Un mar de dudas genera el reconocimiento de la Jurisdicción Indígena, tema que no ha permitido el avance de las reformas constitucionales para fortalecer el sistema de justicia. Se pretende cambiar el artículo 203 de la Constitución para dar paso a otro ordenamiento jurídico para juzgar a los guatemaltecos, por ello en todos los medios de comunicación se escuchan voces que expresan dudas y rechazo.

El jueves el tema fue abordado en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas. Participaron Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif y Amílcar Pop, diputado de Winaq. Más que una discusión, el tiempo fue destinado para resolver dudas relacionadas con este asunto.

Al final del programa, según los conductores Felipe Valenzuela y Marielos Fuentes, se quedaron más de 75 preguntas sin respuesta y se recibieron más de 100, la mayoría expresando temor y presentando casos concretos para escuchar qué pasaría si ocurriera tal o cual incidente dentro de una comunidad indígena.

En el primer segmento el tema central fue si se puede o no escoger uno de los dos sistemas que estarían vigentes, para ser juzgado. Pop reconoció que en estos momentos no existe una norma obligatoria, pero adelantó que quien entra en una comunidad acepta sus regulaciones, y que en todo caso el reconocimiento del derecho indígena ya existe.

Ardón considera que esa es una de grandes interrogantes que crea incertidumbre, contrario con el sistema jurídico actual, del cual ya se conocen sus alcances y normas, porque son públicas y están escritas. Añadió que ahora el artículo 66 de la Constitución establece que es de manera voluntaria, pero con dos sistemas se generan dudas.

También los oyentes preguntaron acerca de qué delitos juzgará la Jurisdicción Indígena, a lo cual Pop respondió que todos aquellos que no tengan impacto más allá de la comunidad, pero Ardón subrayó que esa es otra interrogante, pues las diferentes autoridades indígenas expresan criterios diferentes, lo cual no ocurre con la Jurisdicción actual, a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tiene todo esto establecido.

¿Quién juzgará”

El punto siguiente fue si al cometer una falta de tránsito, con qué sistema legal se juzgará la falta o delito. De acuerdo con Pop es el alcalde o la autoridad indígena que busca reparaciones inmediatas, sin embargo, según Ardón, de ahí surgen dos dudas: quién es la persona que juzga, y cuáles son las normas y procesos, lo cual no ocurre en el derecho ordinario donde ya se establece la autoridad y la sanción.

A continuación se preguntó cuál es la diferencia entre reconocer la Jurisdicción Indígena y dejar el artículo 203 constitucional sin cambios. Según Pop, solo se está aceptando un sistema que ya se practica, porque ahora la CSJ es la única reconocida para ejercer la Jurisdicción.

Ardón subraya que es un gran cambio porque se está invistiendo de autoridad constitucional a las autoridades indígenas para juzgar los asuntos de todos.

Incluso, menciona que uno de los puntos que no se han tomado en cuenta en las comunidades, es que este reconocimiento traerá complicaciones de orden práctico para los juzgadores, porque tendrán que rendir cuentas por sus decisiones.

Se insistió en preguntar a los invitados al programa a que concluyeran cuál sería la diferencia entre la aplicación actual de la justicia versus una modificación del artículo 203.

Pop expresó que se logra avanzar como Estado para el reconocimiento de las autoridades indígenas, por lo que ya juzgan.

Ardón enfatizó que ahora se conoce la forma de aplicar justicia porque existen procesos, penas, leyes escritas y todo es público y único, pero si se modifica el artículo 203, de inmediato surgen dos sistemas, uno conocido y el otro desconocido para gran parte de la población.

“Si funciona y funciona bien, por qué introducir una norma que causará ambigüedad, confusión y que vulnerará el principio de igualdad”, subrayó Ardón.