En países con democracias maduras es común que los ciudadanos envíen misivas a sus representantes sobre temas de interés comunitario o nacional. En el caso de Guatemala, nuestro sistema electoral no permite la cercanía de los ciudadanos con sus representantes, se vota a ciegas por un listado y al final del día no sabes quién te representa, se dificulta la labor de fiscalización. Pero las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) no son el tema que motiva este escrito; para mí fortuna, El Progreso es el único distrito unipersonal en Guatemala, al menos antes de la última reforma, es por ello que dirijo esta carta al señor Víctor Estrada Orellana, diputado del Congreso de la República, por el departamento de El Progreso.
Señor representante, le escribo con profunda preocupación por el tema de la introducción de la jurisdicción indígena en la reforma constitucional, creo que esto atenta contra los valores republicanos y la igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución. Le comparto algunas de mis inquietudes sobre el tema.
Primero, el análisis técnico-jurídico, el término jurisdicción se utiliza para referirse a la potestad de juzgar y promover lo juzgado que tienen los jueces, en este caso particular, se pretende ampliar el espectro para la creación del derecho, cuando nuestra constitución prevé una fuente unitaria para la creación normativa, acordaos que aparte de los límites formales para reformar la Constitución, también hay límites materiales. Aunque las fuentes del Derecho siempre compitan, en la CPRG no se encuentra esa concepción.
Diversos sectores de sociedad civil han planteado cuestionamientos y preocupaciones legítimas acerca de la operatividad para tratar de que no colisionen los dos sistemas. El analista Philip Chicola expone algunas de estas en su artículo La incertidumbre sobre el pluralismo jurídico, publicado en el diario El Periódico. Entre estas podemos mencionar las dudas sobre a quién aplicaría, en qué territorios, sobre cuáles materias, sobre la posibilidad de control constitucional, etc. Dudas a las que los partidarios de la reforma intentar responder en sus análisis, pero que en el texto de la actual propuesta tiene un nivel de vaguedad tal que se prestaría a variedad de interpretaciones y un nivel de incertidumbre tremendo.
Una de las opciones viables, sería consagrar que las autoridades indígenas ejerzan jurisdicción tiene que haber un sometimiento expreso de las partes y limitarlo a asuntos de derecho privado, como un tipo de arbitraje, y a la vez sacar toda la materia pública de su conocimiento, especialmente la materia penal que es la más proclive a la violación de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
La semana pasada tuve la oportunidad de compartir en una tertulia con la señora Fiscal General de la República, durante su exposición, la funcionaria resaltó que siendo presidente del Organismo Judicial y Jefa del Ministerio Público había firmado convenios de cooperación con las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, así también resaltó que ese departamento es el que tiene un menor índice criminalidad.
La cuestioné y cité esa parte de su alocución, le dije que pensaba que el problema subyacente en el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena, es un problema de acceso a la justicia, no es un problema de Estado, es un problema de ausencia de Estado. En este sentido, si las instituciones informales funcionan tan bien, el artículo 66 constitucional reconoce las formas de vida de los pueblos indígenas, además de varios tratados sobre la materia, el afianzamiento jurisprudencial que han hecho las altas cortes, que algunas autoridades han pedido que no se inmiscuyan es sus tradiciones, como lo han hecho las autoridades de Santo Tomás Chichicastenango, ¿Cuál es la necesidad de incluir este tema en la reforma constitucional? ¿Será qué es un error de estrategia? ¿Están dispuestos a sacrificar la reforma al sector justicia que tanto urge, para incluir un tema que ya funciona, y funciona bien? ¿Quieren dilapidar millones del erario público en un plebiscito que polarizará a la población en esta democracia incipiente, y que muy probablemente obtengan un revés como el de 1999?
Personajes públicos que han visto de cerca como se ha corrompido el ejercicio de la función pública en la era democrática, como el periodista Juan Luis Font, con una tendencia ideológica favorable hacia el tema, ha hecho un llamado a la sensatez, para discutir el tema posteriormente y centrarse en la reforma del sector justicia para dotar de independencia e imparcialidad al sistema judicial.
Señor representante, ante la redacción actual del artículo a reformar se crearía un nivel de incertidumbre sin precedentes que afectaría la actividad económica que tanto necesitamos para construir una nación próspera. Se atentaría contra el Estado de Derecho.
No se deje amedrentar por nadie, ni perturbar por el ruido de las batucadas, una reforma constitucional es un tema serio que requiere un análisis concienzudo, no se hace a ritmo de tambores. Vote a conciencia, para proteger nuestra república, la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos individuales.
Atentamente,
Danilo de Jesús Carías del Cid