La estabilidad constitucional está en riesgo si se aprueba el proyecto de reformas a la Carta Magna, pues se incluyen temas que causan incertidumbre como la Jurisdicción Indígena y nuevos principios de derecho como equidad y oralidad, además se crea un Consejo Nacional de Justicia que, según expertos, tiene serias deficiencias en su conformación y contrario a su propósito, debilitará el sistema de justicia.

Como parte de un ejercicio de discusión y de aportes para el Congreso de la República, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), convocó al llamado consorcio, integrado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y las universidades San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar, para analizar los puntos clave de la pretendida reforma a la Constitución.

Innecesario y deja muchas dudas

La Jurisdicción Indígena fue el primer tema que abordaron los participantes del coloquio que tardó unas tres horas. En este asunto, Asíes está de acuerdo con el reconocimiento, pero no en la forma como se está tratando el asunto, porque quedan muchas dudas, puntos que si no se aclaran, podrían causar más confusión y conflictividad.

Mientras tanto, la Usac y ATAL consideran que el tema es innecesario en la propuesta porque las Cortes de Guatemala ya reconocen la aplicación del derecho indígena en todo el país, pero más que ello, subrayan que ya está incluído en la Constitución y los Acuerdos de Paz.

Incluso, la Usac estima que la Jurisdicción Indígena se incluyó posiblemente como un tema electoral porque se está haciendo creer a las comunidades que es un “reconocimiento constitucional de nuestra naturaleza como sociedad  multicultural y plurilingüe”, lo cual causa “falsas expectativas”

Cristhians Castillo de la Usac, Lorena Escobar y Pablo Hurtado, de Asíes, participaron en el coloquio.

 

Debido al impacto negativo de contar con dos sistemas jurídicos paralelos, y por las diversas interrogantes, se hizo un llamado a los diputados para someter el tema a un análisis más detenido que permita establecer los alcances de la Jurisdicción Indígena.

Por ejemplo, debe discutirse ¿dónde se aplicará? (si es un ciudadano no indígena sujeto a este sistema, quiénes son las autoridades indígenas, quién las define), ¿a quiénes aplicará? (cuáles son los contrapesos y si existe una división de poderes y rendición de cuentas), y ¿para qué temas aplicará?

Estos son algunos puntos que no se han discutido y aunque parezcan sencillos, podrían tener un impacto negativo en el país, considerando la experiencia de otras naciones, por ello se insiste en la necesidad de analizarlos.

Mal integrado

En relación con la conformación del Consejo Nacional de Justicia, tanto ATAL como Asíes y la Usac, coinciden que la propuesta crea una entidad con “extrapoder“, superior a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con influencia ajena al Organismo Judicial, lo cual, en lugar de dar mayor independencia y fortalecer la justicia del país, la debilita.

No tienen dudas que los magistrados de la CSJ deben separarse de la administración de la Carrera Judicial, así como de la administración financiera, para dedicarse a impartir justicia, pero tampoco dejar ambos temas en un ente superior a la Corte, capaz, incluso, de removerlos.

Tal como está planteada la propuesta, “se crea un cuarto poder que vulnera la República”, subraya la Usac.

Aparte de ello, se sugiere someter a un riguroso análisis todas las asignaciones otorgadas a los miembros del Consejo Nacional de Justicia para garantizar la independencia política y evitar que su función sea como la de un magistrado.

Por medio de leyes ordinarias

Acerca del antejuicio, auque el tema no fue aprobado por el Congreso, se sugiere que los cambios se hagan por medio de las leyes ordinarias, porque sí es necesario aclarar algunos temas que ahora dejan muchas dudas y afectan al sistema de justicia, pero no ven necesario modificar la Constitución.

La Usac mencionó que temas como los principios de derecho (equidad y oralidad) no fueron analizados en las mesas técnicas donde se abordó la Reforma Constitucional al Sector Justicia, y ATAL considera que estos puntos, sumados a “litigio malicioso y abuso de derecho”, así como “asistencia legal gratuita”, “pueden tener implicaciones negativas para el sistema”.

 

Un momento clave para el país

Asíes, Usac y ATAL coinciden en que la reforma a la Constitución es un tema impostergable para mejorar el sistema de justicia, pero debido a ello consideran que no se debe tomar a la ligera porque no pretende modificar una ley ordinaria, sino el pacto social que rige la vida de los guatemaltecos.

Asíes considera que todavía no se ha perdido la oportunidad de una discusión profunda y hace un llamado a los organismos del Estado a reconsiderar el análisis de la Reforma Constitucional al Sector Justicia.

Mientras tanto, Usac señala que las propuestas del Consorcio (Asíes, Usac y Universidad Rafael Landívar) no fueron “improvisadas”, y comenta que debe deducirse responsabilidades a quienes “trastocaron y complicaron” la “necesaria reforma constitucional”.