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Cooptación del Estado: Sala confirma a Juez Gálvez en el caso

Eder Juarez
12 de diciembre, 2016

Luego de una apelación interpuesta por la defensa de la exdirectora del Registro de Información Catastral, Emilia Ayuso, para que el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, dejara de conocer el caso de Cooptación del Estado, una Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia denegó la acción de amparo y confirmó al juez en el proceso.

El abogado Mario Cuevas, defensor de Ayuso, interpuso un incidente de competencia por declinatoria, con el objetivo de separar a Gálvez y que declare su “incapacidad para continuar con el caso”.

De acuerdo con el defensor, los juzgados de Mayor Riesgo tienen una competencia especial y conocen procesos que, por su complejidad, no pueden tramitarse en juzgados comunes, de tal manera que la diligencia del caso de la Terminal de Contendores Quetzal, no puede atribuirse el de Cooptación del Estado.

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[quote_center]En los próximos días el Ministerio Público, deberá presentar la acusación formal contra los implicados en el caso Cooptación del Estado, pero todavía no tiene plazo de la Judicatura.[/quote_center]

Luego que se suspendiera el proceso, a partir del 24 de agosto, el Juzgado decidirá las fechas para el inicio de la etapa intermedia del proceso penal contra altos funcionarios, empresarios, contratistas y particulares.

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El abogado Mario Cuevas, defensor de Ayuso, interpuso un incidente de competencia por declinatoria, con el objetivo de separar a Gálvez y que declare su “incapacidad para continuar con el caso”.

De acuerdo con el defensor, los juzgados de Mayor Riesgo tienen una competencia especial y conocen procesos que, por su complejidad, no pueden tramitarse en juzgados comunes, de tal manera que la diligencia del caso de la Terminal de Contendores Quetzal, no puede atribuirse el de Cooptación del Estado.

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Luego que se suspendiera el proceso, a partir del 24 de agosto, el Juzgado decidirá las fechas para el inicio de la etapa intermedia del proceso penal contra altos funcionarios, empresarios, contratistas y particulares.

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