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La independencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos frente a los partidos políticos.

Redacción
12 de enero, 2017

El martes de esta semana ejercí mi derecho Constitucional como ciudadana activa de observar la visita de fiscalización que algunos diputados de la Comisión de Salud del Congreso realizaron al Hospital San Juan de Dios. En este mismo momento, incluso en avanzada, la delegación de la Defensoría de la Salud de la PDH, encabezada por la Dra. Zulma Calderón estaban realizando una inspección en distintos ámbitos clave para la prestación de servicios de salud a la población. Lo insólito del caso fue que la visita había sido coordinada entre ellos para coincidir en el hospital y así, al mejor estilo de la supuesta economía de escala de 2×1.

El argumento de hacer ambos el ejercicio de verificación que yo escuché del diputado Hernández se circunscribió a resaltar si había un 87 % de abastecimiento, comunicado así por el Presidente Jimmy Morales y la Ministra de Salud, y si esto era cierto o falso. Solicitó de manera improvisada y espontánea reportes sobre los niveles del inventario físico y el abastecimiento de cientos de cientos de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, mismo que podría haber solicitado a priori, para hacer más eficiente y productiva su visita.  Aunque parece ser que lo que le gusta es el efecto sorpresa y causar nerviosismo a los empleados del hospital con sus 3 o 4 cámaras grabando todo su discurso.

Además de toda la parafernalia mediática del diputado Hernández presidente de dicha comisión y de la que va con la Dra. Zulma Calderón a todos lados, los medios de comunicación fueron citados por el diputado para realizar sus conocidas conferencias de prensa donde repite las muletillas simples sobre lo que hace y porque lo hace. Entendemos que lo faculta la ley pero el Ministerio de Salud debería de fortalecer sus capacidades de dotación de información al Congreso para evitar que los diputados se sientan ignorados y acudan a las famosas cita-extorsiones.

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Vuelvo al punto central de mi columna, fue realmente lamentable el que ambos funcionarios públicos la defensora y los diputados no entendieran que hay muchas cosas muy cuestionables respecto a la componenda entre el Congreso y la PDH- Defensoría de la Salud. Por cierto, esta columna irá mañana acompañada de una carta al Procurador Jorge de León Duque, solicitando una explicación respecto a esta lamentable evidencia de falta de independencia.

El Defensor del Pueblo y sus delegados deben estar rodeados de garantías de independencia, no sólo respecto del Congreso y de los órganos clásicos de poder, sino también, y principalmente, de los intereses de partidos políticos.

La figura del Procurador de los Derechos Humanos inicia con la Constitución Política de la República promulgada en 1985, producto de la apertura democrática que se inició en 1984 con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y que el 31 de mayo de 1985 emitió la Constitución que hoy nos rige. Esto vino a fortalecer el andamiaje del Estado de Derecho en Guatemala para observar y evitar abusos de poder o la carencia del cumplimento del deber del gobierno principalmente.

Cito textualmente lo que dice en la página oficial en internet de la PDH: “El Procurador de los Derechos Humanos es un Comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados y Convenciones Internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. El Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y esta ley establecen, no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno, y actuará con absoluta independencia.”

Es por ello por lo que, en la preocupación por conservar intactas las potestades que corresponden a los órganos de control como lo es la PDH, debe darse un papel fundamental a garantizar la independencia de los mismos frente a los partidos políticos, que son en la práctica el actor político más opaco, más desacreditado e improductivo del Estado de Guatemala. De ahí que la primera exigencia a la hora de nombrar al Procurador de los Derechos Humanos como el Defensor del Pueblo sea su falta de vinculación a un partido político.

Lo acontecido el martes pasado me parece una absoluta falta de criterio por parte de la Defensora de la Salud, Zulma Calderón y un golpe fuerte a la figura de la PDH, porque a partir de ello dudo mucho respecto a su independencia vis-a-vis la agenda política y los intereses de los diputados.  Si quieren realizar las verificaciones que la ley les permite, y claramente pueden hacerlo, que lo hagan, pero no en una evidente colusión de intereses. Lamentablemente quien sufrió el mayor desgaste y descrédito por este desacierto es la figura de la PDH.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo

La independencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos frente a los partidos políticos.

Redacción
12 de enero, 2017

El martes de esta semana ejercí mi derecho Constitucional como ciudadana activa de observar la visita de fiscalización que algunos diputados de la Comisión de Salud del Congreso realizaron al Hospital San Juan de Dios. En este mismo momento, incluso en avanzada, la delegación de la Defensoría de la Salud de la PDH, encabezada por la Dra. Zulma Calderón estaban realizando una inspección en distintos ámbitos clave para la prestación de servicios de salud a la población. Lo insólito del caso fue que la visita había sido coordinada entre ellos para coincidir en el hospital y así, al mejor estilo de la supuesta economía de escala de 2×1.

El argumento de hacer ambos el ejercicio de verificación que yo escuché del diputado Hernández se circunscribió a resaltar si había un 87 % de abastecimiento, comunicado así por el Presidente Jimmy Morales y la Ministra de Salud, y si esto era cierto o falso. Solicitó de manera improvisada y espontánea reportes sobre los niveles del inventario físico y el abastecimiento de cientos de cientos de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, mismo que podría haber solicitado a priori, para hacer más eficiente y productiva su visita.  Aunque parece ser que lo que le gusta es el efecto sorpresa y causar nerviosismo a los empleados del hospital con sus 3 o 4 cámaras grabando todo su discurso.

Además de toda la parafernalia mediática del diputado Hernández presidente de dicha comisión y de la que va con la Dra. Zulma Calderón a todos lados, los medios de comunicación fueron citados por el diputado para realizar sus conocidas conferencias de prensa donde repite las muletillas simples sobre lo que hace y porque lo hace. Entendemos que lo faculta la ley pero el Ministerio de Salud debería de fortalecer sus capacidades de dotación de información al Congreso para evitar que los diputados se sientan ignorados y acudan a las famosas cita-extorsiones.

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Vuelvo al punto central de mi columna, fue realmente lamentable el que ambos funcionarios públicos la defensora y los diputados no entendieran que hay muchas cosas muy cuestionables respecto a la componenda entre el Congreso y la PDH- Defensoría de la Salud. Por cierto, esta columna irá mañana acompañada de una carta al Procurador Jorge de León Duque, solicitando una explicación respecto a esta lamentable evidencia de falta de independencia.

El Defensor del Pueblo y sus delegados deben estar rodeados de garantías de independencia, no sólo respecto del Congreso y de los órganos clásicos de poder, sino también, y principalmente, de los intereses de partidos políticos.

La figura del Procurador de los Derechos Humanos inicia con la Constitución Política de la República promulgada en 1985, producto de la apertura democrática que se inició en 1984 con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y que el 31 de mayo de 1985 emitió la Constitución que hoy nos rige. Esto vino a fortalecer el andamiaje del Estado de Derecho en Guatemala para observar y evitar abusos de poder o la carencia del cumplimento del deber del gobierno principalmente.

Cito textualmente lo que dice en la página oficial en internet de la PDH: “El Procurador de los Derechos Humanos es un Comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados y Convenciones Internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. El Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y esta ley establecen, no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno, y actuará con absoluta independencia.”

Es por ello por lo que, en la preocupación por conservar intactas las potestades que corresponden a los órganos de control como lo es la PDH, debe darse un papel fundamental a garantizar la independencia de los mismos frente a los partidos políticos, que son en la práctica el actor político más opaco, más desacreditado e improductivo del Estado de Guatemala. De ahí que la primera exigencia a la hora de nombrar al Procurador de los Derechos Humanos como el Defensor del Pueblo sea su falta de vinculación a un partido político.

Lo acontecido el martes pasado me parece una absoluta falta de criterio por parte de la Defensora de la Salud, Zulma Calderón y un golpe fuerte a la figura de la PDH, porque a partir de ello dudo mucho respecto a su independencia vis-a-vis la agenda política y los intereses de los diputados.  Si quieren realizar las verificaciones que la ley les permite, y claramente pueden hacerlo, que lo hagan, pero no en una evidente colusión de intereses. Lamentablemente quien sufrió el mayor desgaste y descrédito por este desacierto es la figura de la PDH.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo