Esta semana los diputados del Congreso retrasaron la discusión de las reformas constitucionales hasta el próximo miércoles. El objetivo al que supuestamente apuntan dichas reformas es fortalecer la justicia en nuestro país. Sin embargo, su contenido ha generado dudas y preocupaciones. Me pregunto si el Congreso ha profundizado para determinar si las reformas fortalecen o debilitan nuestro sistema de justicia. Ese cuestionamiento fue lo que motivó los diálogos que nutren la propuesta en cuestión, por lo que me parece que el Congreso también deberá dedicar suficiente tiempo para responder esa incógnita.

Ciertamente el acceso universal a la justicia es una necesidad insatisfecha en nuestro país. Las reglas claras e igualmente aplicables para todos son condiciones mínimas e indiscutibles para salir de la pobreza. Por lo tanto, debemos analizar si las reformas constitucionales propuestas nos acercan o nos alejan de este sueño. A mi criterio, la última redacción de la propuesta que llegó al pleno incluye elementos que no cuentan de un amplio consenso ciudadano ni demuestran como aportan a fortalecer el sector justicia. Parte de lo que estas reformas contemplan es elevar la jurisdicción indígena al mismo grado que la Corte Suprema de Justicia, sin acabar de entender las ramificaciones de lo que eso puede implicar.

Es importante valorizar la justicia indígena que se ha practicado por miles de años en nuestro país y que, a su vez, está ya reconocida en nuestra Constitución. Crear un sistema jurídico paralelo y de orden jerárquico similar puede complicar la aplicación correcta de la justicia y la manera en que las autoridades indígenas la han impartido en sus comunidades. Es importante resaltar que en los municipios donde los liderazgos ancestrales han tratado estos temas, tienen índices delictivos y de violencia inferiores al promedio nacional, pero, con estas reformas, los escenarios pueden cambiar drásticamente. Por ejemplo, imaginemos que existe un violador sexual “operando” en cierto municipio en el Oriente del país. Puede suceder que, con estas reformas, este violador prefiera entonces trasladarse a Occidente para seguir “operando” porque allí la justicia no contempla prisión para los crímenes que él comete. Y la víctima de dicha violación, ¿puede ella acceder al Juzgado de Familia para reclamar manutención económica? Lastimosamente debemos pensar en este tipo de escenarios cuando hablamos de modificaciones de justicia. Los patrones y comportamientos criminales respondan a este tipo de vacíos legales o de diferencias de incentivos.

Me pregunto entonces, los cambios que se contemplan en esta propuesta, ¿mejoran el acceso e impartición de justicia en estas comunidades o lo dificultan? ¿hasta qué punto afectarán estas reformas los mecanismos que las autoridades indígenas y ancestrales ya practican? ¿reconocen estas reformas prácticas que facilitan la resolución de conflictos? ¿cómo se garantiza que los procesos para la selección de autoridades indígenas ancestrales no esté viciado ni se abuse de él? ¿habrá un Fiscal General Indígena? ¿quién será responsable de perseguir el narcotráfico o les abrimos un espacio vacío de justicia para operar? ¿por qué arreglar algo que no está descompuesto?

Quiero dejar muy claro que no estoy en contra de estos conceptos. Todo lo contrario, pienso que debemos de celebrar nuestra diversidad, siendo esta una gran fortaleza, y debemos buscar mecanismos de convivencia que realmente funcionen. Evitar el diálogo pareciera ser una receta simplemente para perpetuar el conflicto y confrontación. Debe prevalecer la búsqueda de consensos, el debate y la profundización para atender las preocupaciones que nos atañan. Se habla de la convivencia de estos dos sistemas conceptualmente, pero no se habla de su alcance (fiscal, civil, etc.), los recursos que implican o de sus limites. Ello, sin duda, despierta preocupaciones. La jurisdicción indígena tampoco debe ser un tema que nos distraiga de la discusión de mecanismos fundamentales que nos permitirán luchar contra la corrupción, tales como los antejuicios, el mecanismo de selección de jueces, entre otros.

Rechazar una reforma es fácil. La experiencia reciente en el Reino Unido con Bretix, el proceso de paz en Colombia, entre otros, nos demuestran que se debe hacer un esfuerzo importante por atender las preocupaciones legítimas de la ciudadanía. Algunas de esas preocupaciones podrán ser temores infundados y que se puedan desvanecer mediante el diálogo. Sin embargo, se deberá entender que otras preocupaciones puedan ser legítimas y quizás requieran postergar o eliminar por completo ciertos elementos de la reforma.

Cambiar la Constitución no debe ni puede ser un proceso que se tome a la ligera, requiere una deliberación y análisis profundo. Recordemos que la Constitución es el pacto social más importante que tenemos los guatemaltecos. Ojalá que el próximo miércoles los diputados cumplan con el deber de discutir y debatir, con suficiente profundidad, antes de someter las reformas a votación. En estos temas indígenas, que históricamente demuestran ser resistentes a reglamentación, debemos hacernos la pregunta ¿quién gana si se deja ese vacío legal? Si esta columna despierta cierta dudas sobre las reformas constitucionales, compartamos dichas dudas con nuestro representante en el Congreso y exijámosles que este tema tenga una discusión de fondo. El simplemente aprobar algo tan profundo sin el debate respectivo, es abdicar su responsabilidad como diputados. No podemos permitir que se experimente con nuestra Constitución ni con la justicia.

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