El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aplazó la elección del presidente del Organismo Judicial (OJ), tras ser informado de que se plantearon recursos de aclaración y amplación en la Corte de Constitucionalidad, la cual aceptó los planteamientos legales realizados por la presidenta interina, Patricia Valdés.
La funcionaria preguntó a la CC cuál sería el tiempo a ocupar por el nuevo presidente del OJ, pues ella llevaba dos meses en el cargo y deseaba saber si se completaría el período de un año o serían 12 meses, entre otras dudas derivadas de la resolución de la CC, que dejó sin efecto la elección de Valdés como presidenta del OJ.
La Corte de Constitucionalidad aclaró este tema, resolviendo que el periodo del nuevo funcionario vencerá el 13 de octubre de 2017, pero la notificación llegó cuando los magistrados de la CSJ ya habían suspendido la reunión extraordinaria.
El paso siguiente es que exista una nueva convocataria para elegir al presidente del OJ, siempre y cuando no existan otros recursos legales que detengan el proceso.
Violenta la institucionalidad
De acuerdo con algunos juristas, la resolución de la CC, que dejó sin efecto la elección de Valdés, establece un precedente que debilita la institucionalidad, “generando una incertidumbre jurídica que contraviene el orden republicano y democrático de Guatemala”.
Agregan que “esto verdaderamente nos aleja de un estado de Derecho y es un problema para Guatemala”.
El expresidente la CSJ, José Quesada Fernández, dice que “textualmente” no hay un artículo que prohíba a un magistrado suplente tomar decisiones administrativas como la elección del presidente de la CSJ.
“No he encontrado, y he buscado un artículo donde claramente se manifieste que no se puede llamar a un suplente para este tipo de decisiones administrativas, evidentemente se llama a un suplente para tomar decisiones jurisdiccionales”.
La CC suspendió la elección de Valdés tras un recurso que aseguraba que el procedimiento no cumplió con la ley, pues el pleno debió integrarse solo por magistrados titulares, pero de los 13, uno era suplente.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aplazó la elección del presidente del Organismo Judicial (OJ), tras ser informado de que se plantearon recursos de aclaración y amplación en la Corte de Constitucionalidad, la cual aceptó los planteamientos legales realizados por la presidenta interina, Patricia Valdés.
La funcionaria preguntó a la CC cuál sería el tiempo a ocupar por el nuevo presidente del OJ, pues ella llevaba dos meses en el cargo y deseaba saber si se completaría el período de un año o serían 12 meses, entre otras dudas derivadas de la resolución de la CC, que dejó sin efecto la elección de Valdés como presidenta del OJ.
La Corte de Constitucionalidad aclaró este tema, resolviendo que el periodo del nuevo funcionario vencerá el 13 de octubre de 2017, pero la notificación llegó cuando los magistrados de la CSJ ya habían suspendido la reunión extraordinaria.
El paso siguiente es que exista una nueva convocataria para elegir al presidente del OJ, siempre y cuando no existan otros recursos legales que detengan el proceso.
Violenta la institucionalidad
De acuerdo con algunos juristas, la resolución de la CC, que dejó sin efecto la elección de Valdés, establece un precedente que debilita la institucionalidad, “generando una incertidumbre jurídica que contraviene el orden republicano y democrático de Guatemala”.
Agregan que “esto verdaderamente nos aleja de un estado de Derecho y es un problema para Guatemala”.
El expresidente la CSJ, José Quesada Fernández, dice que “textualmente” no hay un artículo que prohíba a un magistrado suplente tomar decisiones administrativas como la elección del presidente de la CSJ.
“No he encontrado, y he buscado un artículo donde claramente se manifieste que no se puede llamar a un suplente para este tipo de decisiones administrativas, evidentemente se llama a un suplente para tomar decisiones jurisdiccionales”.
La CC suspendió la elección de Valdés tras un recurso que aseguraba que el procedimiento no cumplió con la ley, pues el pleno debió integrarse solo por magistrados titulares, pero de los 13, uno era suplente.