“La pesca se niega a morir” titulaba Prensa Libre en una nota el 18 de diciembre pasado. La historia refiere datos interesantes, pero lamentablemente, deja una reflexión perversa entorno al rol del Estado en esta materia.

Los pescadores representantes de al menos 18,600 mil familias guatemaltecas que dependen de aquella actividad dicen “sentirse olvidados” por el gobierno. La pesca es en un 90 % artesanal, carece de infraestructura (muelles) y la que existe es de muy mala calidad. Aunado a ello los pescadores padecen diariamente de la contaminación en las riberas de los desembarcaderos pesqueros, operando en condiciones insalubres y contaminantes para sus productos. A ello cabe agregar la fluctuación de los precios que, supongo, es resultado de la dinámica de las poblaciones de al menos 175 especies de peces e incluso de la sobre explotación de las áreas pesqueras.

El problema de fondo no es que el gobierno les olvide, no obstante, su rol legítimo de proveer infraestructura física (dársenas, muelles, embarcaderos, etc.). Tampoco lo es, como reclaman algunos pescadores, la ausencia de “fomento” o de una “entidad que regule los precios” u otra que se encargue de “difundir las propiedades alimenticias de sus productos”.

Los problemas de fondo son fundamentalmente dos: 1) mantener los mares y esteros como bienes de acceso libre (no exclusivos) y gratuitos (no rivales) y, 2) un rol del gobierno que no le corresponde. El primer problema deriva en lo que se conoce en economía como la Tragedia de los Comunes, o escenario en el cual se maximiza el interés individual conduciendo a la sobreexplotación y agotamiento. El segundo problema deriva en ausencia de libertad para producir y vender, sustracción de capital, distorsión de precios y corrupción.

Esta condición de ausencia de claros derechos de propiedad aunada a la dañina carga gubernamental en términos de “impuesto de circulación de vehículos marítimos”, “licencia naval”, “regulaciones de la Dirección de Normatividad de la Pesca y la Acuicultura (DIPESCA)” y ausencia de infraestructura, coadyuvan para que la actividad, efectivamente, se encuentre sin los incentivos correctos, produciendo miseria y conduciendo hacia la inevitablemente sobre explotación del recurso y contaminación de los esteros y mares.

Lo correcto es dejar que emerjan derechos de propiedad y que sea dicha institución la que regule, sin coerción y, paradójicamente, mediante el interés propio, las tasas de aprovechamiento de los recursos marinos. ¿Cómo? ¿En el mar? Sí, seguro pensarán que es una locura, pero locura es hacer las mismas cosas (vedas, prohibición de tecnologías, tamaño de embarcaciones, etc.) y esperar resultados diferentes…

El profesor peruano Enrique Ghersi en su ensayo “La privatización del mar” propone algunos instrumentos teóricos y ciertas hipótesis que permitirían hacerlo. Profundiza en la historia de la regulación de los mares y expone los beneficios de la apropiación exclusiva, de la transferibilidad de los derechos y las tecnologías ya existentes que podrían facilitar aquel proceso.

Pero mientras Guatemala y América Latina aún navegan sobre el mar tormentoso de las regulaciones en la pesca, países como Nueva Zelandia, Islandia, Columbia Británica (Canadá) y más recientemente, Namibia (África), han experimentado un nuevo enfoque: el de las “acciones de captura”. Este sistema consiste en la asignación de un derecho legal a una porción de la captura (pesca) a pescadores individuales, comunidades o asociaciones pesqueras. Inicialmente, se determina, con base en criterios científicos (dinámica de poblaciones de peces), una Captura Total Admisible (TAC, por sus siglas en inglés), luego de ello se asignan las Cuotas Individuales Transferibles (ITQ, por sus siglas en inglés), las cuales, como su nombre lo indica, pueden ser usadas, vendidas o rentadas. En esencia, el sistema especifica derechos de propiedad, legitima la operación y permite la transferencia pacífica y voluntaria. Este sistema ha terminado con las “carreras-por-pescar” o comportamiento colectivo propio de las vedas y demás regulaciones gubernamentales.

Y si al caso una función del gobierno es legítima en este sentido, es la de proveer seguridad, justicia pronta y cumplida en el cumplimiento de contratos e infraestructura básica de calidad como dársenas y muelles.

Así pues, desde este espacio propongo que, ni pescado ni enseñar a pescar…lo importante es ¡dejarles pescar! Un gobierno limitado a sus funciones propias, mercados libres para comercializar pacífica y voluntariamente sus productos y propiedad privada son las verdaderas soluciones a los problemas de la pesca en Guatemala.

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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus columnas se publican en varios medios digitales en América Latina.

 

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