Pese a haber sido desaforada por el Congreso de la República, ligada a proceso penal y enviada a prisión preventiva por el delito de tráfico de influencias, Blanca Aída Stalling Dávila continúa siendo magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con goce de salario de Q53,825, pues únicamente se encuentra separada del cargo.

De acuerdo con el portavoz del Organismo Judicial (OJ), Ángel Pineda, Stalling sigue en el cargo hasta que no renuncie, esto por las nuevas disposiciones de la Ley de la Carrera Judicial que entró en vigencia en noviembre de 2016,

La regulación establece en el artículo 31, inciso d): Separación de Cargo: “La separación de la función jurisdiccional con goce de salario, se produce en los casos en que se haya declarado con lugar el antejuicio contra jueces o magistrados para garantizar el efectivo ejercicio de su derecho de defensa y la adecuada prestación del servicio”.

Esta Ley dice en su inciso e): Suspensión: “La suspensión se produce en los siguientes casos:

  •  Cuando se haya dictado auto de procesamiento contra juez o magistrado, con goce de salario
  • Como medida precautoria de un procedimiento disciplinario, para asegurar los resultados del proceso y para no afectar la prestación del servicio, con goce de salario.
  • Como sanción para faltas graves y gravísimas conforme lo establecido en la presente Ley.

Afecta la institucionalidad

De acuerdo con el expresidente del OJ, José Quesada Fernández, “lo deseable sería aplicar lo que establece la Ley de Materia de Antejuicio, para que Stalling fuera separada del cargo, pues ya se le dictó auto de procesamiento, por lo que perdió la calidad de magistrada de la CSJ”.

Según Quesada, “no puede ser que se tengan a funcionarios en prisión y aún no hayan sido separados de sus cargos. Esto afecta la institucionalidad y funcionalidad de un organismo del Estado, y más cuando recibe un salario, pese a que carece de la idoneidad para ejercer el cargo”.

Mientras tanto, Carmen Aída Ibarra,del Movimiento Pro-Justicia, señala que “hay muchos funcionarios que gozan de este beneficio, estando ligados a proceso o en juicio, y solamente pueden perder el cargo si son condenados”.

Stalling no es la única

Por ejemplo, Ibarra cita el caso de Rudy Gallardo, exdirector del Registro Nacional de las Personas (Renap), quien está “peleando” por haber sido separado del cargo.

“El caso de la magistrada Stalling no es el único, sino que ocurre con muchos de los funcionarios que no pueden ser destituidos o sustituidos en sus cargos”.

Otro caso es el del presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Julio Suárez, quien se encuentra ligado a proceso penal desde 2015 por su presunta vinculación en el caso de corrupción IGSS-PISA, y sigue devengando su salario. Además la entidad le paga la defensa y quien ejerce como presidente del Banco, lo hace de manera interina.

De acuerdo con Ibarra, el caso de Stalling no afecta la funcionalidad de la Corte porque son 13 magistrados y los 12 hacen quórum y toman decisiones, en general. Para los asuntos jurisdiccionales no afecta esta situación.