A falta de representatividad de los tanques de pensamiento y actores políticos de diversas ramas en el proceso constitucional de reforma, estos mismos han planteado sus propios argumentos en pro o en contra de la propuesta que se discute en el pleno de diputados del Congreso de la República, con legítimas preocupaciones según sus líneas de pensamiento.
Lo que no se ve tan legítimo a ojos de cualquiera, con independencia de su ideología, es la resistencia de los diputados y magistrados dela Corte Suprema de Justicia a apoyar reformas que limitan sus prerrogativas ante procesos judiciales y facultades laborales, respectivamente. Así, resulta virtualmente imposible lograr reformar la Constitución como la propuesta lo indica en el artículo 154 bis, que se refiere al Antejuicio.
Otra gran preocupación que compartimos casi todos es la introducción del Consejo Nacional de Justicia como ente absolutamente independiente que no rinda cuentas a nadie, pero controle la administración del Organismo Judicial y la elección de jueces. El organismo, como parte de la República, es necesariamente político, y asumir que un nuevo ente político que no rinda cuentas y tenga prácticamente en sus manos la justicia, se convierte en un peligro inminente en los juegos de poder.
La Jurisdicción de los pueblos ancestrales es probablemente el punto de mayor choque. Seguimos sin saber cómo se transparentan y publicitan los procesos de justicia indígena, y cómo esta, que ya existe, estará de acuerdo con limitar sus competencias jurisdiccionales. Hay quienes argumentan que no podemos encajar su forma de ver el mundo en nuestro sistema jurídico pero aún así defienden reconocer por fuerza las limitaciones de su sistema en analogía con el nuestro. Esto sin mencionar que se propone un sometimiento voluntario a la justicia sin ninguna restricción. Imaginémonos la facilidad con que podríamos cometer fraudes de Ley, eligiendo voluntariamente someternos a otra justicia en la que sabemos que no es punible un hecho u omisión cometido para evitar la justicia propia de nuestro sistema.
No indicar esos puntos importantes en la Constitución, como ahora se pretende, dejará un vacío de Ley hasta que algún Congreso de turno se digne, en un período indefinido de tiempo, a emitir una ley que regule la materia.
Si me preguntan, claro que veo un neceser en la reforma a la Constitución para fortalecer el sistema de Justicia. Pero no así. No con motivos espurios, que es, me parece, lo opuesto completamente a Justicia. Lo importante, al fin y al cabo, es la participación de todos en el proceso. Para fortalecernos, para resistirnos a lo que resulta un detrimento.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo