Política
Política
Empresa
Empresa
Investigación y Análisis
Investigación y Análisis
Internacional
Internacional
Opinión
Opinión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Agenda Empresarial
Agenda Empresarial

Cierre de hidroeléctricas encarecerá energía y causa más desempleo

Allan Martinez
07 de enero, 2017

En un comunicado de prensa, previo a las fiestas de fin de año, Hidro Santa Cruz S.A., publicó que “renunció a los derechos otorgados por el Estado de Guatemala, asociados al Proyecto Canbalam, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango y por tanto, deja de funcionar”.

La empresa explica que “las pequeñas hidroeléctricas no han adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en que pretendían instalarse, por lo que decidieron retirarse”.

Mucha polémica generó Hidro Santa Cruz S.A cuando ingresó en el 2008. La empresa inició operaciones sobre el rio Cabalam, causando un ambiente de desconfianza e ingobernabilidad en el municipio.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE EMPRESA

En noviembre del 2011 se registraron los primeros disturbios en la localidad luego que los pobladores bloquearon la entrada a la hidroeléctrica y destruyeron dos almacenes, así como maquinaria de la compañía.

El saldo trágico fue de un poblador y un soldado muertos. Hasta el alcalde sufrió persecución por autorizar el funcionamiento de la hidroeléctrica, pero apenas empezaban los hechos adversos.

[quote_center]En mayo de 2012, el entonces ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, confirmó que el Gobierno decretó Estado de Sitio en el lugar.[/quote_center]

Los señalados por el caso de la hidroeléctrica en Barillas, fueron absueltos de los cargos por los cuales fueron detenidos.

Las autoridades tenían identificado al líder comunitario Mynor López por instigar a la población a rechazar el proyecto en Barillas. Fue capturado en mayo, pero cuando iba a comparecer ante juez en Santa Eulalia, en el paso de San Mateo Ixtatán, dos picops interceptaron el paso de la Policía y ocho hombres lo rescataron.

De nuevo López fue apresado y algunos pobladores fueron a las oficinas de las Policía Nacional Civil de Barillas y de Hidro Santa Cruz, las saquearon y quemaron. Un total de seis líderes comunitarios fueron detenidos y acusados de vandalismo y del secuestro de 10 trabajadores de la hidroeléctrica.

El 22 de julio de 2016, López, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, fueron absueltos por la fiscalía y en el caso de Bernardo Ermitaño López Reyes, la condena fue suspendida por haber pasado más de tres años en la cárcel. Ante tal situación, Hidro Santa Cruz decidió cerrar sus operaciones.

OXEC I es la siguiente

El miércoles 4 de enero la Corte Suprema de Justicia resolvió amparar a Bernardo Caal, quien es supuesto representante del pueblo Q’eqchi, quien aduce en el escrito, que no se realizó la consulta popular en las comunidades del área de influencia y al pueblo Q’eqchí en general acerca del funcionamiento de los proyectos Oxec I y Oxec II.

También puedes leer: ¿Qué quieren los que se oponen a las hidroeléctricas?

Valeria Prado, directoria de Sostenibilidad y Comunicación de Energy Resources, responsables de los proyectos, explicó que no entienden la resolución de la Corte, pues hay un documento de seguimiento de todo el proceso que es revisado constantemente por el Ministerio de Energía y Minas, en el que consta que se cumplió con todos los requisitos que tiene el convenio 169.

Prado afirma que apelarán el amparo para que el caso se revise. Agregó que confían en el sistema judicial guatemalteco y que todo se resolverá en derecho, pues afirma que no han quebrantado la ley.

La empresa Energy Resouces presentó un amparo la tarde del sábado 7 de enero, a la espera que el caso se resuelva a su favor.

Empleo y pérdida para el país

El informe “Impacto Socio-económico a Nivel Nacional de la Ingobernabilidad y Oposición Sistemática a la Generación Eléctrica Renovable 2015-2030”, presentado por el Central American Business Intelligence (CABI), junto con la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), cuantificó los beneficios que generan al país las inversiones en energía renovable y de ahí se desprende el daño económico al detener estas inversiones.

[quote_center]”Este rezago es producto de la conflictividad social o cualquier otro motivo que desaliente la inversión”, acotó CABI.[/quote_center]

Si el rezago no asusta, tal vez impacte los Q7,800 millones en daños a negocios, empresas, familias y Estado, acumuladas en 15 años, o la pérdida de cerca de 65 mil empleos en ese período, producto de menor consumo e inversión, como detalla dicho informe. El impacto acumulado equivale al 1% del PIB, expresa el informe.

El impacto de la no entrada de energía renovable también se convierte en un aumento del precio de energía eléctrica y mayor emisión de gases efecto invernadero al usar otro tipo de material para generación, detalla el informe.

Otro de los hallazgos es que la demanda energética per cápita se duplicará en los próximos 15 años y que el país está lejos de resolver el problema, que por ahora no aprecio en su totalidad.

“Este incremento será por dos razones: el aumento del Producto Interno Bruto y el proceso de urbanización que atraviesa el país. El país tiene el segundo nivel de consumo per cápita más bajo de América Latina”, expresa el informe.

Agrega que cualquier evento que no permita la entrada en funcionamiento de una planta de generación energética ocasionará daños económicos en el país en las siguientes magnitudes para el periodo que termina en el 2030.

Además, el impacto al fisco es alto. El Estado ha dejado de percibir cerca de Q835 millones en impuestos en estos 15 años de análisis. Las emisiones de CO2 aumentan en 145 mil TM por año, es decir, un acumulado de 2.2 millones de Toneladas Métricas adicionales de CO2 en el medio ambiente.

La decisión contraviene el convenio 169

Para Carlos Colom, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), la decisión de la Corte debe ser respetada; sin embargo, no comparte la cancelación de las licencias de los proyectos.

Carlos Colom señala que todo el país pierde al impedir las inversiones.

“Cancelar proyectos de energía renovable o no permitir que se construyan nuevos, genera una situación “perder-perder-perder, es decir: pierden todos los guatemaltecos, debido a que tendremos tarifas de electricidad más altas, se contaminará más el ambiente, incumpliendo con convenios ambientales firmados”, subraya.

“También pierden las comunidades en el área de influencia directa del proyecto ya que no se podría continuar con los programas sociales y de desarrollo en donde los proyectos aportan millones de quetzales en beneficio, y pierden los desarrolladores de las obras, las entidades bancarias que los han financiado y los empleados de las empresas constructoras, debido a que la falta de certeza jurídica impide que las inversiones continúen”, comenta el representante de AGER.

“Se deben buscar soluciones de ganar-ganar-ganar, en donde se logren solucionar los problemas más graves del país. Cancelando proyectos en construcción y operación definitivamente no se logra esto. Esta situación también contraviene la esencia del Convenio 169, que no tiene como propósito impedir la inversión, sino incrementar las oportunidades para la población indígena, generar empleo y desarrollo de las comunidades. Cancelando proyectos en operación no se logra esto, al contrario”, agrega Colom.

No hay que olvidar que el Convenio 169 indica que es el Estado el que tiene que consultar, no la empresa, y en este caso es nuestro entendimiento que el Estado si consultó”, expresa Colom al referirse al caso de los proyectos de Oxec.

Para el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, el proceso legal lo han seguido con detenimiento y le parece grave que se cierren las hidroeléctricas porque se daña el desarrollo del páis.

Te sugerimos leer:


SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE EMPRESA

Cierre de hidroeléctricas encarecerá energía y causa más desempleo

Allan Martinez
07 de enero, 2017

En un comunicado de prensa, previo a las fiestas de fin de año, Hidro Santa Cruz S.A., publicó que “renunció a los derechos otorgados por el Estado de Guatemala, asociados al Proyecto Canbalam, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango y por tanto, deja de funcionar”.

La empresa explica que “las pequeñas hidroeléctricas no han adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en que pretendían instalarse, por lo que decidieron retirarse”.

Mucha polémica generó Hidro Santa Cruz S.A cuando ingresó en el 2008. La empresa inició operaciones sobre el rio Cabalam, causando un ambiente de desconfianza e ingobernabilidad en el municipio.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE EMPRESA

En noviembre del 2011 se registraron los primeros disturbios en la localidad luego que los pobladores bloquearon la entrada a la hidroeléctrica y destruyeron dos almacenes, así como maquinaria de la compañía.

El saldo trágico fue de un poblador y un soldado muertos. Hasta el alcalde sufrió persecución por autorizar el funcionamiento de la hidroeléctrica, pero apenas empezaban los hechos adversos.

[quote_center]En mayo de 2012, el entonces ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, confirmó que el Gobierno decretó Estado de Sitio en el lugar.[/quote_center]

Los señalados por el caso de la hidroeléctrica en Barillas, fueron absueltos de los cargos por los cuales fueron detenidos.

Las autoridades tenían identificado al líder comunitario Mynor López por instigar a la población a rechazar el proyecto en Barillas. Fue capturado en mayo, pero cuando iba a comparecer ante juez en Santa Eulalia, en el paso de San Mateo Ixtatán, dos picops interceptaron el paso de la Policía y ocho hombres lo rescataron.

De nuevo López fue apresado y algunos pobladores fueron a las oficinas de las Policía Nacional Civil de Barillas y de Hidro Santa Cruz, las saquearon y quemaron. Un total de seis líderes comunitarios fueron detenidos y acusados de vandalismo y del secuestro de 10 trabajadores de la hidroeléctrica.

El 22 de julio de 2016, López, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, fueron absueltos por la fiscalía y en el caso de Bernardo Ermitaño López Reyes, la condena fue suspendida por haber pasado más de tres años en la cárcel. Ante tal situación, Hidro Santa Cruz decidió cerrar sus operaciones.

OXEC I es la siguiente

El miércoles 4 de enero la Corte Suprema de Justicia resolvió amparar a Bernardo Caal, quien es supuesto representante del pueblo Q’eqchi, quien aduce en el escrito, que no se realizó la consulta popular en las comunidades del área de influencia y al pueblo Q’eqchí en general acerca del funcionamiento de los proyectos Oxec I y Oxec II.

También puedes leer: ¿Qué quieren los que se oponen a las hidroeléctricas?

Valeria Prado, directoria de Sostenibilidad y Comunicación de Energy Resources, responsables de los proyectos, explicó que no entienden la resolución de la Corte, pues hay un documento de seguimiento de todo el proceso que es revisado constantemente por el Ministerio de Energía y Minas, en el que consta que se cumplió con todos los requisitos que tiene el convenio 169.

Prado afirma que apelarán el amparo para que el caso se revise. Agregó que confían en el sistema judicial guatemalteco y que todo se resolverá en derecho, pues afirma que no han quebrantado la ley.

La empresa Energy Resouces presentó un amparo la tarde del sábado 7 de enero, a la espera que el caso se resuelva a su favor.

Empleo y pérdida para el país

El informe “Impacto Socio-económico a Nivel Nacional de la Ingobernabilidad y Oposición Sistemática a la Generación Eléctrica Renovable 2015-2030”, presentado por el Central American Business Intelligence (CABI), junto con la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), cuantificó los beneficios que generan al país las inversiones en energía renovable y de ahí se desprende el daño económico al detener estas inversiones.

[quote_center]”Este rezago es producto de la conflictividad social o cualquier otro motivo que desaliente la inversión”, acotó CABI.[/quote_center]

Si el rezago no asusta, tal vez impacte los Q7,800 millones en daños a negocios, empresas, familias y Estado, acumuladas en 15 años, o la pérdida de cerca de 65 mil empleos en ese período, producto de menor consumo e inversión, como detalla dicho informe. El impacto acumulado equivale al 1% del PIB, expresa el informe.

El impacto de la no entrada de energía renovable también se convierte en un aumento del precio de energía eléctrica y mayor emisión de gases efecto invernadero al usar otro tipo de material para generación, detalla el informe.

Otro de los hallazgos es que la demanda energética per cápita se duplicará en los próximos 15 años y que el país está lejos de resolver el problema, que por ahora no aprecio en su totalidad.

“Este incremento será por dos razones: el aumento del Producto Interno Bruto y el proceso de urbanización que atraviesa el país. El país tiene el segundo nivel de consumo per cápita más bajo de América Latina”, expresa el informe.

Agrega que cualquier evento que no permita la entrada en funcionamiento de una planta de generación energética ocasionará daños económicos en el país en las siguientes magnitudes para el periodo que termina en el 2030.

Además, el impacto al fisco es alto. El Estado ha dejado de percibir cerca de Q835 millones en impuestos en estos 15 años de análisis. Las emisiones de CO2 aumentan en 145 mil TM por año, es decir, un acumulado de 2.2 millones de Toneladas Métricas adicionales de CO2 en el medio ambiente.

La decisión contraviene el convenio 169

Para Carlos Colom, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), la decisión de la Corte debe ser respetada; sin embargo, no comparte la cancelación de las licencias de los proyectos.

Carlos Colom señala que todo el país pierde al impedir las inversiones.

“Cancelar proyectos de energía renovable o no permitir que se construyan nuevos, genera una situación “perder-perder-perder, es decir: pierden todos los guatemaltecos, debido a que tendremos tarifas de electricidad más altas, se contaminará más el ambiente, incumpliendo con convenios ambientales firmados”, subraya.

“También pierden las comunidades en el área de influencia directa del proyecto ya que no se podría continuar con los programas sociales y de desarrollo en donde los proyectos aportan millones de quetzales en beneficio, y pierden los desarrolladores de las obras, las entidades bancarias que los han financiado y los empleados de las empresas constructoras, debido a que la falta de certeza jurídica impide que las inversiones continúen”, comenta el representante de AGER.

“Se deben buscar soluciones de ganar-ganar-ganar, en donde se logren solucionar los problemas más graves del país. Cancelando proyectos en construcción y operación definitivamente no se logra esto. Esta situación también contraviene la esencia del Convenio 169, que no tiene como propósito impedir la inversión, sino incrementar las oportunidades para la población indígena, generar empleo y desarrollo de las comunidades. Cancelando proyectos en operación no se logra esto, al contrario”, agrega Colom.

No hay que olvidar que el Convenio 169 indica que es el Estado el que tiene que consultar, no la empresa, y en este caso es nuestro entendimiento que el Estado si consultó”, expresa Colom al referirse al caso de los proyectos de Oxec.

Para el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, el proceso legal lo han seguido con detenimiento y le parece grave que se cierren las hidroeléctricas porque se daña el desarrollo del páis.

Te sugerimos leer: