Vimos en el artículo anterior que el derecho de propiedad comprende sólo a la libertad de acción del individuo para proveerse de bienes y no a que se le provea de estos. El individuo no tiene derecho a obligar a persona alguna a proveerlo de una casa, salud, educación, vestido, alimentación, trabajo, etc. Esto sería una contradicción, pues sería tener el derecho a violar el derecho de otro. A lo que tiene derecho el individuo es a la libertad para producir, procurar y disponer una vez lo haya conseguido de una casa, salud, educación, vestido, alimentación, etc.

 

El principio de los derechos del individuo, por ser una extensión de la moralidad en un sistema social, impone una constricción legal al uso del poder del gobierno: éste debe abstenerse de violar los derechos de los ciudadanos. Este concepto es fundamental, por lo que quiero recalcarlo: el gobierno debe abstenerse de violar los derechos de los ciudadanos.  Los derechos individuales sirven como protección del individuo  contra el uso de la fuerza arbitraria de la mayoría al subordinar el poder al derecho, a lo que es moralmente correcto, justo. Los derechos son un principio moral, una condición antecedente para la constitución de la sociedad política o del Estado, que es una unión de hombres bajo el imperio de la Ley, una ley que se deriva de lo moralmente correcto. A esta unión los alemanes la llamaron Rechtsstaat, y en español constituye un Estado de Derecho, o sea un Estado donde el gobierno no está por encima de lo que es correcto, de lo que es justo, de la ética, de las normas universales de recta conducta, de la ley. Es un concepto similar al angloamericano Rule of Law, pero con énfasis en la corrección moral. En un Rechtsstaat los ciudadanos tienen sus derechos individuales garantizados por una Constitución y se hacen respetar jurídicamente. El gobierno se instituye con el único propósito de asegurar los derechos de los ciudadanos, protegiéndolos de los criminales, y la Constitución se escribe para proteger al ciudadano del gobierno. Se declara explícitamente de esta manera que los derechos individuales reemplazan cualquier poder social o público.

 

Los derechos del hombre sólo pueden violarse por medio de la fuerza física. Sólo por medio de la violencia puede un hombre o un grupo de hombres privar a otro u otros de su vida, su libertad y su propiedad. Sólo por medio de la fuerza física pueden robarle, esclavizarle, impedirle actuar para conseguir sus propios fines u obligarle a actuar en contra de su propio juicio racional. Y quien recurre a la fuerza para violar los derechos de otros es un criminal. Para resolver esos casos la ciudad tiene protección legal en contra de los criminales.

 

La ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa, derecho éste de defender, incluso por la fuerza si fuera necesario, su vida, su libertad y su propiedad. Este derecho de legítima defensa antecede a la ley. Esta última reemplaza las fuerzas individuales por la fuerza colectiva para perseguir y castigar a quien viole el derecho de algún ciudadano. Sirve así para garantizar la integridad de las personas, sus libertades y sus propiedades.

 

El uso de la fuerza colectiva, que es la unión de las fuerzas individuales, no puede invocarse para ningún otro fin que no sea el de legítima defensa. Por eso, la ley que tiene como instrumento necesario la fuerza, no puede tener dominio legítimo más allá del dominio legítimo de la fuerza. El propósito de la ley es la protección de los derechos del ciudadano, y el límite de la ley son esos mismos derechos.

 

La ley es la fuerza común organizada para combatir la injusticia, es decir, combatir la violación de los derechos de los individuos. Al establecerla en la asociación civil, fundamentada en los derechos individuales, se crea el Derecho. El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta de los ciudadanos en la sociedad inspirado en la justicia. La ley debe ser por tanto, instrumento de justicia. Debe servir para garantizar que se respeten los derechos de cada uno. Pues, la justicia es respeto recíproco de los derechos de cada uno en una relación con otros. Es honrar el pacto tácito de que en dicha relación no se harán daño unos a otros, de manera que en dicha relación las partes involucradas ganan. La justicia es la misma para todos, pues, respetar, en las relaciones, el derecho de cada individuo, es beneficioso recíprocamente para cada quien. Y como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley. Sin embargo, si hubiere alguien que gozara de un privilegio, que es una ventaja exclusiva o especial por concesión del gobierno, entonces no serían todos iguales ante la ley, entonces no habría Estado de Derecho, entonces no habría justicia. El derecho es lo justo; el privilegio es lo injusto.

 

La ciudad es una asociación que proscribe el uso de la fuerza en las relaciones humanas. Su gobierno actúa como policía y se le permite usar la fuerza sólo como represalia y sólo contra aquellos que iniciaron su uso. Esta es su función, su única justificación moral y la razón de por qué los hombres necesitan un gobierno.

 

No todo régimen se basa en el principio del  derecho, ni busca la paz. Lo opuesto al Rechtstaat es el Obrigkeitsstaat, un Estado basado en el uso arbitrario o despótico del poder. Regímenes, donde no hay límites al poder del legislador, como la monarquía, democracia, feudalismo, tiranía y dictadura, que ven al hombre como un medio para alcanzar los fines de los soberanos, se basan en el principio del despotismo, la arbitrariedad, la violencia y del privilegio. Este principio es incompatible con la ciudad.

 

Ciudadano, entonces, es la persona que puede gozar de  todos sus derechos: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, derechos protegidos por el Cuerpo Político.  Ciudadano significa ‘hombre libre’, es el ‘eleutheros’ de los griegos y el ‘vir’ de los romanos. El ‘eleutheros’ es un ‘oikonomos’, o administrador de la economía familiar, y se relaciona catalácticamente, es decir intercambiando bienes y servicios con otros ‘oikonomos’ o ‘eleutheros’. Este significado, de ‘hombre libre’, se puede ver también en la palabra inglesa ‘freeman’ que significa ciudadano. Y es la razón por la cual los revolucionarios de la Revolución Francesa se designaban a sí mismos como ciudadano (citoyan).

 

Un súbdito, por el contrario, no es un hombre libre. En el régimen feudal, el súbdito es un vasallo sujeto a un señor. En una monarquía es sujeto al rey. En una dictadura o tiranía es sujeto del dictador o tirano. El súbdito no goza de ningún derecho. No es libre ni tiene propiedades. Solo tiene permisos otorgados por el soberano y éste puede revocarlos en cuanto se le antoje. La historia nos muestra múltiples ejemplos de los abusos que permiten esos regímenes. Basta mencionar uno: el “ius primae noctis” (el llamado derecho de pernada, que en sentido estricto, no es un derecho, sino que un privilegio) que concedía poder legal al señor feudal de hacer uso sexual de la recién casada de su siervo, la noche de la boda, antes que el esposo. Aquí es claro que los vasallos, tanto hombre como mujer, no son respetados ni tratados como hombres, sino como ganado, como objetos de uso del señor. Por el contrario, el ciudadano es hombre libre cuyos derechos están amparados por el Estado de Derecho y la república. El ciudadano es un fin en sí mismo y no un instrumento o medio para los fines de otro u otros hombres.

 

La república es el gobierno del régimen político o asociación civil. En este régimen se instituye un gobierno republicano, cuyos administradores son elegidos por los ciudadanos, al que se le adjudica el poder exclusivo de imponer ciertas reglas de conducta social. La autoridad de su gobierno reside en el consentimiento de sus gobernados. Esto significa que el gobierno no es el soberano, sino que el agente al servicio de los ciudadanos. El gobierno como tal no goza de ningún derecho a excepción de los derechos delegados en él por sus ciudadanos y para fines específicos. Y los fines específicos del gobierno republicano son: proteger los derechos del ciudadano protegiéndolo de la violencia física.

 

Continuará.