Un tribunal de apelación estadounidense rechazó esta madrugada la solicitud de la administración de Donald Trump, de restablecer de inmediato un decreto antiinmigración del Presidente de Estados Unidos, bloqueado por una corte federal.

La decisión judicial fue informada por la Fiscalía General de Washington en su cuenta de Twitter. El departamento de Justicia recurrió la noche del sábado a la decisión del juez federal James Robart de bloquear la aplicación de este decreto firmado hace ocho días por Trump, con lo que volvió a abrir las puertas de Estados Unidos a ciudadanos de siete países musulmanes (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen).

En un breve documento presentado ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), Trump y su gabinete recurrieron formalmente la decisión judicial que bloquea temporalmente la polémica orden ejecutiva.

La notificación de apelación se presentó en nombre de Trump, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly; el secretario de Estado, Rex Tillerson; y los Estados Unidos de América.

Todos ellos “apelan por la presente ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito la decisión del 3 de febrero” que “restringe la aplicación de parte de la orden ejecutiva del 27 de enero para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros”, según la notificación presentada ante el tribunal.

El camino, el Tribunal Supremo

Tras esta decisión de la Corte de Apelaciones, el Gobierno de Trump puede ahora recurrir ante el Tribunal Supremo, algo que muchos expertos consideran probable.

La máxima instancia judicial del país se encuentra actualmente dividida entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros cuatro de inclinación progresista, dado que el Senado aún no ha aprobado a un noveno magistrado que podría ser crucial para deshacer un posible empate en un caso de alto perfil como éste.

La batalla contra el veto migratorio de Trump la iniciaron dos estados de EE.UU., los de Washington y Minesota, que argumentaron ante la Justicia que el decreto era anticonstitucional porque causada discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.