Esta semana es decisiva en el futuro de cualquier proceso judicial de cualquier persona en el territorio guatemalteco. Luego de un año de presiones de algunas entidades para que los diputados aprueben las reformas como están planteadas, llegó a su fase de votación.

Es importante recalcar que se ha agilizado este proceso obviando observaciones, oposiciones, señalamientos y denuncias de diversos sectores. Ahora que les toca decidir y llevar la voz y voto de los ciudadanos que representan, los diputados tienen la responsabilidad de verificar que ese voto sea realmente representativo.

La oposición del Consorcio, formado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Landivar y la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, debería alarmar a cualquiera. Aún más cuando hablamos de dos de las universidades más grandes del país.

La necesidad y revelancia de reformar el sector justicia nadie lo discute, pero algunos aspectos se han planteado de una forma que resultarían más perjudiciales. Por ello se ha insistido tanto en dialogar al respecto antes de aprobar la iniciativa tal y como va.

Reparar los daños de una mala decisión por parte de los diputados podría costarle a muchos guatemaltecos. Esperamos que reflexionen y hagan valer los derechos de quienes les eligieron.