El interventor de la Portuaria Quetzal, Allan Gerbert Marroquín Castillo.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, informó que los prófugos de la justicia de Guatemala, Allan Marroquín y Ángel Pérez Maura, tienen activa la solicitud de extradicción por su presunta participación en el caso de corrupción Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Gálvez mostró a los medios de comunicación el expediente que se lleva contra Marroquín en donde detalló que tanto éste, como Pérez-Maura, están pendientes de comparecer ante la justicia.
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Según la investigación del Ministerio Público y la CICIG, “los personeros de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) habrían pagado US$24.5 millones en sobornos. En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón le hizo saber al expresidente Pérez Molina que, en una reunión sostenida por él, en Cancún, México, había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garín, acerca de la forma y cronograma de pagos de esos US$24.5 millones”.
“El primer desembolso por US$10 millones se efectuó el segundo semestre de 2013 y el segundo pago por US$2 millones en los primeros dos meses de 2014. La porción restante de US$12 millones, en dos pagos más, entre abril y octubre de 2015. TCQ propuso que los abonos fueran hasta 2016 para cancelar la comisión; sin embargo, Pérez y Baldetti, habrían insistido en que la deuda se debía cancelar dentro del mandato”, agrega la información del MP y CICIG.
El acuerdo era pagar US$24.5 millones, de los que se debía descontar US$500 mil en gastos, US$5 millones para los operadores argentinos y US$5 millones más para el primer equipo gestor del negocio, según el MP.
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“El primer desembolso por US$10 millones se efectuó el segundo semestre de 2013 y el segundo pago por US$2 millones en los primeros dos meses de 2014. La porción restante de US$12 millones, en dos pagos más, entre abril y octubre de 2015. TCQ propuso que los abonos fueran hasta 2016 para cancelar la comisión; sin embargo, Pérez y Baldetti, habrían insistido en que la deuda se debía cancelar dentro del mandato”, agrega la información del MP y CICIG.
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