Nunca antes luego del primer año de Gobierno había existido tanta incertidumbre hacia la inversión. Luego del proceso de recuperación y fortalecimiento institucional que le tomó meses a las nuevas autoridades encontrar la forma en que opera el sector público, nos encontramos ante una disyuntiva en la cual todas las élites del país pueden apostarle a generar reformas que permitan aumentar la inversión, o seguir con una estéril lucha entre izquierdas y derechas “a la tortrix” que no nos ha llevado a nada más que a una alta conflictividad hacia la inversión.
La reciente revisión del crecimiento económico a la baja para el 2017 de parte del Fondo Monetario Internacional a 3.7 por ciento, es un indicador que nos debe preocupar a todos los guatemaltecos. Es positivo para el país reconocer una importante reducción de la violencia homicida de más del 40 por ciento, pasando de 46 homicidios por cada 100,000 habitantes que teníamos en el 2009 a 27 en 2016, sin embargo, persiste que el crimen y robo siguen siendo los factores que más dificultan hacer negocios en el país.
El Banco Mundial ha catalogado a Guatemala como uno de los países donde es más complicado abrir una empresa y en donde existe limitada protección hacia la inversión, factores que dificultan la atracción de capital extranjero. Según el último reporte del Doing Business abrir una empresa en el país toma 19.5 días y cuesta 24.1 por ciento del ingreso per cápita, comparado con los 8.3 días y el costo de 3.1 por ciento del ingreso per cápita, que toma en los países de alto ingreso de la OCDE. En cuanto a la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, que permitan a los inversionistas tener mejor claridad de lo que ocurre en la empresa, en Guatemala el índice está en 3.3 sobre 10, comparado con un 6.6 de evaluación sobre 10 en los países de mayor ingreso de la OECD.
Por ello, para recuperar la agenda de atracción de inversión y aumentar el crecimiento económico hay dos iniciativas de Ley que el Congreso de la República debería aprobar en el primer trimestre, para que todavía impacten en los indicadores internacionales y de calificación de país: la iniciativa (4904) Reforma al Código de Comercio y la iniciativa (3416) ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al trabajo a tiempo parcial.
Aunado a esto, el Ejecutivo debe reglamentar el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que permita dar certeza jurídica a la inversión. De lo contrario, como ya está ocurriendo, se seguirá limitando la generación de puestos formales de trabajo en el área rural. Exijamos entonces estas reformas en beneficio del país. @jczapata_s
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Nunca antes luego del primer año de Gobierno había existido tanta incertidumbre hacia la inversión. Luego del proceso de recuperación y fortalecimiento institucional que le tomó meses a las nuevas autoridades encontrar la forma en que opera el sector público, nos encontramos ante una disyuntiva en la cual todas las élites del país pueden apostarle a generar reformas que permitan aumentar la inversión, o seguir con una estéril lucha entre izquierdas y derechas “a la tortrix” que no nos ha llevado a nada más que a una alta conflictividad hacia la inversión.
La reciente revisión del crecimiento económico a la baja para el 2017 de parte del Fondo Monetario Internacional a 3.7 por ciento, es un indicador que nos debe preocupar a todos los guatemaltecos. Es positivo para el país reconocer una importante reducción de la violencia homicida de más del 40 por ciento, pasando de 46 homicidios por cada 100,000 habitantes que teníamos en el 2009 a 27 en 2016, sin embargo, persiste que el crimen y robo siguen siendo los factores que más dificultan hacer negocios en el país.
El Banco Mundial ha catalogado a Guatemala como uno de los países donde es más complicado abrir una empresa y en donde existe limitada protección hacia la inversión, factores que dificultan la atracción de capital extranjero. Según el último reporte del Doing Business abrir una empresa en el país toma 19.5 días y cuesta 24.1 por ciento del ingreso per cápita, comparado con los 8.3 días y el costo de 3.1 por ciento del ingreso per cápita, que toma en los países de alto ingreso de la OCDE. En cuanto a la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, que permitan a los inversionistas tener mejor claridad de lo que ocurre en la empresa, en Guatemala el índice está en 3.3 sobre 10, comparado con un 6.6 de evaluación sobre 10 en los países de mayor ingreso de la OECD.
Por ello, para recuperar la agenda de atracción de inversión y aumentar el crecimiento económico hay dos iniciativas de Ley que el Congreso de la República debería aprobar en el primer trimestre, para que todavía impacten en los indicadores internacionales y de calificación de país: la iniciativa (4904) Reforma al Código de Comercio y la iniciativa (3416) ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al trabajo a tiempo parcial.
Aunado a esto, el Ejecutivo debe reglamentar el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que permita dar certeza jurídica a la inversión. De lo contrario, como ya está ocurriendo, se seguirá limitando la generación de puestos formales de trabajo en el área rural. Exijamos entonces estas reformas en beneficio del país. @jczapata_s
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo