El Ministerio Público (MP) por medio de La Fiscalía Especial contra Impunidad (FECI),inició la imputación de hechos contra seis ex integrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS) en la audiencia de primera declaración, vinculados a tres casos por actos de corrupción durante  los años 2013 y 2014, informó el ente investigador por medio de un comunicado de prensa.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Walter Villatoro, el MP señaló como presuntos responsables a Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López; expresidente de la Junta Directiva del IGGS, Julio Roberto Suárez Guerra; primer ex vicepresidente, Jesús Arnulfo Oliva Lea; segundo ex vicepresidente, Erwin Saúl Castañeda Pineda; ex vocal Primero, Max Erwin Quirin Schöder; ex vocal Segundo y Julio Amparo Locan Garzon; ex vocal Tercero.

Entre los delitos que les imputará la Fiscalía se encuentran, fraude y peculado por sustracción. De acuerdo con la investigación, los ex integrantes de la Junta Directiva habrían participado en tres contratos anómalos relacionados al alquiler de un edificio  ubicado en la zona 9. El arrendamiento se pactó por cinco años a razón de 30 mil dólares mensuales.

En un segundo caso, de acuerdo con la FECI, estas mismas personas estarían vinculadas  en la adquisición de un programa informático para el Seguro Social. El mismo tenía como función la  solución integral de sistemas informáticos SAP o su equivalente que incluyera la instalación, migración de datos puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de Gestión Administrativa de los Recursos Gubernamentales (GRP).

El valor de dicho programa fue estimado en Q243 mil. La ex junta directiva no tomó  en cuenta que el IGSS ya contaba con el sistema informático para el desarrollo de sus labores tanto administrativas como médicas. El último hecho, la Fiscalía también los relacionó en la compra de 50 ambulancias que habrían sido sobrevaloradas. Según las pesquisas, en la compra de esos vehículos fijaron el precio en  Q880 mil cada una. Según las cotizaciones, el costo de las ambulancias debió  ser menor de acuerdo con las especificaciones requeridas por el IGSS.

Presuntamente los hechos ilícitos fueron cometidos de septiembre de 2013 a noviembre de 2014. La audiencia continuará este martes en dicho Juzgado.