Se supone que la Justicia es ciega. Pues en Guatemala la Justicia da la impresión que está ideologizada y politizada. Lamentablemente lo vemos nuevamente en un fallo del 4 de enero de 2017, de la CSJ (Corte Suprema de Justicia). parando temporalmente la operación de dos proyectos hidroeléctricos, Oxec I y Oxec II, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. El argumento principal de la CSJ es que no se hicieron las consultas populares requeridas por el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
El año pasado, fallos similares, incluso por la Corte de Constitucionalidad, pararon dos operaciones mineras en el país. Se trataba de la Empresa Guatemalteca de Níquel y también de la mina en La Puya.
Las mineras e hidroeléctricas fueron víctimas de acoso por parte de grupos ideológicos de la izquierda radical que quieren perpetuar la pobreza en el país. Pareciera que estos grupos que trabajan en Organismos No gubernamentales y Asociaciónes en nombre del medio ambiente, cooptaron las instituciones de Justicia desviando la justicia a secas hacia la justicia parcializada e ideologizada.
Cuando ocurrió el año pasado lo de la paralización de las mineras comenté en otra nota que el acoso tan grande que han tenido en el país era suficiente motivo para que ya no vengan más inversiones a ese sector. De hecho, fue la muerte de la minería en Guatemala. Ahora estamos viendo la muerte de las hidroeléctricas también.
En un país tan pobre como Guatemala debería ser un crimen y es totalmente inmoral ahuyentar las inversiones y restarles oportunidades a los más pobres. La actuación de quienes votaron en favor de suspender las operaciones de las mineras e hidroeléctricas es vergonzoso por la razón que están dando, es decir, amparándose bajo el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas cuyas consultas ni han sido reglamentadas, ni tienen poder vinculante.
Estamos ante fallos políticos y no de Justicia. Estos fallos van contra la igualdad ante la ley y alejan la certeza jurídica que cualquier persona y sus pertenencias deben tener para superarse y crear riqueza. Si la situación continúa así y no se corrige el rumbo volviendo a los principios de igualdad ante la ley, respeto a los derechos individuales de la vida, la libertad y la propiedad este país se hundirá como lo hizo el Titanic.
Espero que las cosas cambien en corto plazo que estos tipos de fallos que considero que son políticos e ideológicos se reviertan y que las Justicia vuelta a funcionar como debe ser y está plasmado en la Constitución de la República de Guatemala. De lo contrario, ya no serán sólo las mineas e hidroeléctricas que se irán del país o dejarán de funcionar sino el resto de la Industria y de los creadores de riqueza condenando a los guatemaltecos a seguir siendo pobres a perpetuidad.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Se supone que la Justicia es ciega. Pues en Guatemala la Justicia da la impresión que está ideologizada y politizada. Lamentablemente lo vemos nuevamente en un fallo del 4 de enero de 2017, de la CSJ (Corte Suprema de Justicia). parando temporalmente la operación de dos proyectos hidroeléctricos, Oxec I y Oxec II, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. El argumento principal de la CSJ es que no se hicieron las consultas populares requeridas por el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
El año pasado, fallos similares, incluso por la Corte de Constitucionalidad, pararon dos operaciones mineras en el país. Se trataba de la Empresa Guatemalteca de Níquel y también de la mina en La Puya.
Las mineras e hidroeléctricas fueron víctimas de acoso por parte de grupos ideológicos de la izquierda radical que quieren perpetuar la pobreza en el país. Pareciera que estos grupos que trabajan en Organismos No gubernamentales y Asociaciónes en nombre del medio ambiente, cooptaron las instituciones de Justicia desviando la justicia a secas hacia la justicia parcializada e ideologizada.
Cuando ocurrió el año pasado lo de la paralización de las mineras comenté en otra nota que el acoso tan grande que han tenido en el país era suficiente motivo para que ya no vengan más inversiones a ese sector. De hecho, fue la muerte de la minería en Guatemala. Ahora estamos viendo la muerte de las hidroeléctricas también.
En un país tan pobre como Guatemala debería ser un crimen y es totalmente inmoral ahuyentar las inversiones y restarles oportunidades a los más pobres. La actuación de quienes votaron en favor de suspender las operaciones de las mineras e hidroeléctricas es vergonzoso por la razón que están dando, es decir, amparándose bajo el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas cuyas consultas ni han sido reglamentadas, ni tienen poder vinculante.
Estamos ante fallos políticos y no de Justicia. Estos fallos van contra la igualdad ante la ley y alejan la certeza jurídica que cualquier persona y sus pertenencias deben tener para superarse y crear riqueza. Si la situación continúa así y no se corrige el rumbo volviendo a los principios de igualdad ante la ley, respeto a los derechos individuales de la vida, la libertad y la propiedad este país se hundirá como lo hizo el Titanic.
Espero que las cosas cambien en corto plazo que estos tipos de fallos que considero que son políticos e ideológicos se reviertan y que las Justicia vuelta a funcionar como debe ser y está plasmado en la Constitución de la República de Guatemala. De lo contrario, ya no serán sólo las mineas e hidroeléctricas que se irán del país o dejarán de funcionar sino el resto de la Industria y de los creadores de riqueza condenando a los guatemaltecos a seguir siendo pobres a perpetuidad.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo