Al hablar de seguridad social se entiende como el derecho de toda persona a contar con la protección básica para satisfacer sus necesidades. En este sentido, en un país donde la población cuenta con un régimen de seguridad social se dignifica a las personas en particular a la vejez.

Hablar de seguridad social en Guatemala parece más que un derecho un privilegio. Las condiciones laborales actuales no están dadas para contar con esta protección. El Estado no brinda el ambiente favorable que fomente empleos productivos que se traduzcan en calidad de vida para los guatemaltecos.

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Guatemala ocupa el antepenúltimo lugar apenas por encima de Honduras y Trinidad y Tobago con la menor contribución a la seguridad social de Latinoamérica y el Caribe. El país cuenta con el tercer promedio más bajo de carga fiscal sobre los salarios de los trabajadores formales.

La contribución a la seguridad social  sobre el salario de un trabajador en Guatemala alcanza un 3.6% y sobre el empleador un 9.6%, para una cuña fiscal total del 13.2%. Mientras países como Argentina, Brasil y Uruguay alcanzan una cuña fiscal por encima del 30%.

En promedio el peso de las aportaciones a la seguridad social sobre los salarios en Latinoamérica alcanza el 21.7%, mientras que para los países de la OCDE este indicador se ubica en 35.9%.

 

Esta diferencia entre la contribución en Guatemala y en Latinoamérica, sin mencionar el abismo con la de países desarrollados, tiene una lógica detrás. La brecha obedece a los desafíos laborales que existen en nuestro país.

Para alcanzar mayores niveles en las cuotas de seguridad social, que superen un 30% del salario, el esquema laboral guatemalteco debe cambiar. Empezando por generar más fuentes de empleo formal. Mientras esto no suceda no se puede pensar en mejores condiciones en la seguridad social del país. Los empleos hoy no son suficientes, y los que existen no son necesariamente formales. La informalidad supera el 70%.

Enfrentar cambios en la seguridad social obliga a generar empleos productivos para los más de 5 millones de guatemaltecos que hoy laboran en la informalidad. Mientras esto no ocurra, los cambios en la seguridad social no serán una realidad para Guatemala.

 

Por otro lado, la política social emprendida por nuestros gobiernos no está encaminada para fortalecer la seguridad social.  Nos encontramos frente a una politización de los programas sociales que impiden claramente caminar hacia la senda de mejora en la salud pública y la previsión social.

Mientras no se generen las condiciones para más y mejores empleos en el país, la seguridad social permanecerá como un privilegio más que un derecho legítimo.