Las cámaras empresariales que conforman el Cacif se pronunciaron contra la “poca solidez que tiene el Estado para hacer efectivo el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT)”.

El presidente de CACIF José Gonzalez Campo

Por la falta del reglamento, ese vacío legal es usado por las Cortes para ordenar realizar consultas retroactivas.

Para los empresarios, el retraso de esta normativa atenta contra los derechos constitucionales de libertad de industria y comercio, así como el trabajo de propiedad privada.

José Gonzalez Campo, presidente del Cacif, afirma que “resguardar y proteger el derecho de consulta y atentar contra los derechos constitucionales de las empresas, por incumplimiento propio del Estado, es gravemente contradictorio porque socava la confianza en la seguridad jurídica del país y castiga a quien confía en Guatemala.

El pronunciamiento de la cúpula empresarial se produce tras el amparo otorgado al sindicalista del magisterio Bernardo Caal, contra de la Hidroeléctrica Oxec I en Alta Verapaz, luego que esta cumpliera con todos los requisitos solicitados por el Estado para laborar, además de contar con el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y las Cortes de Justicia.

El sector privado organizado reconoce el esfuerzo del MEM, que se ha preocupado por validar los procesos para que se cumpla con el espíritu del Convenio 169 en proyecto ya existentes.

Por ello, hacen un llamado a las Cortes para que reconozcan y cooperen con los procesos de homologación retroactiva iniciado por Energía y Minas para cumplir el Convenio, sin que se vulneren los derechos adquiridos por las empresas en cumplimiento de la ley vigente.

Los incidentes de violencia creados por los dirigentes indígenas en Huehuetenango por las operaciones de la Hidro Santa Cruz, creó un desgaste en la empresa que finalmente decidió cerrar operaciones en diciembre pasado.

Gonzalez Campo agrega que no se justifica ningún acto de violencia y que todo se puede resolver de forma pacífica y dentro de la ley, sin llegar a extremos.

Cacif solicitó al Estado que “reglamente de forma pronta adecuada y positiva las consultas establecidas por el Convenio 169 y reconozca los derechos de las inversiones que fueron realizadas de conformidad con ley y la normativa vigente en su momento”.

Mientras que el Secretario Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Rudolph Jacobs, expresó que “esta conflictividad y falta de certeza jurídica hace perder empleos” y afecta al fisco, necesitado de dotar de recursos para la inversión pública.