El 14 de enero próximo tomará posesión de sus cargos la nueva Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala. Quise poner el nombre completo para recordar que vivimos en una República, aunque lo único que tengamos como tal es el nombre.
Ese día empezarán a sonar fuertemente los tambores de guerra, nuevamente. ¿Cuál guerra? La que nos quiere dividir aún más: las reformas al sector justicia.
No es ninguna casualidad que, el pasado miércoles 11 de enero, haya salido a la luz pública una investigación que pone en evidencia lo que todos ya sabíamos: la corrupción y el tráfico de influencias en el sistema de justicia de Guatemala. La mayoría de nosotros no sabíamos nombres, formas ni montos, pero era obvio que, como en el resto de instituciones en el país, allí había corrupción.
¿Qué sucedió? Las declaraciones de CICIG fueron muy claras: “es urgente aprobar las reformas a la Constitución para poder elegir mejor a los jueces” (algo por allí). Ajá… Estas reformas crean un ente todopoderoso llamado Consejo Superior de Justicia. El poder absoluto corrompe absolutamente (Lord Acton), así que este Consejo ya nacería corrupto. El saliente presidente del Congreso ya sugirió cambios, pues ahora ya no recibe instrucciones en inglés. Le tocará al nuevo ver cómo le hace para cumplir con su mandato de forma independiente. Habrá que recordarle que buscamos la construcción de una República, como lo manda la Constitución, y que la Convención de Viena es muy clara en cuanto a la injerencia extranjera en asuntos internos de un país: ¡no se puede!
Esas reformas incluyen el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena. Esto significa que, de aprobarse, la Constitución debería reconocer a los cientos de sistemas de justicia que existen en Guatemala.
El miércoles tuve la oportunidad de asistir a un evento organizado por la Cámara del Agro, en el que escuchamos la presentación de la señora María Tuyuc, abogada indígena originaria de San Juan Comalapa. Ella es la presidenta de la Red Global de Empresarios Indígenas. Ella sí es líder. Tengo el privilegio de conocerla personalmente.
Ella nos informaba que hay tantos sistemas de justicia indígena como pueblos existan. No se pueden uniformar. Son eminentemente orales. Los criterios son en base a reparación y restitución y no castigo, como es el sistema, digamos, universal. Esto último es la principal diferencia. Hay excesiva dificultad de normarlo por las diferencias entre pueblos. Regular el derecho indígena es imposible, pues habría que uniformar estos cientos de sistemas.
En esa misma actividad, el abogado Stuardo Ralón, a quien admiro y respeto, habló sobre la aplicabilidad de estos cientos de sistemas de justicia. Necesariamente habría que definir quién, cómo, en base a qué, se aplicaría, rompiéndose así la base de la República: todos somos iguales ante la ley, como dijo Hayek y como funciona en el mundo entero. No existe otro país donde haya esto, excepto donde los indígenas y las tribus viven en reservas cerradas y limitadas; en éstos sí tienen sus propias leyes. Pero, al poner un pie afuera, están sujetos a la ley general, constitucional, del país.
Al final del día, los argumentos sobran, las razones son extraordinariamente evidentes como para rechazar esto. Los diputados deberían, por principio de la República en la que viven, rechazar de tajo esta aberración jurídica.
Pero, esto es una guerra ideológica, donde Guatemala es el experimento de la izquierda. Solo nosotros tenemos una “CICIG”. Solo nosotros permitimos que se rompa la Convención de Viena al sabor y antojo de los extranjeros que quieren hacer aquí lo que no pueden hacer en sus propios países. Solo nosotros seguimos discutiendo esta propuesta racista, cuando debió ser rechazada de tajo y tirada a la hoguera, por parte de los diputados.
Entre el 14 y el 20 de enero, fecha en la que esperamos cambien las instrucciones en inglés, y consecuentemente en otros idiomas, se puede destruir Guatemala.
La guerra aún no termina, debemos involucrarnos. Recordemos lo que dijo Thomas Jefferson: “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo
El 14 de enero próximo tomará posesión de sus cargos la nueva Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala. Quise poner el nombre completo para recordar que vivimos en una República, aunque lo único que tengamos como tal es el nombre.
Ese día empezarán a sonar fuertemente los tambores de guerra, nuevamente. ¿Cuál guerra? La que nos quiere dividir aún más: las reformas al sector justicia.
No es ninguna casualidad que, el pasado miércoles 11 de enero, haya salido a la luz pública una investigación que pone en evidencia lo que todos ya sabíamos: la corrupción y el tráfico de influencias en el sistema de justicia de Guatemala. La mayoría de nosotros no sabíamos nombres, formas ni montos, pero era obvio que, como en el resto de instituciones en el país, allí había corrupción.
¿Qué sucedió? Las declaraciones de CICIG fueron muy claras: “es urgente aprobar las reformas a la Constitución para poder elegir mejor a los jueces” (algo por allí). Ajá… Estas reformas crean un ente todopoderoso llamado Consejo Superior de Justicia. El poder absoluto corrompe absolutamente (Lord Acton), así que este Consejo ya nacería corrupto. El saliente presidente del Congreso ya sugirió cambios, pues ahora ya no recibe instrucciones en inglés. Le tocará al nuevo ver cómo le hace para cumplir con su mandato de forma independiente. Habrá que recordarle que buscamos la construcción de una República, como lo manda la Constitución, y que la Convención de Viena es muy clara en cuanto a la injerencia extranjera en asuntos internos de un país: ¡no se puede!
Esas reformas incluyen el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena. Esto significa que, de aprobarse, la Constitución debería reconocer a los cientos de sistemas de justicia que existen en Guatemala.
El miércoles tuve la oportunidad de asistir a un evento organizado por la Cámara del Agro, en el que escuchamos la presentación de la señora María Tuyuc, abogada indígena originaria de San Juan Comalapa. Ella es la presidenta de la Red Global de Empresarios Indígenas. Ella sí es líder. Tengo el privilegio de conocerla personalmente.
Ella nos informaba que hay tantos sistemas de justicia indígena como pueblos existan. No se pueden uniformar. Son eminentemente orales. Los criterios son en base a reparación y restitución y no castigo, como es el sistema, digamos, universal. Esto último es la principal diferencia. Hay excesiva dificultad de normarlo por las diferencias entre pueblos. Regular el derecho indígena es imposible, pues habría que uniformar estos cientos de sistemas.
En esa misma actividad, el abogado Stuardo Ralón, a quien admiro y respeto, habló sobre la aplicabilidad de estos cientos de sistemas de justicia. Necesariamente habría que definir quién, cómo, en base a qué, se aplicaría, rompiéndose así la base de la República: todos somos iguales ante la ley, como dijo Hayek y como funciona en el mundo entero. No existe otro país donde haya esto, excepto donde los indígenas y las tribus viven en reservas cerradas y limitadas; en éstos sí tienen sus propias leyes. Pero, al poner un pie afuera, están sujetos a la ley general, constitucional, del país.
Al final del día, los argumentos sobran, las razones son extraordinariamente evidentes como para rechazar esto. Los diputados deberían, por principio de la República en la que viven, rechazar de tajo esta aberración jurídica.
Pero, esto es una guerra ideológica, donde Guatemala es el experimento de la izquierda. Solo nosotros tenemos una “CICIG”. Solo nosotros permitimos que se rompa la Convención de Viena al sabor y antojo de los extranjeros que quieren hacer aquí lo que no pueden hacer en sus propios países. Solo nosotros seguimos discutiendo esta propuesta racista, cuando debió ser rechazada de tajo y tirada a la hoguera, por parte de los diputados.
Entre el 14 y el 20 de enero, fecha en la que esperamos cambien las instrucciones en inglés, y consecuentemente en otros idiomas, se puede destruir Guatemala.
La guerra aún no termina, debemos involucrarnos. Recordemos lo que dijo Thomas Jefferson: “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo