posibilidad al trabajo a tiempo parcial, logrando con ello formalizar desde su inicio esta modalidad de plazas de trabajo? ¿No sería interesante relacionar el indicador de la informalidad en el país a una política de salarios mínimos, para que ésta solo responda realmente a mejoras sustanciales en aquél y así nos aseguremos no afectar a nadie? Todas estas propuestas tienen un fuerte componente bipartito por lo que debería constituir el marco mínimo de una agenda a discutir entre líderes laborales y empresariales.
Santa Claus, ese personaje rechoncho y bonachón que reparte regalos en trineo el 24 de diciembre, es un sin duda un tipo simpático y del que todos hablan bien. Pero la realidad es que ningún adulto cree en él. Al salario mínimo le pasa igual. Todos hablan bien de él pero en el fondo saben que como instrumento socio económico no sirve ni funciona. Por ello deberíamos esperar que algún diciembre, quizás éste, podamos recibir los trabajadores y los empleadores de Guatemala un regalo sorpresa, uno que nos haga replantearnos la forma de hacer las cosas en el mercado de trabajo y poder tomar decisiones de la que todos podamos sentirnos beneficiados. Al menos ya algunos de los ingredientes de ese regalo están sugeridos en estos pensamientos; toca ahora ver si por la chimenea nos llega el tan ansiado presente.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo
En el marco de las fiestas decembrinas inexorablemente nos dirigimos por enésima vez a una decisión política en materia de salarios mínimos. El Presidente de la República nuevamente tendrá sobre su mesa que decidir la forma en que se fijarán los salarios mínimos para el próximo año, y ya puedo anticipar que no importando cuál sea su decisión, la misma no será del agrado de algunos actores sociales o económicos. ¿Cuál es la razón de este desencanto anunciado? ¿Por qué nos empeñamos como país en continuar utilizando un mecanismo que se ha mostrado completamente inadecuado? Aquí algunas razones y sus posibles soluciones.
El primero de los defectos tiene su origen en una modificación al Código de Trabajo, realizada en el año 2001. Pensando que era una especie de “conquista social”, el ministro de trabajo de la época, Juan Francisco Alfaro, cambió el régimen de discusión salarial de un formato en que la situación económica o las circunstancias dictaban o no la necesidad de una negociación a un formato de discusión anual obligatoria. O sea el mensaje es que no importa si hay condiciones o no; de todos modos hay que sentarse a discutir. Esto tuvo el principal efecto de distanciar posiciones, pues no habiendo una necesidad sentida de discutir el tema, cada quien llega a la mesa de negociación con una postura predefinida. Y de allí que todo sea un proceso automático de desencuentros donde al final quien paga la factura política es el Presidente de la República.
El segundo defecto es la ilusión óptica que crea el anuncio de incrementos. Sin una política integral de apoyo al mercado de trabajo, cualquier incremento que se adopta (utilizando muchas veces argumentos políticos), repercute poco o nada en la situación real de los trabajadores cuando no la empeora. Los empleos que están por encima del salario mínimo tienen otra dinámica que no está vinculada al salario mínimo; aquellos que están en el umbral del salario mínimo muchas veces son empujados a la informalidad porque cuando el incremento no tiene fundamento o bases reales, los sectores se ven obligados a ajustarse; y finalmente los que están en la informalidad, es decir, más del 70 por ciento de los guatemaltecos con algún tipo de actividad laboral, simplemente ven pasar el incremento como otra oportunidad perdida para conseguir la formalización de su situación.
Con tamaña impostura, con tantos actores perdiendo en la discusión, con una decisión que ni ayuda ni satisface a nadie, ¿por qué seguimos insistiendo en ella? Tengo la impresión que es por la mera inercia del proceso. A falta de tomar decisiones en el tema, a falta de una estrategia diferente y a falta de una reforma legal, las cosas seguirán sucediendo como siempre. Unos harán como que piden, otros harán como que ofrecen y unos terceros harán como que acuerdan.
Hacer las cosas diferentes pareciera ser una necesidad. ¿Qué tal si en vez de recurrir al expediente de la anualidad, se pensara por ejemplo en una estrategia de salario mínimo multianual, que confiera certeza en el largo plazo a los agentes económicos? ¿Que pasaría por ejemplo si un acuerdo alcanzando en las mesas de negociación fuera vinculante para el poder político? Sin duda daría mayor valor al tiempo invertido en las mesas de negociación y alejaría la amenaza latente que existe de que los ejecutivos quieran dar vuelta a lo discutido y otorguen incrementos por razones meramente propagandísticas (como ya ha pasado). ¿No sería acaso una buena idea también aprobar legislación para abrir la posibilidad al trabajo a tiempo parcial, logrando con ello formalizar desde su inicio esta modalidad de plazas de trabajo? ¿No sería interesante relacionar el indicador de la informalidad en el país a una política de salarios mínimos, para que ésta solo responda realmente a mejoras sustanciales en aquél y así nos aseguremos no afectar a nadie? Todas estas propuestas tienen un fuerte componente bipartito por lo que debería constituir el marco mínimo de una agenda a discutir entre líderes laborales y empresariales.
Santa Claus, ese personaje rechoncho y bonachón que reparte regalos en trineo el 24 de diciembre, es un sin duda un tipo simpático y del que todos hablan bien. Pero la realidad es que ningún adulto cree en él. Al salario mínimo le pasa igual. Todos hablan bien de él pero en el fondo saben que como instrumento socio económico no sirve ni funciona. Por ello deberíamos esperar que algún diciembre, quizás éste, podamos recibir los trabajadores y los empleadores de Guatemala un regalo sorpresa, uno que nos haga replantearnos la forma de hacer las cosas en el mercado de trabajo y poder tomar decisiones de la que todos podamos sentirnos beneficiados. Al menos ya algunos de los ingredientes de ese regalo están sugeridos en estos pensamientos; toca ahora ver si por la chimenea nos llega el tan ansiado presente.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo