“La ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que se enseñe en sus escuelas la multiplicación y las tablas periódicas, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad.” Walter Isaacson

La recién nombrada Ministra de Educación de los Estados Unidos de América del Norte, Betsy De Vos, durante su carrera ha promovido durante la figura de Charter school, iniciativa que combina una gestión educativa entre el sector público y sector privado. La modalidad goza de veinticinco años de funcionamiento, y permite que cada estado individualmente se regule, y así facilita la burocracia de gestión, permitiendo una eficaz implementación de estrategias de innovación y mejoras. Cada estado tiene la libertad de modificar los programas educativos como determine necesario.

¿Cómo se define una Charter school? Una escuela Charter es un centro educativo del sector privado que puede ser seleccionado por los padres de familia, no dependiendo de la zona de residencia, como es habitual en la organización estatal. Debe cumplir con tres aspectos puntuales: resultados académicos positivos, la transparencia y efectividad del manejo de los recursos financieros y la estabilidad organizacional. Si el centro educativo no cumple con lo establecido en sus estatutos de creación, puede ser claudicado. Se debe desempeñar con lo plasmado en su propuesta académica y de funcionamiento. Reciben fondos públicos, y no se cobran cuotas a las familias. Se enfatiza la descentralización.

La modalidad sufre critica. Sin embargo, los resultados demuestran la bondad de su aplicación. Se promueve la igualdad dentro de los centros educativos; es eficiente la gestión financiera, y así le permita más disponibilidad de fondos al sector público; hay una rendición de cuentas constante y a los estudiantes y padres de familia, no a la burocracia estatal.

Aunque los Estados Unidos de América del Norte es una civilización del primer mundo, los resultados escolares públicos no son todos alentadores. Se gasta un promedio del 31% más que otros países desarrollados en la educación K-12 (Preprimaria a Diversificado), pero los estudiantes de 15 años gozan de una ubicación mediocre en estándares mundiales, puesto 31 entre 35; los gobiernos (Federal, estatal y de la comunidad) gastan más de US$900 billones en la educación formal y solo el 18% de la población escolar puede responder a problemas de análisis de vocabulario; el promedio de gasto por aula de escuela pública es de $286,000.00 por año, con el resultado de un 26% de estudiantes que pueden optar positivamente a los exámenes de ingreso de las universidades; se concluye entonces que mayor gasto no implica mejor resultado, por los parámetros gubernamentales limitantes. Adicionalmente, los sindicatos de docentes del sector público se oponen a la opción de un colegio Charter, porque por lo general, los docentes del sector privado no son participantes de los sindicatos, y por ende, no aportan al mismo.

Las discusiones son largas y apasionadas; sigue creciendo el modelo. Es una alternativa educativa que se establece en un acuerdo formal de desempeño entre los organismos públicos y las coelgios, especificando qué resultados deben lograrse como base legal para imponer consecuencias a las escuelas. Estas consecuencias pueden incluir o una recompensa o una sanción máxima; renovación o revocación del chárter del centro educativo.

Las leyes de chárter incorporan una dimensión de mercado y la rendición de cuentas basada en estándares , y orotrga a las familias la opción de escoger la institución educativa .

Se pregunta, ¿se podría utilizar el modelo en Guatemala? El Currículo Nacional Base define la descentralización curricular: “…tiene como finalidad atender a las características y demandas de la población estudiantil de las diversas regiones sociolingüísticas, comunidades y localidades, proporcionando una educación escolar de calidad y con pertenencia cultural y lingüística en todos los ciclos, niveles y modalidades educativas de los subsistemas escolar y extraescolar.” Las Direcciones Departamentales, de acuerdo al Acuerdo Gubernativo 165-96 establece que cada Dirección Departamental debe “Coordinar la ejecución de las políticas y estrategias educativas nacionales en el amito departamental correspondiente, adaptándolas a las características y necesidades de su jurisdicción. Y Promover, coordinar y apoyar los diversos programas y modalidades que funcionan bajo su jurisdicción, buscando la ampliación de la cobertura educativa, el mejoramiento de la calidad de la educación y la eficiencia administrativa.”, entre otras. (Art. 2, Funciones); y la Constitución Política de la República de Guatemala, Art. 73, dice: “El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia.”

La posibilidad legal existe. La fallecida modalidad de Pronade: “La historia del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo –PRONADE- del Ministerio de Educación se remonta al año de 1,992 , cuando surgió la idea de diseñar un proyecto de carácter descentralizado, que permitiera ejecutar los fondos del presupuesto de la nación e introducir sistemas innovadores para la administración de los recursos en educación.”(Pagina web MINEDUC) Implementaba la supervisión de los padres de familia, un manejo descentralizado y el administración de fondos; queda pendiente la inclusión de poder optar a los centros educativos privados como una posible elección educativa, pues SSI forman parte del sistema educativo nacional.

La modalidad de Charter schools puede incrementar la cobertura, proveer innovación educativa, ampliar la visión curricular de las instituciones involucradas, crear el deseo de otras de participar, e impulsar un cambio estructural en el Ministerio de Educación. Si los países del primer mundo lo están implementando como una opción que cumple con varias cometidas, es de ponerle atención, e iniciar los cambios necesarios para una mejora en el aprendizaje de los alumnos con eficiencia en los costos.

 

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