En los primeros días de este año, hemos visto una serie de sucesos que han ido marcando nuestra historia. Tal fue el caso de José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente, además del seguimiento a noticias de escándalos de corrupción, como el caso de la compañía brasileña Odebrecht, que involucra a políticos de Guatemala, entre otros países. Es importante mencionar que nuestra coyuntura política del 2017 está marcada por una serie de acontecimientos en materia de política doméstica y de política internacional.

En el caso de la política doméstica, somos testigos de cómo dos de los tres altos organismos del Estado están sumergidos en una profunda crisis: el Organismo Legislativo y el Organismo Judicial. En este orden de ideas, el Congreso está inmerso en una serie de cuestionamientos muy delicados. Primero que nada existen por lo menos 20 diputados en proceso de antejuicio, más otros que ya están enfrentados al proceso penal, además de otros casos más en camino. En segundo lugar, una Junta Directiva que ha generado mucha incertidumbre sobre su agenda particular y por haber creado 15 comisiones extraordinarias que hacen mucho más burocrático el proceder del Congreso. En tercer lugar, el Legislativo tiene la brasa caliente de la reformas constitucionales del sector justicia. Y en cuarto lugar, la lucha diaria contra los escándalos y el descrédito de muchos diputados señalador por la Cicig.

En el caso del Organismo Judicial, existe una severa crisis institucional por la falta de credibilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues de los 13 magistrados que fueron electos, solamente quedan 11, ya que el magistrado Douglas Charchal está en prisión preventiva, vinculado al caso de corrupción TCQ, y Vladimir Aguilar es investigado por el mismo caso. Por aparte, la magistrada Blanca Stalling está próxima a perder su inmunidad si la comisión pesquisidora del Congreso dictamina causa de trámite y posteriormente es ratificado por el pleno. Además, los demás integrantes de la Corte Suprema de Justicia están siendo cuestionados por la opinión publica, pues se rumora que tienen vínculos e intereses con personas polémicas, como Roberto López Villatoro, más conocido como “El Rey del Tenis”, así como vinculados a estructuras de los partidos Líder y PP, que se aliaron para su elección en el pleno del Congreso durante 2014.

Tanto el Organismo Legislativo como el Organismo Judicial se enfrentan a una severa crisis institucional y a la falta de credibilidad, las cuales ha sido producto de escándalos políticos evidenciados por la Cicig y el Ministerio Público. Estas últimas entidades, por cierto, son cuestionadas por líderes de opinión que se oponen a sus procedimientos de investigación, pues señalan que existen poderes totales y extralimitaciones.

Así las cosas, tenemos un país que se está autodepurando en medio  una debacle de la clase política, que no logra atender, gestionar y aprovechar la coyuntura política que demanda cambios profundos en el sistema político, los cuales deberían ser expresados en la Constitución, en el sistema electoral y en el sistema de partidos, pues el modelo actual ya está agotado y caduco.

En este orden de ideas, los políticos deberían descifrar a tiempo la lectura de la coyuntura política y también la necesidad de hacer cambios en un modelo visiblemente fracturado e insostenible.

A raíz de la crisis política y específicamente del Organismo Ejecutivo que movilizó a miles de personas durante 2015 para hacer patente su derecho ciudadano de exigir su rechazo hacia la evidente impunidad, hay que comprender que, desde entonces, seguimos y continuamos en un proceso de cambio, el cual se ha extendido hasta lo que va del 2017 y seguramente en los años venideros. Por lo tanto, es importante señalar que la crisis sigue latente y empieza a tomar mayor fuerza para el Organismo Legislativo y el Organismo Judicial, debido a que en vez de enviar mensajes de esperanza y señales de madurez y criterio político, están enviando mensajes equivocados, lo cual genera el descontento y la indignación ciudadana.

La coyuntura política actual nos marca una lectura de inestabilidad y un momento de transición que está generando incertidumbre por los cuestionamientos a los Organismos del Estado, incluso del Organismo Ejecutivo, que está debilitado por la poca capacidad de acción política y por no maniobrar de forma correcta la agenda pública en temas prioritarios y definidos o tazados como objetivos de Gobierno.

Es lamentable que el Congreso no interprete la crisis que tiene encima, pues siendo los representantes del pueblo donde convergen diferentes identidades políticas, no establecen una agenda de Estado que les permita proyectar líneas concretas de acción. Más bien se puede observar la actitud que ha utilizado el Congreso de la República de atrincherarse  de la persecución judicial a través de los privilegios, como lo es la figura del antejuicio, la cual ha sido utilizado como escudo para evitar llegar a los procesos judiciales por quienes ya han tenido solicitud de antejuicio y de quienes todavía son investigados, y que tarde o temprano serán requeridos por la justicia.

Por si esto fuera poco, existe alarma acerca de la política internacional. Guatemala se encuentra en una posición expectante sobre el posible impacto de las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump con respecto a los países del Triángulo Norte, la construcción del muro para evitar la migración en México, el recrudecimiento de la política antimigratoria; sin embargo, Guatemala ha tenido un aliciente, pues el nuevo Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, ha manifestado que seguirán apoyando a la Cicig.

¿Qué está pasando en el país? Está viviendo un momento de transición y de transformación, que al final del día es positivo, porque la situación del país ya no permite retroceder, sino solo avanzar en la consolidación del Estado de Derecho, el debido proceso y el fortalecimiento de las instituciones del estado a todo nivel; sin embargo, para que esto suceda hay que darle seguimiento a todos los temas que son de interés nacional y también activar la fiscalización ciudadana acuerpada por procesos de auditoría social que permitan hacer de la transparencia una obligación y no una opción para los burócratas.

Somos un país complejo, donde todavía no se superan las diferencias ideológicos y seguimos siendo una sociedad llena de prejuicios y demasiado conservadora para hacer los cambios profundos que el país necesita, sobre todo en el ámbito político; sin embargo, hay que estar consientes que debemos invertir el triple en justicia y en educación, para la formación de ciudadanos con criterio, que en base a valores construyan una sociedad con la cultura del respeto por la vida, de la justicia, de la tolerancia, y en la formación de una clase política que sea producto de un proceso de construcción del país.