Si el 2016 nos dejó con un sabor que los cambios que necesitamos en Guatemala son posibles si existe voluntad política, el 2017 pinta a que este proceso seguirá y vendrán reformas de gran importancia como lo es una constitucional a un paso bastante acelerado. Los ciudadanos hemos confiado todo este proceso, no exclusivamente a los 158 diputados del congreso, sino que a figuras externas que hoy se acreditan las victorias y que por medio de declaraciones ya sea en entrevistas o en redes sociales, incitan a más personas a apoyar sus propuestas. A todo esto pareciera ser que por fin existe un hilo conductor que une a los distintos sectores de la sociedad en concordancia con respecto a los temas que son necesarios debatir y la discusión ha pasado de si es necesario realizar reformas hacia cosas meramente puntuales con respecto a ellas. Sin embargo la narrativa que ha conllevado todo este proceso ha puesto a muchos guatemaltecos en una situación incómoda: mostrar la más mínima duda con respecto a las reformas es motivo de escarmiento por parte de los actores que han dirigido todo este proceso.
La narrativa consiste en esto: “La corrupción ha sido producto de un Estado deficiente, por lo tanto es necesario realizar reformas para evitar que esto vuelva a pasar”. Esta primera frase es la que casi todos los guatemaltecos podemos estar de acuerdo. Hemos visto como los funcionarios aprovecharon las debilidades de un sistema que se ha quedado atrás en innovación y en transparencia. “No debe ser una sola reforma sino que tiene que abarcar muchos aspectos, hay que realizar una reforma integral”. Esta frase sigue estando en coherencia con lo experimentado en el 2015 en donde nos pudimos dar cuenta que la corrupción estaba enraizada no solo en una institución u organismo del Estado sino que en muchos. Es a partir de este consenso que estos actores externos: la Fiscal General, el Comisionado de CICIG, el Procurador de Derechos Humanos y el entonces Presidente del Congreso se adjudicaron la autoridad y la potestad para ser los dirigentes de todo este proceso.
Es aquí donde hemos echado la suerte de nuestro país. Hemos dejado nuestro futuro en las manos de no más que cuatro personajes, con intereses propios y capaces de errar. Los demás guatemaltecos e incluso nuestros representantes nos hemos quedado en un segundo plano en el cual criticar el contenido de las reformas o incluso cuestionar la necesidad de algunas es motivo de un linchamiento social y de ser etiquetados como parte de la corrupción imperante en el Estado. Las reformas han pasado de ser necesarias como muchos creíamos, a impuestas por los personajes que hoy admiramos pero que en un futuro es posible que sigan emprendiendo su censura autoritaria a los ciudadanos que con argumentos hemos defendido nuestras posturas.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Si el 2016 nos dejó con un sabor que los cambios que necesitamos en Guatemala son posibles si existe voluntad política, el 2017 pinta a que este proceso seguirá y vendrán reformas de gran importancia como lo es una constitucional a un paso bastante acelerado. Los ciudadanos hemos confiado todo este proceso, no exclusivamente a los 158 diputados del congreso, sino que a figuras externas que hoy se acreditan las victorias y que por medio de declaraciones ya sea en entrevistas o en redes sociales, incitan a más personas a apoyar sus propuestas. A todo esto pareciera ser que por fin existe un hilo conductor que une a los distintos sectores de la sociedad en concordancia con respecto a los temas que son necesarios debatir y la discusión ha pasado de si es necesario realizar reformas hacia cosas meramente puntuales con respecto a ellas. Sin embargo la narrativa que ha conllevado todo este proceso ha puesto a muchos guatemaltecos en una situación incómoda: mostrar la más mínima duda con respecto a las reformas es motivo de escarmiento por parte de los actores que han dirigido todo este proceso.
La narrativa consiste en esto: “La corrupción ha sido producto de un Estado deficiente, por lo tanto es necesario realizar reformas para evitar que esto vuelva a pasar”. Esta primera frase es la que casi todos los guatemaltecos podemos estar de acuerdo. Hemos visto como los funcionarios aprovecharon las debilidades de un sistema que se ha quedado atrás en innovación y en transparencia. “No debe ser una sola reforma sino que tiene que abarcar muchos aspectos, hay que realizar una reforma integral”. Esta frase sigue estando en coherencia con lo experimentado en el 2015 en donde nos pudimos dar cuenta que la corrupción estaba enraizada no solo en una institución u organismo del Estado sino que en muchos. Es a partir de este consenso que estos actores externos: la Fiscal General, el Comisionado de CICIG, el Procurador de Derechos Humanos y el entonces Presidente del Congreso se adjudicaron la autoridad y la potestad para ser los dirigentes de todo este proceso.
Es aquí donde hemos echado la suerte de nuestro país. Hemos dejado nuestro futuro en las manos de no más que cuatro personajes, con intereses propios y capaces de errar. Los demás guatemaltecos e incluso nuestros representantes nos hemos quedado en un segundo plano en el cual criticar el contenido de las reformas o incluso cuestionar la necesidad de algunas es motivo de un linchamiento social y de ser etiquetados como parte de la corrupción imperante en el Estado. Las reformas han pasado de ser necesarias como muchos creíamos, a impuestas por los personajes que hoy admiramos pero que en un futuro es posible que sigan emprendiendo su censura autoritaria a los ciudadanos que con argumentos hemos defendido nuestras posturas.
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